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María Bernadete Pacífico fue asesinada la semana pasada en el Estado de Bahía. Dos tiros en el rostro y a juzgar por su historia, un claro mensaje hacia su tarea militante. Este asesinato traza una conexión con lo sucedido en 2018 con Marielle Franco: feminista, lesbiana y militante por los derechos de las mujeres negras y faveleras de Brasil, acribillada a la luz del día en pleno centro carioca cuando era concejala por el PSOL.
En este trazo memotécnico, caben preguntas sobre la especificidad que tienen los asesinatos políticos contra mujeres que luchan en territorios como los Quilombos de María o las favelas de Marielle. También la insuficiencia y vagueza en las investigaciones de esos asesinatos. Un dato clave: el mes pasado hubo un avance crucial en el caso de Marielle Franco que al igual que la muerte de Maria pasó desapercibido en este territorio convulsionado por la coyuntura. Se trata de la confesión de Elcio Queiroz -conductor del auto desde donde Ronnie Lessa mató a Marielle y a su chofer en el centro de Río de Janeiro- que llevó a la conclusión de que el arma con la que la asesinaron pertenecía a un arsenal del Batallón de Operaciones Especiales, el grupo de elite de la Policía Militar de Río de Janeiro.
María Bernadete era afrodescendiente y líder del Quilombo Pitanga dos Palmares, ubicado muy cerca de la ciudad de Salvador de Bahía. La líder quilomba estaba en un programa de protección desde 2017, año en el que habían asesinado a su hijo Binho do Quilombo. Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bahía, Fernando Freitas, “se instalaron cámaras de seguridad en su casa y la policía militar realizaba rondas en Pitanga dos Palmares. Recibía visitas diarias, a veces más de una vez al día, y tenía los números de teléfono de los oficiales que trabajaban en la zona” informó al portal de noticias Agencia Brasil. Evidentemente no alcanzó.
La lucha de María Bernadete estaba anclada en la defensa del territorio de las comunidades de una amenaza que resulta familiar: el negocio inmobiliario y el interés terrateniente. Además fue coordinadora del Consejo Nacional de Quilombos (CONAQ), exministra de igualdad racial de la ciudad del noreste Simoes Filho y líder religiosa afrobrasileña. Fue una ferviente defensora de los derechos humanos.
Marielle investigaba a las milicias parapoliciales asentadas en las favelas y denunciaba los atropellos de la Policía Militar de Río respaldada por el Ejército. María Bernadete luchaba contra el racismo hacia comunidades afrobrasileras que se transformaron en centro de resistencia en un país que abolió la esclavitud recién en 1888.
Una tenía 39, la otra 72. Sus muertes gravitan en un espacio común, en donde el escarmiento es un mensaje contundente que se multiplica: “si luchan, ustedes también pueden terminar así”.
En el caso de María, dos hombres con cascos de moto irrumpieron en el centro de culto y la balearon. A Marielle la ejecutaron cuando estaba en el asiento trasero de su auto después de dar una charla para mujeres negras y faveladas. Las dos fueron muertes públicas, una a la luz del día, otra iluminada por un centro de ritos de noche. Una era funcionaria del gobierno, la otra pertenecía a un programa de protección de la gestión de Lula Da Silva. Las dos habían denunciado amenazas y las dos estaban decididas a no dejarse cooptar por el amedrentamiento que intentaban imponer en sus cuerpos negros, de mujeres, quilombas, faveleras.
Todas palabras que fastidian a los gobiernos de ultraderecha como fue el de Bolsonaro, o a las milicias organizadas en los territorios con la excusa de combatir el narcotráfico, o a la misma policía a la que denunciaba Marielle, o a quienes ven en las comunidades indígenas que defienden las tierras una amenaza contra sus negociados inmobiliarios.
Anielle Franco, hermana de Marielle y actual Ministra de Igualdad Racial publicó en redes sociales que “el racismo religioso es una faceta más de la conformación racista que estructura el país y que necesita ser combatido por medio de políticas públicas”, refiriéndose a que los asesinos invadieron el “terreiro”, espacio en donde se realizan rituales afrobrasileños de umbanda y candomblé.
Entre las últimas iniciativas que había tenido, estaba la de promover que las jornadas parlamentarias fueran a puertas abiertas para que estudiantes de secundaria pudieran interactuar con funcionarios y funcionarias, y animar a mujeres negras a participar de la vida política.
Violencia política en Brasil
La Red de Observatorios de Seguridad señaló en un informe que Bahía es el segundo estado brasileño con más casos de violencia contra miembros de comunidades indígenas. Entre 2017 y 2022 se registraron en ese Estado 428 víctimas de violencia.
El GIEL (Grupo de Investigación Electoral) pertenece a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realizan desde 2019 un registro de casos de violencia política. Desde enero hasta junio de este año al menos 26 líderes políticos y 14 familiares fueron asesinados en Brasil. El grupo considera como líderes políticos a los titulares y extitulares de cargos electivos, candidatos, ex candidatos, precandidatos y determinados funcionarios de la administración pública (ministros, secretarios de gobierno y asesores). El estudio del GIEL tiene en común con la Red de Observatorios de Seguridad que el Estado de Bahía es quien lidera la lista.
Los momentos de convulsión siguen dejando muertes en el camino, las tendencias y coyunturas de la región hacen que algunas sea más audibles que otras. No naturalizar esas muertes es parte de los problemas que atender, sobre todo porque urge que las luchas no sean sinonimo de derramamiento de sangre.
