Ramiro Varela, fundador de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, denunció que desconocidos destrozaron su auto que estaba estacionado a metros de su casa en el barrio porteño de Caballito. La intimidación tuvo lugar al cumplirse un mes de una novedad importante en la investigación judicial sobre la masacre de San Patricio: el juez federal Daniel Rafecas tomó a su cargo el expediente para dilucidar si la Policía Federal Argentina (PFA) estuvo involucrada, durante la última dictadura, en el asesinato de tres curas y dos seminaristas.

El 4 de julio de 1976, una patota irrumpió en la casa parroquial del barrio de Belgrano, donde se encontraban los padres Alfreado Leaden, Alfreado Kelly y Pedro Dufau junto con los seminaristas Salvador Barbeito y José Emilio Barletti. Los cinco fueron ejecutados a sangre fría. Los asesinos dejaron una leyenda en la escena del crimen: “Por los camaradas dinamitados en Seg. Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

Por años, se mantuvo la hipótesis de que el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) había estado detrás de la matanza de los palotinos. Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la megacausa ESMA– dijo que no tenía evidencias que lo condujeran hacia los marinos y abandonó la pesquisa. El expediente lo tomó Rafecas –que investiga los crímenes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) dentro de la megacausa del Primer Cuerpo– y, desde ahora, hará foco en el accionar de la PFA. Esta medida era reclamada por Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La decisión de Rafecas de darle nuevo impulso a la causa se conoció el 14 de julio. El viernes pasado, un mes y cuatro días después, Varela se encontró con su auto destruido: alguien había destrozado el parabrisas a piedrazos y dañado con un objeto cortopunzante toda la carrocería. Lo curioso es que Varela había estado casi un mes afuera, promocionando una muestra sobre los palotinos en La Rioja y San Nicolás. Volvió a la Ciudad de Buenos Aires para las primarias y, a los pocos días, sufrió la intimidación.

Según pudo saber Página/12, el militante de derechos humanos no había recibido amenazas directas. La agrupación, en cambio, había sido víctima de una campaña en redes sociales cuando se trató en audiencia pública la propuesta de nombrar como “Mártires palotinos” a la estación Echeverría de la Línea B del subte. En ese momento, acusaron a sus integrantes de promover las figuras de curas “extremistas” o “ponebombas”.

Varela radicó una denuncia en el 911 y en la Comisaría 6A, ubicada en Díaz Vélez al 5100. En las próximas horas, se espera que intervenga el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para poder acceder a las cámaras de la zona con el objetivo de identificar a los agresores.

“En un contexto político como el que nos toca atravesar en las últimas semanas –donde la candidata a vicepresidenta de la fuerza más votada en las PASO expresa las posiciones negacionistas más radicalizadas y donde las huellas de la memoria en el espacio público son recurrentemente vandalizadas– y en virtud de los últimos avances producidos en la causa penal en la que se investiga la Masacre de San Patricio, resulta difícil disociar este hecho del trabajo que venimos desarrollando desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia para que los autores materiales y los cómplices de este crimen de lesa humanidad sean identificados y paguen por sus responsabilidades”, escribió Varela en un mensaje que circuló entre los organismos de derechos humanos.