El caso de Lucas González se convirtió en un caso paradigmático de la lucha contra la violencia institucional racista. Ante la repetición de casos de violencia institucional sobre las mayorías racializadas y las nulas condenas con agravante por el odio racial, el caso de Lucas y la condena en primera instancia de sus asesinos lo han convertido en un caso testigo. Por otro lado, Argentina es un trágico ejemplo a nivel regional, el primer fallo de la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) donde se explicita la motivación racista de la violencia policial y el sesgo judicial racista, es un caso del año 2020 contra nuestro país. Al mismo tiempo que se suceden casos de violencia institucional racista de forma sistemática, no son reconocidos como tales por la justicia. La excepcionalidad del caso de Lucas es la muestra de la negación del sistema judicial de una realidad objetiva. El resultado es un espiral de silencio que es necesario romper para dar vuelta este flagelo que afecta a las mayorías populares de todo el país.

La fundadora y presidenta de la Fundación VEI, Lilia Saavedra, quien perdió a su hijo en un caso de violencia institucional racista en el año 1999, viene luchando por un cambio en las políticas de seguridad desde hace más de dos décadas. Luego de que se conoció el fallo en primer instancia contra los asesinos de Lucas González manifestó:

“Se hizo justicia. Este es el reclamo que vengo haciendo y exigiendo hace 24 años porque a mi hijo lo asesinó un gendarme que antes de disparar y apuntándole a la cabeza le dijo “No te metas negro de mierda”, en circunstancias que el Cabo de gendarmería Juan Sebastián Acosta golpeaba a un adolescente que se encontraba en situación de calle y mi hijo SUGUS salió a defender y exigir sus derechos. Acosta lo fusiló de un tiro en la cara, el 6 de junio de 1999. Desde ese momento salí a luchar por justicia con las herramientas que nos da la democracia y comencé a hablar del perfilamiento racial que tenían en ese momento los asesinatos que cometían las fuerzas de seguridad del estado”.

Lilia está convencida que este fallo no solo trae un poco “de sosiego a tanto dolor inconmensurable que es la muerte de un hijo”, sino que “También sentará precedente y esperanza para los próximos juicios a realizar por esta temática”. De todas maneras, no será un solo caso, ni un fallo en primera instancia lo que modifique radicalmente la tragedia que significa la muerte por goteo, constante y sonante, de nuestros jóvenes. El fenómeno es estructural, y merece un abordaje integral. Al respecto la presidenta de la Fundación VEI señala:

“No son casos aislados, existen practicas sistemáticas dirigidas por lo general contra los jóvenes negros, pobres y de barrios populares. Se trata de una violencia con perfilamiento racial, invisibilizada, naturalizada y pocas veces discutida. Son prácticas violatorias a los Derechos Humanos que, por gravedad , extensión y masividad afecta la vigencia plena del estado democrático de derecho. Debemos considerar que todavía no se han logrado políticas que permitan articular los recursos necesarios para dar una respuesta eficaz a tan complejo problema, todo esto enmarcado en un proceso que ponga los Derechos Humanos como prioridad absoluta en el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado”.

A pesar de que el Estado argentino carga con el fallo condenatorio de la Corte IDH del año 2020, que lo obliga a realizar cambios estructurales que incluyen capacitaciones constantes y participación de la sociedad civil organizada como garante de los cumplimientos; a pesar de la multiplicidad de casos con características similares que se volvieron paradigmáticos desde el 83 hasta la fecha, como la Masacre de Budge, el sistema judicial sigue negando el fenómeno. Al respecto Lilia señala:

“En este punto resulta crucial y necesaria una ley contra la violencia institucional donde se incluya el perfilamiento racial ya que gran parte de las dificultades se encuentran en la disparidad de criterios que distintas instituciones intervinientes sostienen alrededor de este flagelo que es el racismo”.

