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Representantes de ocho organizaciones de la sociedad civil visitaron Jujuy para conocer de primera mano la compleja realidad de derechos humanos existente en el marco de la reforma constitucional provincial, aprobada el 16 de junio de 2023, "en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública". Los testimonios recibidos dan cuenta de la existencia de un clima de grave polarización y de diversas formas de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos en la provincia. Entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó esta misión internacional de observación conformada por personas con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Según expresaron en el informe preliminar al que accedió Página12, "la reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente".
En los siguientes días la misión --integrada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pan para el Mundo (PPM), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y Movement Law Lab (MLL)-- se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz convocado por autoridades indígenas frente a los Tribunales de Justicia en Buenos Aires. En paralelo, se sistematizará la información recabada, con el fin de elaborar recomendaciones a todos los actores involucrados, en particular a las autoridades provinciales, nacionales e internacionales.
Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).
La misión internacional dialogó con personas de pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos. Tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy.
Represión y criminalización de la protesta
La misión accedió a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños. Así como del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos. También se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial.
El grupo de expertos internacionales pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del poder judicial que han causado un "efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho". Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero. Los testimonios recogidos dieron cuenta de la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual determinó que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud.
Reforma constitucional sin participación
La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.
De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.
Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho. En este contexto, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Cabe recordar la importancia del principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática.
Impacto ambiental y derechos de los pueblos preexistentes
En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias.
Las comunidades indígenas manifestaron su reiterada preocupación relativa a los impactos perjudiciales de la actividad minera, en particular, los proyectos de extracción de litio que se desarrollan en sus territorios. Se trata de proyectos que requieren la utilización intensiva de productos químicos y agua en cantidades significativas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos. Lo anterior, afecta profundamente las prácticas culturales y tradicionales de subsistencia, además del derecho al medio ambiente sano. Ello explica los numerosos conflictos y las tensiones territoriales existentes en los lugares de exploración y explotación minera en Jujuy.
La misión internacional expresó que "no enfrentó ningún impedimento ni obstaculización durante su estadía en Jujuy por lo cual agradece a todos los actores que brindaron diferentes puntos de vista sobre los hechos acaecidos en el contexto de la reforma". Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia. Sin embargo, consideró oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, "con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social". Esta aproximación, según precisaron, se realiza "respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna".
