El juez de familia de San Lorenzo Marcelo Scola intimó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que designe en tres días un centro asistencial para alojar a una niña de once años que está internada hace cinco meses en el hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde recibió el alta médica el 7 de marzo pasado. Durante este tiempo, la respuesta de las autoridades fue -en el mejor de los casos- dilatoria. Por eso, el magistrado pide que se instruyan "las investigaciones administrativas a efectos de deslindar responsabilidades" en el largo derrotero de la niña que nunca recibió la protección integral debida. Y además, ordena que el ministro Danilo Capitani que las y los funcionarios actuantes sean "apartados de continuar interviniendo" en esta situación. "No puede el Estado, con su accionar, lesionar nuevamente el estado físico, mental o psíquico de un niño, niña o adolescente. Su función es darles una protección especial, frente a una vulneración de derechos", sostiene Scola, quien detalla minuciosamente el desentendimiento de la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras el personal del Vilela brega por encontrarle un alojamiento adecuado.

Durante estos meses, la nena fue enviada al HOPROME en julio, pero el centro asistencial la "devolvió" al hospital luego de una semana, con sus pertenencias y sin sostener el contacto. "No tienen corazón", dijo la nena sobre lo vivido en ese lugar. Pese a esa experiencia traumática y las recomendaciones del equipo del Vilela, las funcionarias de la Secretaría de Niñez insisten con ese centro asistencial. 

"Cabe preguntarse si el Estado provincial, la provincia de Santa Fe, de eso hablamos, no se encuentra en condiciones de dar alojamiento a una niña de once años, con el alta hospitalaria para su externación desde hace cinco meses, la cual se encuentra bajo el llamado Sistema de Protección integral de Derechos", plantea el magistrado. La resolución enumera una larga cantidad de reuniones y gestiones en las que las autoridades de Niñez se comprometían a resolver la situación de la niña en pocos días, pero no lo hacían. "Cuando hablamos del Estado tenemos que precisarlo en los distintos funcionarios, en este supuesto, que no funcionan, que no cumplen con su deber", manifestó el juez y los nombra: "Patricia Chialvo, Patricia Virgilio, el ingeniero Agustín Codevila, Roxana Borselli, Santiago Pennacchi, entre otros". Son las máximas autoridades de la Secretaría de Niñez provincial. "La actitud de los citados revictimiza a quienes deben proteger, conculcando sus derechos. En primer lugar, es el mismo Estado el que la saca de su familia de origen, porque se vulneran gravemente sus derechos y luego esa misma autoridad los vuelve a vulnerar y así se mantiene en el tiempo". 

Juez de familia de San Lorenzo Marcelo Scola. 

El 1° de marzo, la niña llegó al Hospital de Niños trasladada por el SIES desde un centro residencial de Villa Gobernador Gálvez, por una "crisis subjetiva". El Equipo Interdisciplinario del Hospital (EIH) la evaluó y escuchó a la niña que pidió irse del hospital porque extrañaba a sus compañeros de escuela y del centro residencial. La nena tiene características subjetivas relacionadas con una "importante demanda amorosa". Hay que recordar que, a sus once años, lleva nueve relacionada con el llamado sistema de protección, ya que la primera medida excepcional fue tomada en 2014. La nena fue separada de su madre por una situación de violencia extrema. "Siendo cuidadosos en no producir un efecto que pueda interpretarse como rechazo hacia ella, la modificación de su centro de vida debe hacerse paulatinamente, luego de evaluaciones e intervenciones", dice el informe del EIH. Una semana después, el 7 de marzo, el Equipo considera que está en condiciones de alta hospitalaria y aconseja que vuelva al mismo centro residencial. Desde Niñez responden que la nena no puede retornar allí y que se encuentran en la búsqueda de un nuevo alojamiento. 

A partir de entonces hubo una seguidilla de idas y vueltas que aumentaron el desamparo de la niña. El 23 de marzo, la delegada regional de la Secretaría de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia expresó que estaban realizando "las gestiones pertinentes" para encontrarle un alojamiento acorde. El 26 de abril, como si fueran los únicos que están al tanto de la existencia de la nena, el Equipo del Hospital señala que la nena sigue allí, a la espera de un centro donde residir en forma permanente. El Equipo de Procesos adoptivos aseguró que se harían dos visitas a otro centro, HOMEMA, para alojarla allí, pero luego comunicaron por teléfono que no se podría realizar el egreso del hospital porque no tenían centro asistencial. Este manoseo de las expectativas de la nena "toca uno de los puntos de mayor sufrimiento en la paciente, reviviendo acontecimientos que se constituyeron como traumáticos en su vida", escribió en su informe el equipo hospitalario. 

El 27 de abril se intimó "de manera urgente, por el plazo de 48 horas" a las autoridades para que "la niña sea alojada en un lugar acorde a su interés superior y conforme a las pautas" del equipo del Vilela. El 5 de mayo, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes remitió un oficio para que se informe "si ha encontrado lugar de acogimiento a la niña y en su caso cuál es el mismo y el plan de acción a seguir". El 11 de mayo, la asesora de Menores de San Lorenzo se comunicó con otra autoridad provincial, quien le informó que "no han definido todavía desde el Programa de alojamientos de centros residenciales la plaza para la niña, que HOPROME desistió y que no cuentan con lugar para alojarla". 

Entonces, el juez intimó el 11 de mayo, a los funcionarios intervinientes para que en dos días efectivicen la medida, bajo aplicación de multa. La Secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, informó el 22 de mayo -los meses y los días de esta niña van pasando en una internación hospitalaria innecesaria- que "atento a las crisis subjetivas" de la nena están "gestionando su alojamiento en una institución adecuada, para lo cual será necesario el aporte de la Dirección de Salud Mental". Por eso solicita extender "unos días más" el plazo del alojamiento. Se otorgaron cinco días más. El juez retoma una intervención que realiza la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: "Es la Subsecretaría de Niñez la que debe garantizar los programas e instituciones para efectivizar los enunciados de la ley 12.967 (de protección integral) y que la distribución de competencias no debe ser obstáculo para la asistencia inmediata en situaciones de riesgo para la vida e integridad personal de la niña, niño o adolescente", firmó el abogado Gustavo Lorenzo.

Es decir que remitir a "salud mental", no puede ser un artilugio de Niñez para no hacerse cargo de una niña. 

En una audiencia del 22 de junio, se define que la niña sería alojada en HOPROME, situación que se materializa el 5 de julio, pero la nena reingresa al Vilela el 13 de julio. "La paciente vivenció esta situación como expulsiva, refiriendo que cuando se sintió mal no la contuvieron, al respecto del hogar, refiere que 'no tienen corazón'".

A esta altura de la vida de esa niña, es el Equipo del Vilela el que insiste para que se le encuentre un lugar adecuado. "Reitera el alta médica, la necesidad urgente de alojarla en un hogar, que se escolarice por fuera del hospital, que vuelva a su escuela", dice el informe del EIH. "Es necesario que se respeten los derechos de la niña a la salud, al esparcimiento, a la educación, a ser oída y su opinión sea tenida en cuenta, a tener un cetnro de vida convivencial hasta que cuente con una familia". 

La intervención de Scola pone el mismo acento. Plantea que la Secretaría de Niñez debe "proteger" a una niña con un problema de Salud Mental. "La Secretaría y el hogar que determinen deben estar capacitados y preparados para hacerlo, ya que si no, sólo quieren actuar respecto de niñas, niños y adolescentes 'sin problemas', con lo cual, vuelven a vulnerar su derecho y la discriminan y cosifican, no respetando su calidad de persona".