Cinco años después de la explosión de gas en la escuela 49 de Moreno, que mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, comenzó el juicio en los tribunales de Mercedes. Después de la audiencia que uno de los abogados de los familiares, Horacio Casalla, que trabaja junto a Rosa Merlo, dijo a este diario "que vamos a resaltar la responsabilidad política de María Eugenia Vidal y la responsabilidad jurídica de Gabriel Sánchez Zinny, de Marcelo di Mario y de Mateo Nicholson". Sánchez Zinny era la máxima autoridad educativa de la Provincia. Di Mario, director de Consejos Escolares. Nicholson, encargado de Infraestructura Escolar. El siguiente escalón hacia arriba es María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires el 2 de agosto de 2018 a las 8.06 de la mañana, fecha y hora de la muerte de la vicedirectora Calamano y el auxiliar Rodríguez.

El juicio oral se inició en el Tribunal Oral Criminal Número 4 de Mercedes, que tiene jurisdicción sobre Moreno.

Los imputados son cuatro. Uno, el gasista, Cristian Ricobene. Otro, el interventor en el Consejo Escolar, Sebastián Nasif. El resto, dos consejeros escolares, Mónica Berzoni y Jorge Galian. El gasista está imputado por “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”. Los demás, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez de garantías de Moreno, después de instruir la causa, la elevó a Mercedes y se refirió genéricamente a la eventual responsabilidad de otros provinciales y municipales.

Los consejos escolares están formados por funcionarios que se eligen junto con las autoridades provinciales y municipales. Hay uno por distrito, en este caso el de Moreno. Sus funciones están contempladas en la Ley Provincial de Educación. Una de sus tareas es administrar los recursos que le asigne la Dirección General de Cultura y Educación, como se llama en la Provincia el Ministerio de Educación. Otra función es ocuparse de gestionar el equipamiento. Los consejos, según la ley, tienen “facultades decisorias autónomas”.

La característica especial del Consejo Escolar de Moreno es que había sido intervenido antes de la explosión por Sánchez Zinny. Y que fue el propio Sánchez Zinny quien designó a Nasif. La dependencia política está clara. Pero en este caso, también, la relación administrativa directa. Al ser interventor, Nasif era la prolongación de Sánchez Zinny.

En su momento el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de Moreno realizó una serie de lo que la misma docencia llamó “carpetazos”. Se trató de manifestaciones hacia el Consejo Escolar para entregarle a Nasif documentación sobre las irregularidades detectadas en cada escuela del distrito en materia de infraestructura. A veces eran problemas de filtraciones o roturas en ventanas y puertas. Y a veces, deficiencias en las instalaciones de gas.

Sandra Calamano estaba a cargo de la escuela 49 por licencia del director. Ella misma elevó notas al consejo intervenido. Incluso en el juicio la fiscal narró un hecho anterior a la explosión. Contó que a pedido de Calamano, que olía muy fuerte a gas, el gasista Ricobene fue a la escuela y revisó una parte de las instalaciones. Pero anuló la llave de gas de un calefactor cuando, como se demostraría después, debió haberle prestado atención a una cañería superior. Allí, en la conexión con las garrafas de supergas que abastecían a la cocina, estaba la pérdida que causaría la explosión mortal el 2 de agosto de 2018.

Después de la explosión ni Vidal ni Sánchez Zinny se comunicaron con los familiares de las víctimas: el compañero de vida de Sandra, Maximiliano Grah, la compañera de Rubén, Mabel Zurita, y el hermano de Rubén, Diego. Vidal se limitó a postear un tuit. Decía que eran “días de duelo” y anunciaba que se mantenía en silencio “por respeto al duelo de las familias de las víctimas y para evitar evitar la utilización política que veo en ciertos sectores sobre esta tragedia”.

Calamano y Rodríguez no se limitaban a sus funciones. De hecho la vicedirectora no tenía por qué estar esa mañana preparando el desayuno. Iba a hacerlo antes de su horario de trabajo para que las chicas y los chicos pudieran tomar algo caliente. Por eso no hubo víctimas entre los chicos. Si la explosión hubiera ocurrido más tarde la tragedia habría alcanzado a parte del alumnado.

Rodríguez es recordado por docentes y ex alumnos porque, además de cumplir su tarea de auxiliar, impulsaba a los alumnos a que aprendieran un oficio como forma de arregárselas en el futuro en su vida. Al margen de la escuela los lunes y los jueves enseñaba carpintería en el Centro de Formación Profesional de la Central de Trabajadores Argentinos, filial Moreno.

En el último aniversario de las muertes habló por primera vez en público Maia Rodríguez, la hija de Rubén, que hoy tiene 17 años. Contó que le pidió que no fuera a trabajar. El padre le dijo, según Maia, que así como le había preparado a ella el desayuno quería hacerlo con los chicos de la Escuela 49.

Después de su puesto en la Provincia, en julio de 2020, Horacio Rodríguez Larreta designó a Sánchez Zinny como director de Evaluación Integral y Equidad Educativa del gobierno porteño. Los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación lo declararon persona no grata. No solo pesaron las muertes de Moreno. La UTE dijo que Sánchez Zinny era “un empresario dedicado a mercantilizar la formación docente a través de distintos negocios, como Kuepa, dedicada a vender capacitación virtual”. Según los docentes, Kuepa “usó la base de datos del Programa Adultos 2000, estatal, para competir con ese mismo programa, ofreciendo honorarios más flexibles y menos años de cursada”.

El ex director de Cultura y Educación de Vidal se convirtió en directivo de una empresa de lobby en los Estados Unidos, Blue Star Strategies, que se encarga de las relaciones con países, con operadores de comercio y con el Fondo Monetario Internacional.

Tanto Mabel Zurita, la compañera de Rubén, como Maximiliano Grah, por Sandra, vienen insistiendo en dos cosas: que quieren justicia y que hechos como la explosión de Moreno no pueden repetirse nunca más. 

La línea argumental de la querella coincide con afirmaciones de Grah: "Desde muy temprano nos dijeron que la causa moría en el ámbito local, y que si queríamos llegar hasta arriba debíamos iniciar un juicio civil. Y la realidad es que Sánchez Zinny es responsable directo, no político, porque él determinó la intervención del Consejo Escolar de Moreno".