La Cámara Federal porteña declaró este martes la "nulidad" de los procesamientos de los acusados en la causa llamada "mesa judicial bonaerense", que investiga una reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la cual se tramó un "plan" para encarcelar en 2017 al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina. La Cámara además ordenó profundizar la investigación para luego dictar un nuevo pronunciamiento.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, luego que en junio pasado se realizara una audiencia en la cual las querellas reclamaron confirmar el procesamiento del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y de otros seis exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Este martes, el Tribunal resolvió declarar la nulidad de todos los procesamientos, entre ellos el del intendente de La Plata Julio César Garro, por el delito de "ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial".
Los fundamentos de Llorens y Bertuzzi
Para fundamentar su decisión, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en su voto mayoritario, sostuvieron que se trató de una "endeble investigación" con "falencias" que deberá "enderezar" el juzgado a cargo de la investigación para luego dictar "un nuevo pronunciamiento donde se realice un análisis integral de la prueba existente con aquella que se indicó resta efectuarse", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los magistrados señalaron, en ese sentido, que hay "una serie de interrogantes a los que se debe responder y que básicamente consisten en determinar de qué modo pudo inferirse la existencia de una maniobra cuyos alcances no habrían sido comprendidos por una gran parte de los asistentes a esa congregación".
"Nos arroja, una vez más, ante una asignación arbitraria de responsabilidades y participaciones que carecen de fundamento lógico", interpretaron sobre ese encuentro del que también intervinieron empresarios.
Para los jueces, "se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no sólo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso".
El voto de Eduardo Farah
En minoría, el camarista Eduardo Farah votó por confirmar los procesamientos de Villegas, Diego Dalmau Pereyra, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Allan, Juan De Stéfano y Dario Biorci por los delitos de ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de denunciar en la forma debida.
Farah también votó en minoría por confirmar la falta de mérito para procesar o sobreseer a otros imputados, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.
Los procesamientos habían sido resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, pero la causa quedó luego radicada en los tribunales federales de Retiro, a cargo del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi.
La "Gestapo" antisindical
El 15 de junio de 2017, empresarios ligados a la construcción, integrantes del gabinete de María Eugenia Vidal –como Marcelo Villegas (Trabajo), Adrián Grassi (secretaría de Justicia) y Roberto Gigante (Infraestructura)–, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata Julio Garro y tres altos funcionarios de la AFI se encontraron en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires.
El temario estuvo centrado en qué hacer con Medina, dirigente platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), a quien el macrismo tildaba de "mafioso".
En el encuentro se decidió impulsar denuncias para convertirlas después en causas. Villegas fue la voz cantante de la asamblea y se mostró tan cómodo que hasta llegó a expresar su deseo de tener una "Gestapo" para poner fin a los sindicatos.
Todo quedó prolijamente grabado porque la AFI había instalado cámaras y micrófonos. Detrás de esos menesteres estuvieron los tres asistentes de la Agencia a la reunión, Darío Biorci (jefe de gabinete), Juan Sebastián de Stefano (Jurídicos) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
Medina terminó preso en septiembre de ese año e incluso fue espiado dentro de la cárcel. Tres años después, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue a los tribunales de La Plata para denunciar que había hallado la filmación de la reunión. Kreplak reconstruyó la mecánica y dictó los procesamientos contra los exfuncionarios.