Según lo publicado en la web oficial de la Función Judicial son 90 los aspirantes a cubrir los 14 cargos de jueces y 10 de fiscales. Dichos candidatos y candidatas podrán ser impugnados por cualquier persona indicando las observaciones que estime pertinentes, las que deberán formalizarse por escrito, ante la Secretaría del Consejo de la Magistratura antes del 1 de septiembre.
La Presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, explicó que “se podrán realizar las impugnaciones necesarias para los postulantes, una vez que quede tamizada esa etapa, se procederá a la toma de examen escrito como así también a la toma de examen oral, una vez que queden algunos seleccionados y después será la personal”. Resaltó que “se ha llamado como veedores a todas las universidades para que nos acompañen y van a dar mayor transparencia como así también el tema del filmado de todos los exámenes que también se hace”. Además Becerra destacó que se ha agregado la posibilidad de “evaluar psicológicamente a los postulantes donde se toman determinados puntos para ver la personalidad y cómo se desempeñan”. La presidenta del Consejo de la Magistratura expresó que “ha satisfecho ampliamente la expectativa, es lo que todos queríamos, la posibilidad de que se puedan convocar ya que había, como Uds. ven, la cantidad de juzgados o cámaras que se encontraban en forma transitoria o sin integrarse”.
En diálogo con La Rioja/12 la reconocida jurista Marisa Herrera comentó que “la selección de magistrados y magistradas es central, y más en sistemas cuasi vitalicios donde no rinden cuentas, entonces es más todavía la exigencia de quiénes van a seleccionar magistrados y magistradas. Esto implica, en los concursos qué se pregunta, qué se analiza, qué se evalúa”. Herrera en su ensayo: “Repensar la formación, selección y designación de magistradxs desde el feminismo popular” cuestiona “desde dónde se construye la mirada crítica sobre la elección del recurso humano para estar al frente de lugares claves en términos de resolución de conflictos sociales a lxs justiciables; máxime teniéndose en cuenta que el Poder Judicial constituye el garante último de los derechos humanos”.
“En el marco de un diseño institucional endeble en términos democráticos en atención a las falencias que observa por la falta de legitimidad popular”, para la especialista “los problemas estructurales mirados con lentes contemporáneos, obligaría a diseñar un sistema robusto en lo relativo al proceso de formación, evaluación, selección y designación de magistradxs para contrarrestar estos elementos negativos de base, que con el tiempo y las exigencias de la modernidad se habrían vuelto cada vez más difíciles de sostener y acompañar”. En aquel ensayo Herrera cita las recomendaciones del Consejo Consultivo que sostienen la necesidad de “modificar la perspectiva endogámica que prima en la etapa de evaluación de antecedentes y beneficia a las personas que se encuentran dentro del sistema judicial. A tal efecto se propone receptar un sistema más equilibrado que asigne puntaje a quienes tienen trayectorias laborales vinculadas con la práctica tales como participación en patrocinios gratuitos, en organizaciones de la sociedad civil directamente vinculadas con la práctica jurídica de la temática que se concursa, dirección y participación en proyectos de extensión e investigación afines, mayor valor al ejercicio de la profesión liberal, entre otros”.
Sobre los aspirantes
Entre casi un centenar de postulantes existen algunos nombres de funcionarios públicos o ex jueces o juezas que ya han sido cuestionados públicamente por el ejercicio de la función pública. Entre ellos, Ana Carla Menem se presentó a 8 cargos teniendo pedido de juicio político, estando denunciada penalmente por el presunto encubrimiento de un prófugo, por incumplimiento de funcionaria pública, tráfico de influencia, por mal desempeño y por falsas denuncias. También se presentó la ex jueza Alicia Nicolasa de las Mercedes Valdez a quien se la acusa de varios delitos de usurpación del cargo por haber seguido ejerciendo como jueza después de haber terminado su mandato provisorio, y además, su accionar ha sido cuestionado por su intervención en una causa en la que su hermano esta imputado por el abuso sexual de una niña que ella misma le otorgó en adopción. La actual jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini cuestionada por los 6 meses de prisión domiciliaria de una madre que denuncia los abusos sexuales contra su hija en el caso conocido como Arcoiris, se presentó para el cargo de jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional. Pablo Cubillo, el asesor de menores de la causa Arcoiris y el caso de la niña Lila (Cosquillitas), cuestionado por no comparecer en las causas penales y actuar en favor de los presuntos abusadores en las causas civiles, se presentó para los 5 cargos de Juez de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores.
Por otro lado, en épocas que el caso Marita Verón vuelve a ser noticia, el abogado defensor de los condenados por dicha causa y esposo de la actual jueza Jesica Diaz Marano, Jorge Eduardo Cáceres, también se presentó tanto para juez como para fiscal. Otro vinculado a la causa Verón fue el ex juez Daniel Enrique Moreno quien se presentó para todos los cargos. En su momento, a Moreno se lo acusó de entorpecer la etapa de instrucción de la causa, la policia de Tucuman lo señaló como el responsable de arruinar los allanamientos y según Trimarco, “Andrea, una de las chicas rescatadas, no quería declarar cuando el ex juez Daniel Moreno estaba de turno en La Rioja, porque él había pagado para estar con ella”. Además Moreno fue destituido del cargo de Juez del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial por la causal de “mal desempeño de sus funciones”, tras un juicio político en 2006.
