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El paraguayo-libanés Houssein Mounier Mouzannar, acusado de haber tenido intervención lateral en el atentado contra la AMIA -supuestamente le proveyó un certificado de trabajo a un imputado clave- se presentó en la Unidad Fiscal AMIA y pidió declarar de manera remota, desde El Líbano. El escrito presentado por el abogado Andrés Gramajo plantea que no se puede exigir a una persona que está en otro continente que declare en forma presencial y que la voluntad de Mouzannar es decir lo que sabe, aunque aduce que ni se acuerda de haber conocido al principal implicado. La fiscalía, a cargo de Sebastián Basso, considera inadmisible la presentación y tampoco acepta que se valide oficialmente a un prófugo. El tema debe ser resuelto por el juez Daniel Rafecas que escuchará tanto al fiscal como al defensor.
La acusación
El 15 de junio pasado, la UFI AMIA imputó a Mouzannar, que es un conocido empresario de la zona de la Triple Frontera. El fiscal acusó a Mouzannar de ser parte de la organización Hezbollah y que, por esa razón, le proveyó un certificado de trabajo en 1993 -un año antes del atentado contra la sede de la calle Pasteur- a Samuel Salman El Reda, supuesto coordinador del ataque contra la mutual judía. Con ese certificado de trabajo, El Reda consiguió la ciudadanía paraguaya y el pasaporte de ese país, uno de los varios documentos con los que atravesó distintas fronteras. Mouzannar dice que no recuerda a El Reda, que cree que no lo conoce y hasta pone en duda que la firma en el certificado sea suya.
En junio mismo, Mouzannar propuso la declaración de manera remota, pero el fiscal pidió y el juez Rafecas convalidó una orden de captura internacional. Además se le reclamó a El Líbano que lo detenga y lo mande a la Argentina. El Libano no suele colaborar con la justicia argentina: de hecho casi no aportó nada en los 29 años transcurridos desde el atentado.
Beirut-Buenos Aires
En el escrito que presentó el 8 de agosto ante el juez Rafecas, Mouzannar y su defensor, Gramajo, señalaron que el imputado se presentó en el consulado argentino para firmar la designación del abogado. Sin embargo, el consulado se negó a certificar la firma, esencialmente porque se trata de un prófugo. Gramajo aduce que es una manera de dejarlo indefenso. La fiscalía sostiene que no es viable profugarse a El Líbano y declarar desde allá. Es llamativo que Mouzannar haya podido salir del aeropuerto de Asunción, pasar por aeropuertos de Brasil y llegar a El Libano sin que se haya concretado la orden de captura.
Como no le quisieron certificar la firma en el consulado argentino, Mouzannar recurrió al consulado paraguayo, ya que tiene esa nacionalidad. Allí sí le certificaron la firma y con ese documento, designando defensor a Gramajo y afirmando que quiere declarar por el sistema remoto, se presentó en el expediente AMIA.
La fiscalía se mantiene en la postura de que Mouzannar debe venir a la Argentina, donde será detenido, y sólo en esa condición puede declarar. Parece desmesurado para alguien al que se acusa, 30 años después de ocurridos los hechos, de haber firmado un certificado de trabajo, sin haber aportado ningún elemento o acusación adicional, ninguna otra evidencia de que haya participado en alguna acción referida a AMIA o a Hezbollah en general. En los tiempos que corren, las declaraciones en modo remoto no parecen tan descabelladas, y si el imputado no despeja las sospechas, se pueden ratificar la orden de captura y los enormes embargos que se dispusieron en Paraguay. Mouzannar no parece ser un protagonista de la siniestra trama del caso AMIA.
Recetas repetidas
El caso Mouzannar repite historias que ya se dieron en el expediente AMIA. Las acusaciones son rimbombantes, derivadas de hechos secundarios y respecto de los cuales las pruebas están muy limitadas a informes de inteligencia o a cuestiones colaterales.
En ese marco, la fiscalía sólo acepta que Mouzannar se presente detenido en Buenos Aires con el argumento de que en la Argentina no existe el juicio en ausencia. Mouzannar, por su parte, advierte en el escrito presentado por Gramajo que si no le permiten declarar, apelará a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
