Héctor Lucero, a sus 65 años, está siendo investigado por dos denuncias de abuso sexual con acceso carnal que distintas mujeres radicaron ante la Justicia, pero son varios los casos que se le adjudican a través de los años. El caso reúne muchísimos relatos y testimonios al punto que hasta el Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja abrió su propia investigación.
Un silencio que se empezó a romper
En diálogo con La Rioja/12, la activista y socorrista Débora Melián relató cómo se empezó a romper el silencio del caso tras la despenalización del aborto. “En 2018 conocí a una de las sobrevivientes en uno de los encuentros. Teníamos una metodología de taller en donde les invitábamos y les brindábamos información para poder realizarse un aborto con misoprostol”, explicó. Por lo que Melián cuenta, su primer contacto con una de las sobrevivientes de Lucero fue una joven de 23 años que expresó frente a otras mujeres su experiencia con un aborto clandestino en el consultorio del ginecólogo Lucero. El procedimiento no solo habría sido incorrecto, sino que configuraba una agresión sexual. Débora explica la sorpresa con la que miró a sus colegas socorristas, pero que luego hablando entre ellas, varias sabían de otros relatos en los que se repetía que “Lucero les ofrecía sexo a cambio de realizar un aborto, o si no les colocaba las pastillas él, y en el medio, en ese momento de la colocación, solían contar situaciones donde él abusaba de ellas”. En aquel momento “nosotras con las chicas contamos aproximadamente 8 casos que habían llegado”. Melián describe como fueron documentando varios casos: “Las chicas a veces contaban que habían ido a un médico, no decían el nombre del profesional y nosotras empezamos a preguntar y cuando lo decían ahí en el taller, porque eran talleres donde iban varias personas, otras chicas contaban también otras experiencias que no se ligaban tan solo a las situaciones de aborto, sino a una consulta ginecológica". Débora recuerda que consultaron con una abogada que solía colaborar con la organización y que “la sugerencia legal era que no hiciéramos nada porque en ese momento el aborto no era legal, entonces no podíamos hacer mucho más que seguir recaudando todos los datos que iban llegando. No había otra posibilidad”. Ante la situación, las socorristas recurrieron a los escraches y fue así que los relatos se multiplicaron. Por primera vez, el ginecólogo empezaba a ser expuesto y muchas mujeres empezaron a contar lo que hasta entonces vivían aisladas en silencio.
“Cuando se legalizó, empezamos a buscar los contactos de las sobrevivientes que habíamos registrado”; Débora cuenta que hubieron muchos debates durante meses, incluso que volvieron los escraches y “seguíamos tomando datos de más casos pero no había personas dispuestas a denunciar”. Es por esto que las socorristas empezaron a plantear esta situación ante las instituciones. "También fue un debate interno entre nosotras porque entendíamos que hasta donde vamos a pedirle a las sobrevivientes que denuncien exponiéndoles a una Justicia que revictimiza y demás”.
El papel de las instituciones
Débora explica las tensiones que existieron porque la responsabilidad para frenar la violencia impune parecía recaer exclusivamente en las sobrevivientes, por esta razón se multiplicaron las conversaciones de las socorristas con el Estado. Tanto instituciones municipales como provinciales actuaron administrativamente para frenar la situación, mientras tanto, no existían denuncias penales contra el profesional. El Ministerio de Salud de la Provincia estuvo meses investigando la situación y reuniendo evidencias para llegar a un decreto de cesantía firmado por el Gobernador de La Rioja. Dicha investigación hoy consta en los expedientes penales de quiénes se atrevieron a denunciar luego de estas acciones.
Denunciado e impune
La primera denuncia penal se realiza en agosto de 2022 por una de las sobrevivientes que estaba siendo asistida por la Secretaría de la Mujer por un hecho sucedido en 2019. En septiembre el médico es detenido, y estando en la Alcaldía, otra de sus víctimas se atrevió a denunciar en octubre de 2022 un hecho que padeció en 2021. Lucero se negó ambas veces a realizarse las pericias psicológicas, se abstuvo de declarar en las dos audiencias de indagatoria que le tomaron vía zoom. Sus abogados Sergio Gómez y el candidato a senador por la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, pidieron en noviembre la prisión domiciliaria para el ginecólogo porque le "dolía la rodilla" en prisión, y a pesar de que la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini le denegó este beneficio en diciembre, en enero de 2023, el juez Ariel Sebastian Bacco habilitó la feria judicial para concederle el beneficio y desde entonces el imputado por abuso sexual con acceso carnal por dos hechos en concurso real Héctor Lucero está en su casa.