Lilia hace hincapié en el sesgo judicial y la negación del fenómeno del racismo. Lo cual es sin dudas evidente, y puede citarse como ejemplo el caso de Baez Sosa, que aunque no fue un caso de violencia institucional, el sistema de justicia desestimó la motivación racista del crimen pese a la sobrada evidencia en este sentido. Tal como señala el fallo de la Corte IDH, el perfilamiento racial no se reduce a un problema de sesgo judicial, las detenciones arbitrarias por portación de rostro son formas de control social que comparten todas las fuerzas de seguridad del país. A esto hay que sumar la actitud corporativista, con accionar ilegal, que asumen cuando alguno de sus “elementos” incurre en actos delictivos vinculados con motivaciones racistas. Consultamos a un miembro de una fuerza de seguridad con formación de posgrado en Derechos Humanos sobre este tema:

“La terrible situación que vivieron Lucas González y sus amigos se convirtió en un caso paradigmático para analizar cómo funciona estructuralmente la Policía de la Ciudad, y estudiar cuánto de ello encontramos en otras fuerzas de seguridad. Tenemos un crimen aberrante cometido por una Brigada, por oficiales de baja jerarquía. Y lo que encontramos en la cadena superior de mando no es un límite a las violaciones de derechos, ni una indicación de cómo proceder conforme a la ley procesal; sino, muy por el contrario, una actitud corporativista -fuertemente arraigada al interior de las fuerzas de seguridad- que avala el hecho y se implica en forma delictiva para encubrirlo. El posicionamiento corporativista policial, sembrado en sus miembros desde la idea del espíritu de cuerpo que debe unir a todos bajo los mismos intereses, conlleva siempre proteger a los uniformados, incluso participando del delito o encubriéndolo. La idea fuerza que prima es la camaradería, cuando en realidad se trata de lisa y llana complicidad policial, algunas veces ejercida con discernimiento, y otras bajo la obediencia debida a la estructura funcional de la fuerza, siempre a disposición del Poder Ejecutivo de turno”:

La solución sin dudas no puede ser la inacción. Existe un debate acerca de si es posible un control efectivo, justo y equitativo de las agencias de seguridad, que garantice el uso proporcional de la fuerza. En cualquier caso, para siquiera intentarlo, se necesitan medidas estructurales y decisión política. Al respecto, el servidor público señala:

“Es fundamental que la decisión de asumir el gobierno civil de las fuerzas de seguridad, iniciado en 2011, sea rápidamente renovada y se planifique una nueva etapa donde se convoque a sus miembros a trabajar bajo el enfoque de los derechos humanos, no sólo en lo discursivo, sino desde sus prácticas. Es hora de reconocer sus derechos como trabajadores e involucrarlos en las políticas públicas no como objetos a controlar, sino como sujetos de derechos que conforman las fuerzas de seguridad, cuya misión debe ser redirigida al servicio de las causas populares, y no para avasallar sus derechos a disposición del aparato ideológico estatal”.

Sobre la capacitación a las fuerzas de seguridad en relación al racismo en nuestro país y las implicancias del mismo como fenómeno estructural, el experto señala la importancia de un nuevo enfoque en materia de control policial, que sea enseñado de forma sistemática y en todo el territorio:

“Si la economía tiene que cerrar con la gente adentro, en materia de seguridad es hora que también sea con la gente adentro, con los policías adentro. Despertar su conciencia de clase e identificar su rol en la sociedad racializada que vivimos, permitirá deconstruir a su personal y desde allí lograr su conducción para operar como instituciones modernas, acompañando y fomentando la vida democrática”.

A pesar de la esperanza que se reserva para ver cambios en un futuro, también presenta ciertas reservas a la hora de la fundamentación del fallo que se dará a conocer a fin de agosto:

“Por el momento, hasta conocer los argumentos de la sentencia que nos convoca para el próximo 23 de agosto, resta seguir impulsando esta causa, para poner en evidencia la genealogía de la Policía de la Ciudad, y divisar si su estructura se encuentra a disposición de la protección de los Derechos Humanos, o bien si fue pergeñada como un brazo ejecutor funcional al aparato ideológico del Estado local, que ya cuenta además con los medios de comunicación masiva a su merced y con un poder judicial subordinado a sus intereses. Porque no quedan dudas que el crimen de Lucas no fue un exceso, y que no son lobos solitarios los que actuaron, lo que resta es poner en agenda como sociedad qué fuerzas de seguridad tenemos y qué pretendemos de ellas hacia el futuro”.