Durante el año 2022, la continuidad de la política criminal se expresó una vez más en el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización, la persistencia de la práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro, el despliegue policial en los territorios y la continuidad de graves vulneraciones de derechos de niños y niñas. La cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022, llevando la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes. Esto duplica la tasa mundial de prisionización de 152 personas cada 100.000 habitantes y significa un incremento del 3 por ciento más respecto de 2021, tomando en cuenta cárceles, alcaidías, monitoreo electrónico y comisarías. Un dato positivo que releva la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su informe anual El sistema de la crueldad XVII, es la disminución de la letalidad policial, que bajaron un 31 por ciento, así como algunos avances en las políticas de salud mental. En tanto, los malos tratos y torturas a los presos persisten, con 9370 causas armadas.

"No basta con políticas de memoria como fuente de legitimación de una democracia apegada a derechos. El recuerdo del horror por sí mismo no garantiza la no repetición: sólo se logrará si se conecta con los horrores presentes, si muestra lo que no quiere verse, si hace escuchar las voces negadas de las víctimas del presente", dijo a Página/12 Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la CPM. "La tortura sigue siendo una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad, esto es incompatible con la democracia", agregó al presentar el informe de la CPM, que es el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. 

Sin grieta

A criterio de la CPM, las distintas gestiones de gobierno provincial desde el 1999 han asumido la política criminal vigente como "la única posible, no están dispuestas a generar ningún debate sobre la irracionalidad de la política criminal ni a cambiarla, pese a que en mesas de diálogo lo reconocen y asumen sus efectos. La provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías". Y apunta que "en los últimos 18 años tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma óptica".

Los expertos del organismo consideran que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento, y que la ocupación siempre supera la capacidad. "El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado provincial se niegan a modificar", dicen. Cabe recordar que la Provincia continúa incumpliendo con el fallo Verbitsky, dictado en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Provincia el cese del agravamiento de las condiciones de detención instruyendo a los tribunales provinciales. 

En los 15 años transcurridos, la tasa de encarcelamiento provincial pasó de 175 a 311 cada 100 mil habitantes; la sobrepoblación en el SPB se incrementó de 29% a 109%; la sobrepoblación en comisarías registró un promedio interanual de 233%; en las cárceles bonaerenses murieron 2.157 personas (12 por mes) y en las comisarías se registraron al menos 215 muertes (casi dos por mes). Durante 2022 se registraron un total de 45.004 hechos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, negación de acceso a la justicia y otras restricciones. Por estos hechos se realizaron 26.183 presentaciones judiciales individuales y 122 acciones colectivas. 

El 71% del total de hechos corresponden a torturas y malos tratos: aislamiento, requisas violentas y vejatorias, afectación del vínculo familiar, malas condiciones materiales de alojamiento, agresiones físicas, traslados constantes o gravosos, agresión verbal o psicológica, falta o deficiente asistencia de la salud, robo de pertenencias. La vulneración de derechos más relevada fue la falta de acceso a la justicia por los obstáculos para obtener audiencias, el desconocimiento de la situación procesal, el armado o fraguado de causas que ascendieron a 9.370 hechos, un 20,3% del total.

De las 188 muertes ocurridas en cárceles y alcaidías, 162 fueron por problemas de salud no asistidos, 20 por suicidio, 5 por homicidio y una por accidente. Aumentó la participación de mujeres, de 1% a 4,3%, y de las personas trans que pasó de 0,5% a 1,6%. "El funcionamiento deficiente de la Dirección de Salud Penitenciaria sigue siendo responsable principal de muertes que podrían evitarse", afirman.

Letalidad policial

El dato positivo en el marco de las políticas de seguridad es la disminución de la letalidad policial. Los casos registrados de uso letal de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, bajaron de 130 a 90 entre 2021 y 2022, 40 menos que implican una baja sustancial del 31%. De las 90 muertes ocurridas en territorio provincial, 53 fueron realizadas por agentes de policía bonaerense. Las muertes a manos de policías federales bajaron de 21 a 11. Y los casos de muerte provocados por agentes de la Policía de CABA bajaron de 25 a 19. 

El informe sostiene que no es factible determinar si la disminución registrada corresponde a una reducción aleatoria o está dando cuenta de una transformación más estructural, lo que podrá ponderarse si se sostiene la baja, ya que ninguno de los ministerios de Seguridad publica información consolidada ni elabora informes analíticos o programas que aborden la cuestión. Hay un creciente juzgamiento de agentes policiales por casos de gatillo fácil o torturas, que en muchos casos provocaron condenas o incluso la realización de juicios que aunque terminaron en absoluciones tuvieron mucho impacto mediático y movilizaciones públicas reclamando justicia. Sólo con la intervención directa de la CPM se llevaron a cabo siete juicios orales y públicos, algunos por jurados, contra policías bonaerenses por casos de gatillo fácil o torturas en los últimos dos años; fueron condenados 22 policías y hubo 5 absueltos. 

