Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, termina su mini gira por Washington donde cerró los desembolsos de dinero del Fondo Monetario (FMI), en Argentina se libra una batalla con los formadores de precios divididos en dos bandos, los que aceptaron la pauta de incremento autorizada por el Gobierno post devaluación, y los que entraron en rebeldía y no se pliegan. En este contexto, se sumaron dos notas curiosas: una carta de la cámara estadounidense AMCHAM, dirigida a Massa y al titular de Aduanas, Guillermo Michel, en la que se deja en claro que las firmas de ese país, las que están vinculadas al consumo masivo, no quieren cumplir la pauta oficial de aumentos. 

Misiva que políticamente tiene olor a marcada de cancha al ministro candidato, justo mientras pasa sus horas en terreno de los Estados Unidos. El otro texto polémico, un comunicado de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), que asegura que un acuerdo de este tipo con el Gobierno "no es viable" si no media una negociación. En síntesis, las empresas dicen individualmente que cumplen y luego meten presión política a través de las entidades madre. 

Las empresas que no bajaron los precios tras el acuerdo

PáginaI12 tuvo acceso a un relevamiento de cumplimiento de la pauta de aumentos, un documento que está en los escritorios oficiales y que grafica, además, cuáles son las empresas que retrotrajeron precios y cuáles siguen en guerra para evitarlo. Con una mirada a la nómina es mejor empezar por los que no se plegaron: en el pelotón, pequeño a decir verdad, sobresalen los gigantes nacionales Arcor, la azucarera Ledesma y la empresa La Virginia, que tiene el 40 por ciento de la góndola de infusiones y yerbas. Molinos, que solía estar en la lista de incumplidores, esta vez se alineó con el 5 por ciento que pidió Massa. En el caso de Arcor, según admiten en el Gobierno, aceptaron el sendero del 5 por ciento, pero en la cancha la pelota corre de diferente manera. 

La firma de los Pagani pasó hace unos días un 40 por ciento de aumentos en helados y otros rubros, y Ledesma, la empresa de los Blaquier, sigue insistiendo en aplicar subas del 20 por ciento. Los que sí cumplieron (más de 50 firmas) con retrotraer precios son la cervecera Quilmes, Mastellone (La Serenísima), FEMSA, la distribuidora más importante de Coca Cola; la francesa Danone, Unilever, Mondelez, Swift, Sancor, Procter, Colgate, Reckitt y Establecimiento Las Marías, que venía pasando listas de 20 por ciento de subas. También las empresas Clorox, la cervecera chilena CCU, Fargo, Nestlé, Kimberly Clarck, Pepsico, Aceitera General Deheza (AGD) y las papeleras como Del Plata. El listado de cumplidores es, sin embargo, mucho más amplio y sólo las arriba mencionadas, las grandes nacionales, siguen resistiendo. 

Una carta de presión 

Alejandro Díaz, el ceo de AMCHAM, les envió a Massa y Michel una misiva asegurando que es "inviable" el acuerdo de precios que el Gobierno planteó, por 90 días, con subas permitidas de 5 por ciento. La carta agrega que desde noviembre del 2022 a julio del 2023, el gobierno les permitió a las empresas aumentar solo entre 25 y 30 puntos, cifra por debajo de la inflación del INDEC. Según Díaz, "esto constituye una prueba cabal del compromiso para contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra economía, pero, a su vez, ha debilitado la situación financiera y económica de las mismas". 

AMCHAM representa a más de 700 empresas estadounidenses, con una curiosidad: algunas de ellas, como FEMSA, Unilever y Kimberly Clarck, aceptaron bajar los precios en línea con el Gobierno. Por eso, por estas horas la pregunta fue por qué AMCHAM hacía una carta así, cuando además pareció una mojada de oreja, a Massa, que paradójicamente estaba negociando fondos en los Estados Unidos.

El por qué de la carta es múltiple: la primera razón es que hay muchas empresas, como Pepsico, Johnson y Coca Cola, aceptan a regañadientes el cumplimiento, por lo cual ejercen, en paralelo, lobby a través de la AMCHAM. La otra razón es que la cámara presiona en el medio de la elección presidencial para condicionar al ganador de octubre. 

Las alimenticias contraatacan

"La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), enrepresentación de los 34 sectores que la componen y del entramado de 14.500 empresas, entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial",arranca el comunicado de la entidad que preside Daniel Funes de Rioja. 

En esa cámara, también conviven muchas de las empresas que aceptaron el sendero de aumentos de Precios Justos del Gobierno. Por lo cual, es otra misiva de presión colectiva. "A pesar de que la Industria de Alimentos y Bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar endistintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable". 

Copal se queja de que el Gobierno negoció por empresas, asegurando que "sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario".

El documento termina diciendo que "pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor. Sólo en las últimas 3 semanas, los principales costos de producción han aumentado en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. También se proyectan paritarias por encima del 140%". 

Seguí leyendo