A poco de cumplirse cuarenta años del regreso de la democracia, la mayoría de los argentinos la elige como el mejor sistema de gobierno según un informe de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El documento, realizado por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes) de esa casa de estudios, destaca además que el sesenta por ciento de los encuestados opina que funciona mal o muy mal, y entre los temas sobre los que se han dado mayores avances en cuatro décadas apuntan a la igualdad entre hombres y mujeres y los puntos más bajos se centraron en la falta de equilibrio económico y en el mal funcionamiento de la justicia.
“A lo largo del siglo XX, Argentina ha enfrentado largos períodos de inestabilidad política, con democracias frágiles y dictaduras militares”, señala a modo de introducción el Copes en la investigación, que apunta a conocer la valoración de la sociedad sobre la democracia. Y agrega que “la lucha por su recuperación ha sido un aspecto central de la vida política de la Nación, y en este sentido la promoción de los valores democráticos y de los derechos humanos resultan fundamentales para asegurar una sociedad estable, inclusiva y participativa”. Para desarrollar el estudio los investigadores analizaron los datos de una encuesta telefónica realizada a nivel nacional en la que fueron consultados “655 casos”, que opinaron sobre cinco tópicos.
“La ciudadanía argentina sigue apostando por la democracia. Gran parte de los entrevistados (el 71,2 por ciento) sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en tanto un sector minoritario (el 2, 4 por ciento) aceptaría un retorno a gobiernos autoritarios”, indicaron en el documento los investigadores como resultado de las respuestas acerca de la evaluación de la democracia. A su vez, detallaron que “la preferencia mayoritaria por el sistema democrático se encuentra entre los mayores de sesenta años, mientras que la mayor decepción se observa en los sectores juveniles. También se puede detallar que a medida que desciende el nivel educativo desciende la preferencia sobre la democracia como sistema político”.
La opinión sobre el funcionamiento actual de la democracia “está polarizado: cerca del sesenta por ciento cree que funciona mal o muy mal, contra un poco más de cuarenta por ciento que sostiene que funciona bien o muy bien”. Del estudio se desprende además que “los sectores de menor nivel educativo son más críticos, pero ocurre en forma inversa por tramo de edad: los menores de veintinueve años creen que funciona mejor (53,8% bien y muy bien) que los mayores de sesenta años que mayoritariamente se decantan por el mal y muy mal (70,2%)”. Las personas entrevistadas coincidieron mayoritariamente en cuatro puntos que el sistema democrático debería asegurar. El 19,7 por ciento apuntó a la libertad de expresión, mientras que el 16,4 por ciento planteó la necesidad de “poder elegir libremente, es decir, proceso electoral limpio”. El 12,4 por ciento afirmó también que debía asegurarse “la estabilidad económica” y el 12, 3 por ciento la educación de calidad”.
En el informe se destacó que “la cuestión en la que se considera que más se ha avanzado en los cuarenta años de democracia es la igualdad entre hombres y mujeres”, apuntado por el 67,8 por ciento que “se expresaron que se ha avanzado mucho y bastante”. En contrario “los temas en los que se evalúa que menos se ha progresado es el desarrollo económico”, en el que el 83,7 por ciento indicó como poco o nada el avance y también poco o nada en el funcionamiento de la justicia con el 89 por ciento de los consultados.
El apoyo al sistema democrático dejó como resultado que “casi ocho de cada diez entrevistados respondieron que irían a votar incluso si no fuera obligatorio”. A su vez, “la gran mayoría cree que (los medios de comunicación) no expresan la pluralidad de opiniones existentes en la sociedad”, y finalmente los investigadores apuntaron que “también existe una opinión mayoritaria sobre la proliferación de discursos de odio o expresiones discriminatorias en el debate público que puede afectar a las instituciones democráticas”.
