El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles un decreto que oficializa un plan nacional de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la
dictadura de Augusto Pinochet, a pocos días de cumplirse 50 años desde su comienzo.
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, afirmó el mandatario durante una emotiva ceremonia en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda. "La democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra", indicó.
"Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada", subrayó Boric para dar cuenta que se trata de una iniciativa que debe mantenerse e implementarse permanentemente, gobierne quien gobierne. “El Estado falló en dar respuesta a las familias, y a la sociedad entera, en entregar las respuestas que el país necesita, los desaparecidos nos faltan a todos”, agregó delante de los políticos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la tiranía presentes.
El plan
El llamado "Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia" está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1100 detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, identificando el contexto de cada caso. En concreto, tiene tres objetivos: "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada", comunicó la presidencia en su página web.
La elaboración de la iniciativa comenzó en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y contó con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades". También aportaron diversas agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
Si bien el gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", aseguró que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, "establecieron que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990". Y agregó que se llegó a estimar sin certeza que la cantidad de víctimas de desaparición forzada fueron 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a personas detenidas y desaparecidas, y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos fueron 377.
"Reparar a las víctimas"
Otro de los funcionarios que tomó la palabra durante el acto fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que "el Estado con sus funcionarios cometieron esos crímenes y es el Estado, con sus recursos, el que tiene que realizar la búsqueda”. A su vez, dijo que entre los miembros y exintegrantes de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos". “Es una manera no sólo de reparar a las víctimas sino también de abordar la reparación de una cicatriz colectiva”, sintetizó Cordero, emocionado. Dos de sus tíos abuelos figuran entre las decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
"Nunca se dio una explicación o se tuvo un acto de deferencia desde el Estado chileno con las esposas, hijos e hijas, madres y padres, nietos y nietas de los desaparecidos, mientras sus familiares buscábamos desesperadamente", expresó en su discurso la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera. La dirigente destacó además la "voluntad política" del presidente chileno e insistió en el seguimiento que desde las agrupaciones de familiares harán a la ejecución del plan nacional.
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó que "nos sumamos a reconocer la falta de haber dejado el horror expresarse, con insuficiente intervención, por tanto tiempo". Y añadió: "A 50 años del golpe de Estado, aún hay miles de compatriotas que desconocen el destino de sus seres queridos y desde el retorno a la democracia no se desarrollaron políticas públicas sostenidas en el tiempo, orientadas a conocer la verdad sobre el destino de quienes fueron hechos desaparecer en dictadura".
La firma del decreto por parte de Boric coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU en 2010. Con este hito, el gobierno inauguró una serie de actividades de memoria oficiales en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet, que no solo tuvo el apoyo de la derecha, sino también el sector empresarial y el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la gestión socialista del entonces presidente Salvador Allende.