Sin embargo en líneas generales, asegura que no se han modificado los aspectos señalados en informes anteriores con relación a las condiciones de posibilidad que explican los casos de uso letal. En 52 de los 90 casos la muerte se produjo en conflictos asociados a la sustracción de sus bienes personales. En 6 de cada 10 casos se produjeron con policías en actividad pero fuera de servicio, y 3 de cada 10 con policías en actividad y en servicio. La mayoría de las muertes (61) fueron provocadas por el arma de fuego reglamentaria. 

Las detenciones policiales, sostiene la CPM, siguen sin cumplir con las salvaguardias legales y procesales --tales como brindar información sobre derechos, un examen médico independiente, notificar a un tercero la detención y acceder a una defensa técnica--, herramientas indispensables para la prevención y lucha contra la tortura. Las comisarías continúan siendo lugares donde no se respetan los derechos elementales, persiste el incumplimiento de prohibir la detención de los grupos vulnerables (niños, niñas y adolescentes, personas enfermas, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años) y en casi todas hay sobrepoblación e inhumanas condiciones de detención. 

Durante 2022 murieron al menos 25 personas en comisarías bonaerenses. Las muertes informadas como presuntos ahorcamientos fueron 13, contra 8 de 2021. En la figura del suicidio muchas veces pretenden ocultar la responsabilidad policial en dicha muerte. Un ejemplo de esto es el caso de Daiana Soledad Abregú, una joven asesinada en la comisaría de Laprida, cuyo homicidio se quiso hacer pasar como suicidio. 

Salud mental

A 10 años de la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de Salud Mental, se destacan algunos avances en la elaboración de recursos, pautas y guías de abordaje; la constitución de mesas intersectoriales y la presentación de un registro único provincial de establecimientos de salud (RUPES), que contempla las instituciones habilitadas en el ámbito privado. No obstante, el informe sostiene que hay deudas pendientes: en los hospitales neuropsiquiátricos públicos se siguen constatando lógicas manicomiales y vulneraciones de derechos; respecto al área de consumo problemático y/o adicciones el sector privado cubre el vacío estatal, ausencia que lleva a una total discrecionalidad de las instituciones privadas. En el encierro prima la lógica de seguridad por sobre el criterio sanitario; la intervención de fuerzas de seguridad en la vía pública, en situaciones que involucran a personas con padecimiento mental, muestra falta de formación para reconocer una crisis subjetiva y dar intervención al sistema de salud.

Como dato positivo señala que la cantidad de personas internadas en los cuatro hospitales monovalentes de la Provincia disminuyó un 9% respecto de 2021. Sin embargo, las cifras indican que las externaciones no son tan efectivas: de 999 ingresos, el 56% (557) fueron reinternaciones. Esto da cuenta de las dificultades y de la necesidad de fortalecer los dispositivos comunitarios intermedios para sostener un tratamiento ambulatorio y de recursos en los dispositivos existentes.

Las situaciones en las "granjas de rehabilitación" privadas fueron catalogadas como "gravísimas". Se identificaron servicios de internación sobrepasados en su capacidad, con hacinamiento, personal insuficiente, sometimiento a régimen de aislamiento, aplicación de sujeción mecánica sin regulación ni control, condiciones materiales indignas, sobremedicación y prolongación de internaciones por razones sociales. Muchas comunidades terapéuticas son ámbitos donde se registran graves violaciones de derechos humanos sin control estatal adecuado y efectivo. Durante el año, se monitorearon cinco comunidades terapéuticas donde se constataron que estas prácticas son comunes y estructurales. Durante 2022 hubo 171 muertes de personas internadas por razones de salud mental en instituciones públicas o privadas, el 75% en el sector público; la mayor cantidad, un 33%, se concentra en hospitales públicos monovalentes y existe una grave falencia en el registro de la causa de las muertes, sobre todo en el sector privado.

Niñez y juventud

En diciembre de 2022 había 3.922 niños, niñas y jóvenes (NNyJ) institucionalizados y durante todo el año el sistema de promoción y protección de derechos abordó 68.020 casos. En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil, desde 2006 la CPM denuncia la carcelización de un sistema que reproduce patrones propios de la penalidad más dura de adultos. Las medidas impuestas a NNyJ responden a los fundamentos de la justicia retributiva: el sufrimiento se impone como castigo para compensar a las víctimas. No hay dispositivos que trabajen de manera adecuada desde una perspectiva de restitución de derechos, creación de oportunidades o reeducación. 

