Las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa el domingo son “un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para equilibrar las cuentas de la gente”, sostuvo el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Las medidas buscan recomponer los ingresos de las personas y tienen un costo estimado en 729.000 millones de pesos, declaró el funcionario. Esto equivale a entre 0,4 y 0,5 por ciento del PBI. El éxito de las mismas finalmente dependerá de que logren cumplirse los acuerdos de precios, y el funcionario se mostró optimista al respecto. Por otro lado desde el centro CIFRA destacaron: “el 33,7 por ciento del total de recursos orientados a los asalariados del sector privado son financiados con recursos públicos”.
Castagneto afirmó que los controles de precios serán "estrictos", básicamente a través de un sistema de trazabilidad que permitirá detectar eventuales distorsiones en la cadena de distribución de los productos que tendrán un aumento de hasta 5 por ciento mensual. Dicha cadena abarca a 53.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos. "Es importante la trazabilidad para controlar el acuerdo de precios. Cada producto tiene un código que nos permite leer diariamente el circuito desde su origen y realizar controles estrictos", señaló.
A la renovación de Precios Justos, el gobierno sumó el congelamiento del precio de los combustibles, los medicamentos, el transporte urbano y la medicina prepaga (para las familias con ingresos no superiores a los 2 millones de pesos) hasta el mes de noviembre.
El esfuerzo fiscal que hará el gobierno para recuperar el ingreso de los sectores más postergados confronta con el ajuste del gasto del 11 por ciento en términos reales entre agosto y diciembre de este año que reclamó el Fondo Monetario tras las revisi´pon de las metas de los últimos dos trimestres.
De acuerdo al último informe fiscal de la consultora LCG, el gasto primario cayó 5,8 por ciento en promedio términos reales en el primer semestre del año versus igual período de 2022. Con la salvedad de haberse revertido en julio la caída y anotar un incremento anual real del 2,6 por ciento.
Otro funcionario que salió a respaldar las medidas fue el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, quien afirmó el miércoles que "no está justificada" la posición expresada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en contra del pago de una suma fija de 60.000 pesos a trabajadores. "Nadie discutía cuando, en plena pandemia, el Estado les brindó asistencia extraordinaria y lo hacen cuando la intervención va en línea de recuperar salario", expresó en declaraciones radiales.
Entre las medidas, de Mendiguren resaltó la creación "de un registro único para Pymes al momento de presentar los papeles para obtener los beneficios anunciados por el Gobierno, lo que permitirá que quedan registradas y lo hagan por única vez".
Repaso de las medidas
El paquete consiste en un bono de 37.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre para aquellos jubilados que cobren el haber mínimo: el mismo reemplaza al previamente anunciado de 27.000, es decir, lo incrementa en 10.000 pesos por mes, aclara el centro CIFRA. Además, recibirán un bono de 30.000 pesos en septiembre y octubre las y los trabajadores estatales y privados con salarios netos de hasta 400.000 mensuales. Esta novedad que sin dudas representa el pago de un bono para trabajadores del sector privado se financiará en un 33,7 por ciento con recursos públicos, estimó CIFRA. El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de micro y pequeñas empresas.
También se contabiliza el refuerzo de 10.000 pesos en septiembre y octubre a 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar de Trabajo, y el refuerzo de 14.000 pesos a 2,4 millones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar más un incremento del 30 por ciento a partir de noviembre.
Las trabajadoras de casas particulares recibirán un bono de 12.500 pesos en septiembre y octubre. El Estado reembolsará el 50 por ciento del mismo a los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales, que se estima son el 80 por ciento del total, aclara CIFRA.
También hay rebajas de impuestos. Los monotributistas de categorías más bajas no pagarán el componente tributario por 6 meses y se devolverá el IVA por hasta 18.000 pesos (que se suman a los 4.000 vigentes) a jubilados que compren con tarjeta de débito.
Habrá créditos a tasa subsidiada para monotributistas, trabajadores registrados y para empresas destinados a la compra de fertilizantes en las zonas más afectadas por la sequía y para prefinanciación de exportaciones. Se llevarán a 0 por ciento las retenciones para economías regionales con valor agregado.
