Argentina es reconocida en todo el mundo por su política de Memoria, Verdad y Justicia. Ante las declaraciones de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, es necesario aclarar que por esa misma razón el país es ejemplo de juzgamiento y reparación de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y por la lucha y compromiso de su sociedad civil, que se organizó para luchas contra la dictadura y contra la impunidad.

El proceso de justicia en nuestro país no es llevado adelante sólo por el gobierno nacional. Se trata de una política de Estado con la que se han comprometido los tres poderes desde hace 20 años.

Ya se han realizado más de 320 debates orales y públicos con la condena de casi 1200 represores. Más de 170 acusados han sido absueltos y otros han sido sobreseídos durante la instrucción de las causas, una prueba más del respeto de las garantías constitucionales.

Todos esos juicios se han llevado a cabo respetando las garantías del debido proceso: con jueces independientes, defensores públicos y privados, una fiscalía que representa la acusación pública y querellas que representan a las víctimas. Las sentencias son luego revisadas por todas las instancias recursivas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las condiciones de detención de quienes están detenidos en cárceles comunes también son monitoreadas. A partir de un relevamiento realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, se comprobó que las principales unidades penales donde se encuentran detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud. Esto ha sido reconocido por jueces en diferentes fallos.

Las políticas llevadas adelante en los últimos años buscan estar en sintonía con los requerimientos de las víctimas y sobrevivientes, con quienes el Estado tiene aún una deuda muy grande: poder dar una respuesta y terminar de juzgar a todos los responsables del terrorismo de Estado.

Aún quedan por investigar y juzgar muchos crímenes cometidos antes y durante la última dictadura. Constantemente se abren causas sobre hechos desconocidos por la misma mecánica clandestina del terrorismo de Estado, con nuevas víctimas y responsables que no han sido juzgados. Aún quedan cientos de nietos y nietas que son buscados por Abuelas de Plaza de Mayo y por toda la sociedad para devolverles su verdadera identidad luego de pasar años apropiados.

Los derechos humanos son parte esencial de la construcción de estos 40 años de democracia y fueron defendidos por el pueblo en cada oportunidad que han sido amenazados. Por eso alertamos que no hay democracia sin justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, y tampoco sin memoria, sin verdad y sin políticas de no repetición. Tenemos que alertar a la sociedad de estos discursos negacionistas que sólo quieren buscar la impunidad y el encubrimiento a quienes secuestraron, torturaron, desaparecieron a hombres y mujeres sin importar la edad, a algunos los arrojaron vivos al río desde aviones, a otros los enterraron clandestinamente en fosas comunes; mantuvieron mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención, las hicieron parir en las condiciones más indignas, a algunas les practicaron cesáreas sin anestesia y luego les robaron sus hijos e hijas. ¿Qué persona de bien puede justificar estos terribles crímenes?

* Horacio Pietragalla Corti es Secretario de Derechos Humanos de la Nación