Luego de una jornada que comenzó en los Tribunales Federales con el acompañamiento a la lectura de las condenas para 16 imputados por delitos de lesa humanidad (ver aparte), Rosario tuvo ayer a la tarde su 8° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares de víctimas junto a organizaciones que luchan contra la violencia institucional, por los derechos humanos, asociaciones barriales y sociales, movilizaron desde los Tribunales Provinciales a la sede de Gobierno, pasando por los Tribunales Federales donde realizaron una intervención para repudiar la "bochornosa sentencia por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco", dictada en julio pasado.

Familiares y víctimas de violencia institucional junto a organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos se manifestaron y elaboraron un documento conjunto: "Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, requisar, humillar, golpear, manosear, maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas. La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia. No son casos aislados, en nuestra ciudad, a lo largo y ancho de todo el país, estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas y extendidas en el tiempo. Son prácticas realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y muchas veces resultan permitidas, avaladas, generadas y negadas por distintos gobiernos; produciéndole al Estado Argentino responsabilidad internacional", señalaron.

En ese sentido, expresaron que "las víctimas, sus familiares y las organizaciones debemos realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor".

También mencionaron el caso de Casco: "Luego de un camino de arduas luchas por Memoria, Verdad y Justicia emprendido desde 2014, transitamos el juicio que investigó la desaparición forzada seguida de muerte e imposición de torturas de Franco Casco en los Tribunales Federales. Un juicio en el que 19 policías se encontraban involucrades como autores y encubridores. Pese al voto condenatorio del presidente del Tribunal Otmar Paulucci, los jueces Martínez Ferrero y Moisés Vázquez determinaron absoluciones a quienes detuvieron ilegalmente, torturaron, asesinaron y desaparecieron a Franco Casco. El 18 de julio quedará en la historia de la ciudad como un día en el que en medio de la crisis de violencia urbana que vive la ciudad y que genera tanto sufrimiento, asistimos a un fallo vergonzoso para quienes deseamos vivir en una sociedad más justa, menos cruel y desigual". Y agregaron: "Vamos a apelar y a seguir dando batalla".

También recordaron el caso de Carlos “Bocacha” Orellano, cuya sentencia se conoció en junio, donde hubo tres condenas y una absolución; y el de Jonatan Herrera. "El 12 de octubre de 2022, luego de 8 años de construir Justicia, la Cámara de Apelaciones reconoció lo que todes sabíamos: que no fue un accidente, que a Jonatan Herrera lo mató la policía. El policía Rosales recibió una pena de 17 años de prisión por homicidio doloso agravado por uso de arma de fuego". 

En otro tramo del documento expresaron que "el Poder Legislativo es responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura”, los intentos de baja en la edad de imputabilidad y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura. El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de investigar a les victimaries. Asimismo, la mayoría de les jueces no sancionan adecuadamente estas prácticas. En una ciudad donde se producen muertes violentas casi todos los días nos movilizamos para exigir al Estado políticas de cuidado que garanticen el derecho a la vida a les jóvenes de los barrios populares".