El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, se atribuyó públicamente haber incentivado intentos de robos a supermercados y comercios ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país, y afirmó que le indicó a la gente que, "sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan" para, "aunque sea, canjear por comida".
Sus declaraciones le valieron una denuncia ante la justicia penal por parte del espacio político Republicanos Unidos - de Ricardo López Murphy- y que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza (una de las provincias donde se produjeron intentos de robos organizados) abriera una causa con el fin de investigar la posible comisión de delito.
En su denuncia, Republicanos Unidos acusó a Castells de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla 2 años de prisión a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".
"Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como 'nosotros'-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica", indicaron desde Republicanos Unidos en un comunicado de prensa.
La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal Nro. 6, que subroga el magistrado Daniel Rafecas quien este mediodía delegó la investigación en la fiscalía que encabeza Alejandra Mangano.
Como la investigación de cada hecho particular es potestad exclusiva de las jurisdicciones provinciales o locales en las que se produjeron los robos o intentos de robo, la investigación judicial que se abrió en Comodoro Py centró el objeto del caso en establecer la existencia de la supuesta organización declamada por Castells en los medios de comunicación pública.
Piden relevar los robos organizados
Con ese objetivo, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que, a través de la fuerza federal que designe y por intermedio de sus pares provinciales, se lleve adelante un relevamiento de estos episodios: la referencia geográfica de los hechos, la autoridad policial y judicial interviniente en la prevención e investigación, y las personas y/o grupo de personas sospechadas de llevarlos adelante, informaron fuentes judiciales.
También se pidió que se realice un relevamiento de redes sociales y fuentes abiertas de internet a fin de identificar publicaciones que puedan estar vinculadas a la instigación de los sucesos mencionados en distintas localidades del país, según pudo saber esta agencia.
Finalmente, se solicitó un pedido de informes a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en referencia al funcionamiento del Renacom, el registro de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria en todo el país.
La presentación judicial que dio origen al expediente lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza.
Qué dijo Raúl Castells
Las declaraciones televisivas de Castells también le valieron reproches y que se abrieran causas en otras jurisdicciones, como en Mendoza.
"El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida", afirmó anoche Castells en una entrevista con la señal televisiva Crónica TV.
Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: "Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses". En este contexto, el dirigente aseguró anoche que "avisaron" a los funcionarios nacionales sobre esta situación y les advirtieron que "no tiren de la soga".
En tanto, el líder del MIJD rechazó que llamaran "ladrones" a "los vecinos, las amas de casas y la gente de los barrios" y aseveró: "Los ladrones son los que robaron el gobierno que tenían que entregar y los del supermercado que aumentan los precios".
Por estas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció que abrió de oficio una causa con el fin de investigar "la posible comisión del delito de instigación al robo agravado en poblando y en banda y con la finalidad de aterrorizar a la población por parte del mismo".
"La misma, al igual que las iniciadas en Gran Mendoza, se encuentra a cargo del fiscal Fernando Giunta", indicaron desde la cartera a través de un comunicado.
En la causa abierta se requirió información a distintas dependencias y se solicitó el entrecruzamiento de los datos que de allí surjan con el objetivo de "determinar si los dichos de Castells tienen un sustento probatorio o si responden a otro fin".
