"El fuego por los derechos sigue vivo", resalta el pasacalles que visibiliza la protesta de jujeños y jujeñas a pocos metros del cruce entre las rutas nacionales 9 y 52 sobre el acceso a la localidad de Purmamarca, en la Quebrada de Humahuaca. La permanencia, como la denominan, se mantiene después de que la Policía provincial desalojó las tres carpas y los bloqueos el 14 de agosto pasado.
Las consignas son las mismas desde que se inició este proceso de conflicto social en la provincia de Gerardo Morales: no a la reforma, arriba los salarios, entrega de las tierras comunitarias, y la defensa del agua ante el extractivismo minero. Son los reclamos desde junio, cuando la docencia jujeña encendió la mecha del
descontento social latente.
El cruce de Purmamarca, por donde pasan las dos rutas nacionales que conectan con Bolivia y Chile, es representativo de la resistencia social. La mayoría de la población de la provincia manifestó su descontento en las últimas elecciones, ocasión en que la que Gerardo Morales, precandidato a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula con Horacio Rodriguez Larreta, cosechó apenas el 18 por ciento de los sufragios en las PASO del 13 de agosto. Morales cayó treinta puntos en su imagen, dado que en las elecciones a gobernador celebradas en Jujuy el 14 de mayo, su candidato por Frente avanza Jujuy, Carlos Sadir (actual ministro de Economía jujeño), resultó electo por casi el 50% de los votos.
Tres bloqueos viales se mantienen activos: Abra Pampa y La Quiaca en la ruta nacional 9, y otra cercana al pueblo de Coranzulí, donde se sostiene un corte sobre la ruta nacional 40 cuando atraviesa Salar de Olaroz, en el departamento Susques. En la zona, comuneros y comuneras interrumpen de forma intermitente el camino de acceso a las plantas de carbonato de litio, en manos de las empresas Allkem y Livent, recientemente fusionadas.
"El corte en La Quiaca se mantiene como el primer día", aseguró Carlos Tolaba, presidente de la comunidad originaria El Cóndor, del departamento Yavi. "Mantenemos cuatro horas de corte y liberamos venticinco minutos. Es una tarea que coordinamos entre todos los hermanos y hermanas", explicó. "Somos 60 comunidades las que nos mantenemos en pie de lucha", ratificó. Tolaba detalló que en el corte, ubicado en el acceso a la ciudad fronteriza con Villazón, en el Estado Plurinacional de Bolivia, se turnan referentes de las 36 comunidades del Pueblo Kolla y 2 del Pueblo Chicha del departamento Yavi, más 22 comunidades del Pueblo Quechua del vecino departamento Santa Catalina. Desde el inicio "se sumaron algunas organizaciones sociales que son hijos de comunidades y viven en La Quiaca", agregó.
"Gracias al viaje del Tercer Malón de la Paz", actualmente en la plaza Lavalle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "logramos abrir muchas puertas mientras continuamos aquí firmes en la resistencia", dijo Tolaba en alusión a la visibilidad que alcanzó la protesta de comunidades indígenas del norte andino. "Después de las elecciones PASO, el gobierno quedó derrotado. Por eso queremos que caiga la reforma en forma definitiva", insistió el referente. "Durante la visita de los organismos internacionales a La Quiaca (la semana pasada) pudimos contar toda la verdad de lo que pasó, el amedrentamiento que sufrimos y la difamacion hacia nuestras las comunidades originarias", relató.
Los sectores de la sociedad jujeña que no acuerdan con la administración del actual gobierno provincial, no advierten soluciones en su horizonte. Ayer, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMs)
informó por redes sociales su descontento con el aumento salarial
otorgado en paritarias. "La Asamblea (...) recuerda que el Gobierno mantiene una deuda histórica con la docencia y todos los trabajadores estatales ya que en los últimos años perdieron poder adquisitivo", afirmó, y lamentó "que un condicionante para debatir haya sido la amenaza de una nueva
aplicación de ilegales e irracionales descuentos por días de paro".
El viernes último, el juez contravencional Matías Ustares sobreseyó a la docente Mercedes Maidana, de la comunidad indígena Omaguaca, de los cargos por instigar, amenazar, agredir, e impedir la libre. Los cargos imputados por la Policía jujeña a la docente originaria fueron por permanecer en las calles de Humahuaca la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de Julio, cuando la Policía irrumpió mientras el Concejo Deliberante informaba públicamente que habían decidido rechazar la reforma de la Constitución. También el viernes fue sometida a audiencia la estudiante Marisol Cari, y también en su caso la justicia contranvencional desistió de varias acusaciones y solo quedaron en pie dos reproches, por tumulto y entorpecimiento de la vía pública, que serán revisadas. Marisol, estudiante de Ciencias Políticas, ayudó al músico Joel Paredes cuando fue herido en uno de sus ojos por una bala de goma lanzada por efectivos de la policía provincial.
Por otro lado, el miércoles último, el juez federal de Garantías Diego Mateucci ordenó al gobierno de la provincia que se abstenga de continuar con la construcción una cancha de fútbol y un centro de interpretación en el pueblo de Caspalá. El magistrado federal recordó al gobierno de Morales la medida cautelar vigente que prohibe el ingreso al antigal donde se pretende realizar la obra. Mientras tanto, el Tercer Malón de la Paz prepara una movilización hacia Plaza de Mayo para la semana del 4 al 8 de setiembre, con la consigna que se repite en el territorio jujeño: "Abajo la reforma, arriba los derechos".
