La Cámara Federal porteña definirá si queda en pie la investigación centrada en el espionaje que sufrieron los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estuvieron presos durante el gobierno de Mauricio Macri. El caso llegó hasta el tribunal de apelaciones de Comodoro Py después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a toda la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El 16 de agosto pasado, Martínez de Giorgi sobreseyó al exdirector del SPF Emiliano Blanco, a Cristian Suriano (Inteligencia del SPF), Miguel Perrotta (Jurídicos del SPF) y al exasesor Fernando Carra, entre otros. El juez no dijo que no haya existido vigilancia ilegal sobre los presos kirchneristas, sino que la pesquisa era nula.

¿Por qué Martínez de Giorgi dice que la investigación es nula? Porque entiende que el primer magistrado que tuvo la causa, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, guionó a dos testigos de identidad reservada para comprometer a las autoridades del SPF. Para Martínez de Giorgi, Villena ideó esa maniobra para defenderse porque él mismo aparecía en distintas circunstancias habilitando a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a realizar escuchas de los presos o teniendo causas paraguas que le habrían permitido a la exSIDE espiar a Cristina Fernández de Kirchner o acceder a las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires para armar una operación contra el gremio de Camioneros.

Contra la decisión de Martínez de Giorgi, se pronunciaron el fiscal Franco Picardi y las querellas de Fabián de Sousa, Cristóbal López, la Defensoría General de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que lidera el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Los espías conocidos como Súper Mario Bros –Facundo Melo, Leandro Araque y Horacio Sáez– se presentaron para poner el grito en el cielo. El abogado de Melo y Araque, Fernando Sicilia, pidió el sobreseimiento de sus dos defendidos.

Para el fiscal Picardi, la decisión de Martínez de Giorgi es prematura. Las dos declaraciones que Martínez de Giorgi consideró nulas no fueron, a entender del representante del Ministerio Público, centrales en la investigación del espionaje penitenciario ni se inició la pesquisa con estos testimonios. De hecho, Villena empezó a indagar en el rol del SPF después de que aparecieran en el teléfono de Araque unos cuadros con los nombres de los presos kirchneristas a los que los agentes de la AFI debían espiar.

“Una investigación precaria, dilatada, obstaculizada podría provocar la impunidad de delitos de una relevancia inusitada para nuestra vida democrática, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado Nacional”, advirtió en su recurso la CPM.

El juez Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado de Martínez de Giorgi, elevó todas las presentaciones a la Cámara Federal porteña. La Sala II de este tribunal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, tendrá la última palabra.

La Cámara Federal ya batió un récord de derribo de causas de espionaje macrista: la Sala II fue la que convalidó la teoría macrista de que no hubo plan sistemático de vigilancia ilegal, sino que hubo espías que hacían negocios por su propia cuenta –y eran tan osados de espiar a la hermana menor del entonces Presidente– y la Sala I fue la que justificó el espionaje a las familias del ARA San Juan al decir que estaba en riesgo la seguridad de Mauricio Macri.