Los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack arremetieron contra el pedido de investigación que hizo Senadores a la Comisión de Acuerdos, al desempolvar una denuncia usada como "estrategia defensista" en su contra, que no tuvo asidero. Entre los dos tienen varias investigaciones contra 8 legisladores, por presunto desvío de fondos para subsidios, y consideran que el pedido firmado el jueves pasado tiene que ver directamente con ello. Aseguran que el desencadenante para reflotar aquella acusación fueron citaciones que hicieron desde Fiscalía a personal de la Cámara alta, ante la falta de respuestas al pedido de detalles que hicieron hace casi un año sobre la asignación de esos fondos. "Desconozco por qué logramos generar semejante adhesión (15 de 19 senadores). Da la sensación de que no pueden ponerse de acuerdo para un montón de cosas y se ponen de acuerdo para esto: hechos de 2014 que fueron públicos y vuelven a ser usados con fines políticos y mediáticos. No tienen facultades para esto", indicó Narvaja. "Esto erosiona la credibilidad de quienes tenemos a cargo investigar a funcionarios públicos que deben rendir cuentas", lamentó Mac Cormack.

En la última sesión del Senado, 15 legisladores firmaron un pedido a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa para investigar un hecho de 2014 que en su momento apuntó a los fiscales Narvaja y Mac Cormack, pero que fue zanjado antes, durante y después del juicio contra una banda de policías de la seccional 19º penados por extorsión, robos y otros delitos.

En su momento, la defensa de los ahora condenados acusó a los fiscales de una presunta maniobra irregular para poder imputar y llevar a juicio a los efectivos, pero ayer Mac Cormack aclaró que esa cuestión fue revisada por "siete jueces: el de la investigación, los tres del juicio y otros tres de la Cámara Penal"; además de los fiscales regional y general.

Para los fiscales ello tiene que ver con que acaban de citar a testimonial al secretario administrativo de la Cámara alta santafesina, Carlos Bermúdez, para avanzar en las causas que tienen en trámite contra senadores denunciados por mal uso de fondos públicos. "Esta Fiscalía investiga el manejo de subsidios que tienen los senadores para disponer discrecionalmente, que rondan los 7,8 millones de pesos por año, por senador", dijo Narvaja.

"Se afirman situaciones falsas como que habíamos inducido a una persona a no reconocer a otra; lo que no es cierto", sostuvo Mac Comack, y dijo que la acusación en su contra se trató de una estrategia de la defensa de los policías condenados. "Fue usado profusamente para cuestionar nuestra actuación, que fue revisada por jueces que ratificaron regularidad de lo actuado. Esta denuncia ante un organismo sin competencia de actuación nos llama la atención y nos pone en situación de alerta por investigaciones que estamos realizando, que tiene como sujeto pasivo del trámite a algunos senadores".

En ese sentido, Narvaja consideró que la situación es delicada. Según detalló la ley del Ministerio Público de la Acusación indica que el Senado no puede investigar a los fiscales de grado. "Podemos asumir que hay un desconocimiento y no saben cuáles son sus facultades y lo que dice la ley del Ministerio Público de la Acusación. Pero pensar en un desconocimiento de tal magnitud no nos parece del todo razonable", remarcó. Mac Cormack agregó que solo puede investigarlos la Auditoría General de Gestión.

Según enumeraron, hay varias causas respecto del presunto desmanejo de fondos. Una es la que se abrió por una denuncia del concejal Jorge Boasso sobre un presunto manejo arbitrario de subsidios en épocas electorales por parte de media docena de senadores. También contabilizaron la denuncia sobre el accionar del senador Guillermo Cornaglia, cercana a la imputación por cuestiones ocurridas cuando era jefe comunal de Bouquet, donde se detectó la faltante de 900 mil pesos por parte del Gobierno Nacional, para construir un jardín maternal y la falta de rendición de cuentas al gobierno nacional por una compra de 243 mil pesos. Se suma la investigación que atañe al ex senador del departamento Belgrano, Alberto Crossetti, por supuesto enriquecimiento ilícito ligado al narcotráfico. Se le detectaron "50 propiedades inmuebles; 40 vehículos, dos estaciones de servicio a su nombre y una distribuidora de combustible", indicó Mac Comarck.

Desempolvada. Los senadores se refirieron a un hecho de 2014, cuando dos personas fueron víctimas de disparos en Espinillo y Seguí, y el autor escapó del lugar. Según la acusación fiscal, dos policías llegaron al lugar del hecho, pero "no hicieron la investigación"; sino que contactaron a las víctimas (con antecedentes penales) y al victimario, y "los extorsionaron". Por esa y otras causas relacionadas, cinco policías fueron a juicio y resultaron condenados a penas de hasta 12 años. Para los senadores, en cambio, se habría solicitado a las víctimas que no reconocieran a su agresor, ya que a éste lo requerían como testigo contra los policías. Varias instancias judiciales resolvieron contra ese planteo. "Todos convalidaron la prueba contra los policías. Es un tema que desde 2014 está terminado", insistió Mac Cormack.