La quinta jornada del juicio que realiza el Tribunal Oral Federal de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en territorio mapuche recuperado de Villa Mascardi, trajo algunas confesiones por parte de uno de los testigos. El Prefecto Mayor de Prefectura Naval Julio César Mostafá declaró que actuó en base a informaciones de medios de comunicación, entre los que señaló al diario Clarín. En aquel procedimiento represivo, realizado dos días después del desalojo de la comunidad por la denuncia de Parques Nacionales, Mostafá tuvo a su cargo el grupo de algo más de 40 miembros de la Agrupación Albatros que viajaron desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, hasta Bariloche, con la orden de apoyar a la Policía Federal en el desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi.

Cuando esa tarea ya estaba terminada, el 23 de noviembre de 2017, el grupo estaba dispuesto para regresar a Buenos Aires, pero una contraorden obligó a Mostafá a designar un equipo de 20 personas para que permanezca en el sur para "custodiar" el territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Mostafá designó al oficial Pablo Rubén Berra como jefe y a los demás integrantes del grupo.

Durante su declaración testimonial de ayer, que hizo vestido de uniforme y por Zoom, Mostafá fue consultado por el abogado que representa a la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, Sebastián Feudal, sobre con qué información previa contaban en relación al grupo que debían desalojar. El testigo aseguró que se trataba de "mapuches" según supo "a través de los medios de comunicación". Y mencionó el accionar en el sur del país de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la cual vinculó con una serie de hechos ocurridos en Chile.

--¿Conoce algunas características de las comunidades mapuches?, preguntó Feudal.

--Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación, respondió Mostafá.

--¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?, insistió el abogado.

--Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto, contestó el oficial de Prefectura.

--¿Qué sabe usted de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)?, quiso saber Feudal

--Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas.

--¿Por qué asoció esa palabra con el operativo?, presionó el querellante.

--Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo, fue la respuesta de Mostafá.

--¿Tomó esa determinación (realizar el operativo) en base a los medios?

--Si se quiere, sí, reconoció Mostafá.

A lo largo del interrogatorio de las querellas, que también integran los abogados que representan a la familia de Nahuel y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el abogado defensor de tres de los Albatros, Marcelo Rocchetti, quiso modificar el rumbo de las preguntas, pero no lo logró. Es que el presidente del tribunal autorizó las consultas interpretando que era necesario "contextualizar" el operativo que terminó con el asesinato del joven mapuche "Rafita" Nahuel.

La influencia mediática admitida por el segundo jefe a nivel nacional de los Albatros, quien decidió el equipo y armamento que permanecería en Villa Mascardi para el procedimiento represivo del 25 de noviembre, "es un prejuicio muy claro" por parte del uniformado, que demuestra "que se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial", dijo el abogado de la APDH a Télam. Mostafá "dice que la ocupación (del terreno) fue violenta, y eso es falso: al momento de la recuperación territorial no hubo violencia contra las personas ni contra el lugar, la orden de desalojo no hace mención a ningún tipo de violencia", agregó Feudal.

Testimonios contradictorios

El TOF de General Roca, presidido por el juez Alejandro Silva, realiza el juicio oral y público en la causa en la que están acusados cinco integrantes de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Uno de ellos, Sergio Cavia, está procesado por "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", mientras que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García son "partícipes necesarios".

Durante la audiencia de ayer declaró Leandro Ruata, el ex jefe de la delegación Bariloche de la Prefectura, quien se contradijo en relación a un punto clave de la investigación: señaló inicialmente que al llegar a Villa Mascardi, dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento, "escuchó disparos que provenían de la montaña". En ese momento, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, le leyó al testigo un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que aseguró no haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el lugar. "Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. Voces o gritos, no sé precisar de quién", admitió el testigo.

Otro de los testigos fue el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien en su condición de francotirador se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para recabar información. Duarte afirmó que no advirtió que los integrantes de la comunidad tuviesen una actitud agresiva, aunque admitió que no pudo observar cuánta gente integraba el grupo porque permaneció escondido. 

También declararon los suboficiales de la Prefectura Diego Sánchez e Ignacio Salinas, que coincidieron en que no escucharon detonaciones de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación. Dijeron que oyeron los pedidos de apoyo por parte de los integrantes de la patrulla que subieron a la montaña.