El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario condenó a prisión perpetua con cárcel común y efectiva a los 16 acusados por delitos de lesa humanidad, en el marco de la causa Guerrieri IV. La condena también contempla delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos contra los hijos e hijas de las personas secuestradas y desaparecidas. Además, la causa abordó por primera vez los hechos ocurridos en la Casa Salesiana “Ceferino Namuncurá” de Funes, un predio de la iglesia católica donde estuvieron detenidas de forma clandestina al menos tres personas. El veredicto coincide con lo solicitado por el fiscal Adolfo Villatte y las querellas conformadas por distintos organismos de derechos humanos. Cientos de personas se congregaron frente a los tribunales de calle Oroño y celebraron las condenas.

Tras un año de audiencias, los jueces Carlos Lascano, María Noel Acosta y Mariela Rojas hicieron lugar al pedido del fiscal y condenaron a prisión perpetua a todos los imputados en la causa. Se trata de exmilitares del Batallón 121, dependiente del II Cuerpo del Ejército, y ex policías federales que formaron parte de las tareas represivas durante la última dictadura militar en Rosario, en perjuicio de 116 víctimas. Los represores fueron juzgados en el marco del delito internacional de genocidio por aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios, retención y ocultamiento de menores, entre otros hechos.

El cuarto tramo de la megacausa Guerrieri abordó el plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121, que tuvo como epicentro distintos centros clandestinos de detención: La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar. Pero también se pudo indagar sobre el funcionamiento de un centro clandestino que operó en la Casa Salesiana “Ceferino Namuncurá”, en Funes, y que aportó pruebas sobre el rol de la Iglesia en la región durante la última dictadura militar.

En mayo de este año, la abogada Nadia Schujman, en representación de la agrupación HIJOS, pidió que se amplíe la acusación contra algunos de los imputados, incluyendo la privación ilegítima de la libertad contra las infancias. La solicitud surgió luego de escuchar diversos testimonios de hijos e hijas de las víctimas, que a lo largo de las audiencias relataron lo sufrido luego de que sus padres y madres fueran secuestrados y desaparecidos. Varios de ellos estuvieron secuestrados hasta meses, sin que sus familias supieran qué había ocurrido con ellos durante el cautivario de sus padres. El tribunal no solo aceptó el pedido, sino que fue tenido en cuenta para las condenas que se conocieron este lunes.

Los 16 condenados son Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, que se desempeñaron como personal civil de inteligencia del Batallón 121. Mientras que Federico Almeder, Enrique Andrés López, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Osvaldo Tebez, Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro, integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina. Los últimos cinco llegaron al juicio sin ninguna condena previa, mientras que José Luis Troncoso formaba parte del listado de imputados, pero fue apartado del caso por “incapacidad sobreviniente”.

Una conquista maravillosa

Distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se congregaron frente a tribunales para seguir de cerca la lectura del veredicto, que se extendió durante más de una hora. Tras el fallo, Schujman celebró la decisión de los jueces: “Tenemos muchísima alegría porque se hizo lugar a prácticamente todo lo que pedimos. Incluso la calificación legal de desaparición forzada seguida de muerte, que no hay tantos fallos en la Argentina en ese sentido. Y también se condenó por privaciones de la libertad y tormentos contra niños y niñas, que nosotros habíamos pedido la ampliación. Es una conquista maravillosa”.

Además, la abogada de HIJOS destacó que las condenas se den “en una coyuntura muy complicada”, teniendo en cuenta que la fórmula presidencial más votada en las primarias se declara abiertamente negacionista de los delitos cometidos por la última dictadura militar. “Nos quieren hacer creer que el pueblo argentino ya no tiene memoria. Pero toda la gente que se reunió acá hoy, y estas reafirmaciones del Poder Judicial, quieren decir que pese a este terrible contexto se mantiene un estándar que conquistamos a lo largo de 40 años de democracia”, comentó a Rosario/12.

En la misma línea, Jesica Pellegrini, abogada en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), consideró que las condenas son “una gran noticia” que marcan la importancia de este tipo de juicios. “La construcción de la memoria en el ámbito de la Justicia, tiene un peso de verdad histórica que es innegable”, expresó a este medio y agregó: “En cada instancia que tenemos en estos Tribunales, no solo se logran condenas, sino que se abren nuevas investigaciones. Es un eslabonamiento de la verdad que hace más sólidos los consensos históricos y jurídicos sobre lo que ocurrió en la Argentina”

Casa Salesiana

Durante las audiencias se abordaron los casos del cura Santiago Mac Guire, Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, quienes compartieron cautiverio en la Casa Salesiana “Ceferino Namuncurá” de Funes, perteneciente a la iglesia católica. Lucas Mac Guire, que con cinco años presenció el secuestro de su padre, destacó que las condenas hayan contemplado los delitos contra los hijos e hijas de las víctimas. “Se ha demostrado que los menores también fuimos sobrevivientes, que fuimos víctimas. Y eso es un avance, algo nuevo”, expresó.

 

Para Mac Guire, el único “sabor amargo” que queda es que el tribunal no haya aceptado el pedido de la querella para que la Casa Salesiana sea señalizada como un centro clandestino de detención. No obstante, adelantó que esperan conocer los fundamentos de la sentencia para apelar la medida. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que algún día eso esté señalizado como un lugar de lo atroz del accionar de la dictadura cívico militar y eclesiástica, porque sabemos que la iglesia prestó ese lugar cuando ya no había centros clandestinos que estuviesen operativos”, finalizó.