Reparar el daño ambiental causado por los incendios en los humedales. Esa es la demanda impulsada ante la Corte Suprema de Justicia por Equística Defensa del Medio Ambiente, una organización ambiental de Rosario que reclama al Estado la restauración de la flora y la fauna arrasada por el fuego durante tres años. Desde la entidad señalaron que existen antecedentes en la materia y también recordaron que vienen pidiendo la creación de la figura del “interventor” para proteger a los humedales. “La idea es que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño causado en el humedal, que haya una reparación”, explicó Pablo Arino, uno de los integrantes de la organización en declaraciones a Rosario/12.

La demanda está dirigida contra el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y los municipios de Rosario y Victoria, por su “inacción” ante los incendios que generaron repercusiones ambientales en la zona del humedal. En el documento, la organización de cuenta que desde junio de 2020 se viene produciendo “una quema indiscriminada” en todo ese territorio, que impulsó a la organización a presentar un primer amparo solicitando el cese del fuego.

Esa solicitud fue aceptada por la Corte, que dispuso la creación de un comité integrado por los poderes ejecutivos de las distintas jurisdicciones afectadas, para que “adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares”, tomando como base el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) en el Delta del Paraná. Sin embargo, desde Equística denuncian que el comité no solo que no funcionó, sino que rara vez llegó a reunirse con todos sus integrantes. “Se constituyó el comité, pero no pasó nada. Y en estos tres años que transcurrieron el humedal se devastó. Entonces consideramos que era momento de empezar a remediar esto de alguna manera. Creemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer todas las tareas y obras necesarias para remediar el daño causado en el humedal lo más rápido posible”, sostuvo Arino, abogado especializado en temas ambientales.

Para el integrante de Equística, el comité no funcionó porque los demandados “siempre buscaron excusas” para terminar de darle forma a la iniciativa: “Nunca hubo un representante de cada una de las provincias y de los municipios sentados en una mesa discutiendo un plan de trabajo, a pesar de que estaba la orden de la Corte Suprema para que se hiciera. Jurídicamente hay un incumplimiento a esa orden”.

Desde la organización detallaron que los incendios en el humedal tienen consecuencias que van desde la extinción de especies, hasta la pérdida de fertilidad de los suelos y las alteraciones del clima. Y, en base a evaluaciones realizadas por especialistas en ecología, estiman que se necesitarían entre 300 y 400 años para recuperar las 20 mil hectáreas de humedal que se incendiaron.

Ante ese escenario, consideraron que la regeneración debe pensarse de manera “interdisciplinaria”, con el aporte de distintos especialistas y de diversos sectores de la sociedad. “Tiene que ser sometido a una consulta pública, como establece la Ley General del Ambiente. Eso tiene que ser aprobado y después avanzar operativamente en la remediación”, explicó Arino.

Antecedentes

La demanda cuenta con un antecedente directo en 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño a sanear la cuenca del Riachuelo. En aquella sentencia, además, se establecieron plazos para llevar a cabo las obras correspondientes y multas ante posibles incumplimientos en los tiempos previstos. “La idea es emular esa experiencia -comentó Arino- que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño tanto en la salud de los vecinos como en el medio ambiente, en este caso toda la zona del humedal”.

Por su parte, Sebastián Farina, vocal y representante legal de la organización ambiental, recordó que en la demanda también se solicita una multa a los Estados demandados de forma diaria, hasta que se ponga en marcha un plan de reparación. “Desgraciadamente si vos no hacés un seguimiento cotidiano a esto, no termina pasando nada”, comentó a este medio. “Yo sé que hay un montón de problemas cotidianos que quizás son más urgentes, pero no por eso son más importantes”, agregó.

En ese marco, recordó que otro de los reclamos que vienen sosteniendo desde Equística es la creación de la figura del interventor. Para Farina se trata de una “decisión política” que podría ayudar como medida precautoria para que los incendios ocurridos en toda la franja del Delta del Paraná no se repitan. Lo que pedimos en su momento fue la designación de un interventor del humedal, que cuente con una serie de atribuciones que le permitan exigir que se cumplan y se hagan determinadas tareas para preservar toda la zona”. Según indicó el abogado, el pedido fue realizado tanto ante la Corte Suprema de Justicia, como ante las diversas provincias afectadas por la problemática ambiental.

 

En ese sentido, Farina dejó en claro que se trata de una medida que está al alcance del gobierno nacional y que podría resultar sumamente beneficiosa. “Esta es una decisión política que hay que tomar, pero lamentablemente no se avanza en nada”, cuestionó.