Desde Lima

El gobierno de Dina Boluarte abre la puerta para una política de mano dura al estilo Bukele. Así lo señaló el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, que elogió la política represiva del presidente salvadoreño y dijo que el gobierno peruano podía imitar sus acciones, las que han sido denunciadas como autoritarias y violadoras de los derechos humanos. Otárola obvió esos cuestionamientos a las políticas de Bukele, las que calificó como “exitosas”. 

Boluarte encabeza una coalición autoritaria junto a la ultraderecha parlamentaria, que ha reprimido violentamente las protestas antigubernamentales, con medio centenar de personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad, crímenes hasta ahora impunes. Ahora, con el argumento -o más bien pretexto- de combatir la creciente delincuencia, un personaje clave del gobierno propone implementar una política de seguridad sostenida en un estado de excepción que elimine los derechos ciudadanos y le dé carta libre a la represión, como es la política de Bukele -con detenciones arbitrarias, ausencia de garantías judiciales, torturas, asesinatos- que Otárola propone copiar. Una pueta abierta a la mano dura que arrasa con los derechos humanos y a consolidar un régimen autoritario, como en El Salvador.

La propuesta de emular el método de Bukele partió del presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo. Durante su discurso en una ceremonia oficial, el magistrado Arévalo, que por su cargo se supone debe ser el principal defensor de las garantías judiciales, propuso tomar como ejemplo políticas que han eliminado esas garantías. “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, señaló Arévalo. La derecha recogió entusiasmada lo dicho por el presidente de la Corte Suprema para promover un régimen al estilo Bukele. El ministro Otárola se apuntó en esa línea.

“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina, esa es una realidad. Ha sido eficiente”, declaró Otárola al referirse a las políticas contra la delincuencia del gobierno de Bukele. Minimizó los cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos de esas políticas señalando que eran “algunas atingencias de algunos organismos internacionales”. Preguntado si el gobierno peruano podría copiar las políticas de Bukele, respondió: “Sí, se podría, ciertamente”.

Sobre la posibilidad de seguir el camino de Bukele, la presidenta Boluarte dijo que el Perú tiene su propia política. “La situación de El Salvador tiene su propia particularidad. Nosotros conforme a nuestra peculiaridad y particularidad haremos frente al crimen organizado”, señaló la presidenta. Una declaración que toma cierta distancia de lo dicho por Otárola, pero se abstuvo de referirse al hecho que su jefe de gabinete haya elogiado políticas que violan los derechos humanos y dicho que el gobierno peruano podría emularlas.

Otárola, el ministro que quiere seguir el camino de Bukele, es considerado un personaje de mucho poder en el gobierno, incluso varios analistas le adjudican más poder que Boluarte. Es el rostro más notorio de la política represiva del gobierno. Fue ministro de Defensa al inicio de la presidencia de Boluarte en diciembre, cuando el ejército disparó contra la población que se manifestaba contra el gobierno y mató a diez personas. Después de esa matanza, Boluarte lo ascendió a jefe del gabinete de ministros. Las matanzas de manifestantes continuaron. Ambos han coincidido en defender y aplaudir a militares y policías acusados de disparar contra la población y en criminalizar a los manifestantes antigubernamentales acusándolos de terroristas.

Las declaraciones de Otárola favorables a replicar las políticas represivas del autoritarismo de Bukele se dan cuando el gobierno ha pedido al Congreso facultades para legislar en temas de seguridad. Lo dicho por el jefe del gabinete ministerial evidencia el riesgo que el gobierno obtenga esas facultades. Boluarte tiene el respaldo de la mayoría de derecha del Congreso unicameral, cuyos voceros se han sumado a los elogios a Bukele. Empujando en esa línea autoritaria, el legislador fujimorista Hernando Guerra-García, vicepresidente del Congreso, demandó: “No necesitamos un Bukele, necesitamos por lo menos dos Bukeles”.

El juez de El Salvador, Juan Antonio Durán, advirtió, en declaraciones a una radio peruana, que seguir el camino de Bukele significaría la imposición de una dictadura. Calificó la política de seguridad del presidente salvadoreño de “criminal”, dijo que había convertido a los ciudadanos “en enemigos”, denunció la existencia de miles de inocentes encarcelados, la eliminación del derecho a la defensa, y torturas en los centros penitenciarios, los cuales, afirmó, “son comparables con las cárceles nazis”. Sobre esos cuestionamientos al gobierno de Bukele, el congresista de la ultraderechista Renovación Popular, Alejandro Muñante, un aliado de Boluarte, justificó lo que dijo “son costos que no se pueden evitar”.

Desde el gobierno de Boluarte y sus aliados del fujimorismo y otros grupos de ultraderecha que impulsan una agenda autoritaria, se mira al régimen de Bukele como un ejemplo a seguir. Es el tipo de gobierno que quieren imponer en el Perú.