Luego de que los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos cumplieran, con demora, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la excarcelación de Milagro Sala, y dispusieran la prisión domiciliaria de la dirigente social en una casa sin puertas ni ventanas ni electricidad, el vicegobernador de la provincia de Jujuy y dirigente del Frente Renovador, Carlos Haquim, cuestionó la resolución del organismo internacional, cuyo cumplimiento consideró “un privilegio”. Haquim vinculó la resolución de la CIDH “a presiones de organismos de Derechos Humanos y espacios de poder” y sostuvo que “permiten que se generen desigualdades e injusticias con el resto de los ciudadanos”.
El compañero de fórmula del gobernador Gerardo Morales manifestó su desacuerdo con la decisión de Mercau y Llermanos, y los acusó de “trabajar bajo presión de organismos internacionales”. “La Justicia no tiene que tener presiones y demostrar su independencia”, añadió.
“Me parece la generación de un privilegio que habrá que trasladarlo, en el día de mañana, a todos los que tienen prisión preventiva y seguramente va a producir una conmoción en todo lo que es el sistema carcelario y judicial en la Argentina”, expresó hoy Haquim, desconociendo la resolución internacional que ordenó la inmediata libertad de Sala o, en su defecto, medidas alternativas como la prisión domiciliaria.
Poco antes, Morales había dicho que el fallo de la CIDH era “una gran injusticia. “Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo”, manifestó el gobernador cuando Mercau aceptó a regañadientes la prisión domiciliaria de la dirigente social.
Pullen Llermanos, a su vez, otorgó el viernes pasado un plazo de 15 días hábiles para que se acondicione la vivienda elegida por Mercau, en el barrio La Ciénaga que, tras ser vandalizada no tenía ventanas, luz ni servicio de agua corriente.
Lo que Haquim considera que son "privilegios", para el titular del organismo regional, Francisco Eguiguren, "no son otra cosa que el cambio de una prisión a otra", no solo en función del estado del inmueble sino también por las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria.