La justicia juvenil resuelve las causas condenando mediante el juicio abreviado extorsivo, utilizado en el 92% de los casos. Por otra parte, 41 jóvenes fueron derivados durante el año al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 40 a instituciones de salud mental. Estas derivaciones son la forma de resolución de los conflictos que se producen por reclamos de derechos de parte de los pibes. Frente a las protestas, el traslado. Entre enero y diciembre del 2022 en el sistema de responsabilidad penal juvenil hubo 62 activaciones del protocolo de suicidio, que en 15 casos correspondieron a autolesiones y/o intentos de suicidio.

Políticas de justicia

"La trama institucional que debe revertirse está integrada por: la falta de celeridad o de medidas adecuadas en respuesta a los graves hechos perpetrados por agentes estatales, la persistencia de fuertes carencias de perspectiva de derechos humanos, la falta de garantías a las víctimas para acceder a la verdad o la justicia, y los comportamientos autoritarios y elitistas de funcionarios judiciales que muchas veces se reflejan en malos tratos, desidia y falta de empatía hacia quienes padecen graves violaciones de derechos humanos", afirma la CPM. Este organismo impulsa varias denuncias a jueces y fiscales provinciales y federales ante diferentes órganos disciplinarios, la mayoría con escaso avance: fiscales Juan Pablo Tahtagian, Juan Cruz Condomí, Fabián Fernández Garello, Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, y la jueza de Ejecución Marcela Otermín. A nivel federal, están denunciados el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y jueza federal María Gabriela Marrón de Bahía Blanca. La causa contra el fiscal Claudio Scapolán, del Departamento Judicial San Isidro, avanzó en 2022 y fue destituido este año, 2023, por la causal de mal desempeño.

Las causas abiertas entre 2014 y 2021 por violencia institucional, en el marco de la ley 14.687/14, representan el 0,5% del total de investigaciones iniciadas; 9 de cada 10 casos se resuelven mediante el archivo (66%) o la desestimación (26%), mientras que otros hechos ni siquiera llegan a ser investigados bajo ese marco legal. Es el caso de las muertes producidas por agentes policiales: entre 2018 y 2021 la CPM relevó 522 casos y la Procuración 259, de las cuales sólo 60 fueron caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”. 

Control de la corrupción y la inteligencia ilegal 

Afirma la CPM: "Desde un enfoque de derechos humanos, entendemos que las conductas irregulares e ilegales de agentes policiales no son hechos aislados sino que implican prácticas que funcionan dentro de un esquema sistémico, rutinario y recurrente con un claro objetivo de gobierno del territorio y gestión informal del delito". Durante 2022, la CPM registró y denunció 75 casos de corrupción policial que involucran a 154 efectivos de las fuerzas de seguridad en 32 municipios.

En la cárcel la corrupción penitenciaria también es sistemática y estructural. A lo largo del año 2022 fueron denunciados por este organismo 61 casos de corrupción penitenciaria: comercialización de espacios y bienes, extorsión, narcocriminalidad, violencia física, estafas, robo de pertenencias, entre otros delitos.

En el año 2022 se evidenciaron nuevamente los graves problemas que enfrenta nuestro país en materia de inteligencia ilegal. Múltiples causas judiciales evidencian la práctica sistemática de espionaje político y social, desplegado especialmente durante el gobierno anterior de manera coordinada por organismos federales y provinciales, pero incluso con continuidades en la actual gestión provincial. Causas armadas, espionaje y extorsión pusieron de relieve la naturaleza ilegal de determinados vínculos entre las actividades de inteligencia y el sistema judicial. En el plano provincial, se han detectado tareas de inteligencia irregulares que dan inicio a investigaciones penales preliminares sobre narcomenudeo; utilización irregular de los denominados “informantes”; vigilancia ilegal sobre organizaciones sociales, gremiales y políticas, y familiares de víctimas de violencia institucional, entre otras. En el Ministerio Público Fiscal en determinadas investigaciones forman legajos secretos o reservados donde se incorporan sin control judicial escuchas telefónicas, movimientos bancarios, utilización de la figura del testigo colaborador sin marco normativo provincial que adecue el procedimiento en el ordenamiento procesal local, o las denuncias sobre intervenciones irregulares de agentes de la AFI o de inteligencia del Ministerio de Seguridad de la Nación en investigaciones criminales provinciales. 

A criterio de la CPM "las prácticas ilegales de inteligencia no se alojan ya en los llamados 'sótanos de la democracia' sino que hace casi una década han emergido a la superficie como parte de la dinámica política, esta realidad ha degradado profundamente la calidad democrática de las instituciones de seguridad y justicia, ha afectado garantías constitucionales y ha implicado el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".