En noviembre de 2001, le preguntaron en un Juicio por la Verdad a Juan Ronaldo Tasselkraut si había relación entre el aumento de la productividad de la empresa Mercedes Benz –de la que él era gerente de Producción– y los secuestros de un grupo de operarios en plena dictadura. Él contesto: “Milagros no hay”. La frase funcionó como un reconocimiento tácito de la responsabilidad de parte del empresariado con los crímenes del terrorismo de Estado, pero durante más de 20 años Tasselkraut no debió dar explicaciones. Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal --con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma-- confirmó su procesamiento por el secuestro de dos trabajadores de la planta automotriz.

La investigación sobre los secuestros de trabajadores de la planta de González Catán está por cumplir dos décadas en la justicia federal. Tasselkraut pudo respirar aliviado en abril del año pasado, cuando la jueza federal de San Martín Alicia Vence le dictó el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, la calma no duró mucho. En octubre pasado, la Cámara Federal de San Martín revocó en parte el fallo de Vence. Tasselkraut estaba imputado por lo que había pasado con siete operarios de la automotriz que fueron privados de su libertad y llevados a Campo de Mayo. Para el tribunal de apelaciones, había mérito para procesarlo por solo dos secuestros y, por ende, lo sobreseyó en el resto de los cinco casos. 

De esa forma, Tasselkraut quedó procesado por los secuestros de Héctor Ratto y de Diego Núñez –que está desaparecido–. Los dos fueron secuestrados en agosto de 1977 y, según se reconstruyó gracias al testimonio de Ratto, fue Tasselkraut el que proveyó información para que las privaciones ilegales de la libertad se concretaran y les permitió a los grupos de tareas operar dentro de la planta de La Matanza.

El 12 de agosto de 1977, Ratto participó de una asamblea dentro de la fábrica. Cuando volvió a su lugar de trabajo fueron a buscarlo unos empleados de seguridad de la empresa. Primero le dijeron que lo llamaban desde su casa. Después le avisaron que tenía un permiso para salir de la planta e ir hasta su domicilio. Estaban evidentemente interesados en que saliera de la fábrica. Sus compañeros de trabajo advirtieron el peligro y fueron ellos hasta la casa para chequear que todo estuviera bien.

Al rato, Tasselkraut apareció y le dijo a Ratto que no había existido tal llamado, sino que había dos personas de civil que querían llevárselo detenido. El gerente le pidió al operario que lo acompañara a su oficina. Allí, se encontró con los dos agentes de civil y les preguntó por qué lo querían detener. Tasselkraut le dijo que tenía su palabra de que no se lo llevaría nadie que no vistiera uniforme. Mientras esperaba, Ratto escuchó que pasaban la dirección de su compañero Núñez, que ya había estado secuestrado y había sido liberado con anterioridad. Pero esa vez, Núñez no tuvo la misma suerte. Sigue desaparecido.

Desde que se presentó ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Ratto siempre contó lo mismo. Tasselkraut venía pidiendo su sobreseimiento en el expediente de la mano de su abogado defensor Jorge Valerga Aráoz –excamarista del Juicio a las Juntas– y finalmente lo consiguió en abril del año pasado. Pero la decisión de Vence no era correcta, según entendieron en la Cámara Federal de San Martín y en la Casación. 

El plan económico de la dictadura

Alejandro Slokar, uno de los integrantes de la Sala II de Casación que confirmó el procesamiento, habló en su voto del nexo entre la represión ilegal del genocidio y la eliminación de derechos laborales. “El ataque a este sector no ha sido azaroso, sino claramente dirigido a desmembrar una estructura que se presentaba como ‘un férreo enemigo’ de cara a las finalidades económicas de los grandes grupos empresarios y al plan económico de la dictadura”, escribió.

“Los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias –en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”, afirmó el camarista.

"Entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”, concluyó Slokar.

Ledesma adhirió al voto de Slokar mientras que el tercer juez de la Sala II, Guillermo Yacobucci, planteó el sobreseimiento de Tasselkraut. 

Las tres querellas que intervienen en la causa --la del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la que encabeza Pablo Llonto-- vienen reclamando que se avance sin dilaciones hacia el juicio oral.

Las causas de responsabilidad empresarial

El fallo de Casación llega en momentos en que el debate político pasa por si Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) --que resultó la fuerza política más votada en las primarias del 13 de agosto-- pasarán la motosierra sobre los derechos laborales y sociales. Su número dos, Victoria Villarruel, dijo en las últimas horas que en los juicios por crímenes de lesa humanidad se violaron las garantías.

Los tribunales fueron más que considerados con los empresarios señalados por secuestros y desapariciones de trabajadores. Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió diez años después de ser procesado por los crímenes cometidos en Jujuy, dentro de la esfera de influencia del ingenio Ledesma, sin llegar a ser juzgado.

El caso de responsabilidad empresarial más avanzado es el de la Ford. En 2018, fueron condenados dos ejecutivos de la automotriz, Pedro Müller y Héctor Sibilla. Sus condenas fueron confirmadas por la Sala II de Casación y el expediente espera en la Corte. Sibilla, que fue el jefe de seguridad de la planta de General Pacheco y trabajó para la Embajada de los Estados Unidos, murió este año.

El año pasado, los supremos anularon la absolución del empresario Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, que había dictado la Sala III de Casación durante el gobierno de Cambiemos. El máximo tribunal penal aún no dictó un nuevo fallo.

Semanas atrás, el juez Ernesto Kreplak procesó a Emilio Jorge Parodi, exjefe de Personal de Molinos Río de La Plata, por secuestros de trabajadores ocurridos en la fábrica de Avellaneda. En noviembre está previsto que comience el juicio sobre la represión a los trabajadores de Acindar, la empresa que tenía a José Martínez de Hoz en su directorio antes de que saltara al ministerio de Economía de Jorge Rafael Videla.