Comunidades originarias del norte provincial iniciaron ayer un corte sobre la ruta provincial 34 a la altura de Cuña Muerta, cerca de la ciudad de Tartagal, en protesta por la falta de respuestas a reclamos expuestos en una reunión con funcionarios provinciales, realizada el día anterior en la localidad de Aguaray.

Uno de esos reclamos es por la falta de agua que vienen padeciendo las comunidades, con condiciones estructurales agravadas por la sequía. Frente a esta situación, en una asamblea que tenía lugar al atardecer de la jornada de protesta de la víspera, se planteó la posibilidad de realizar una Tercera Marcha Histórica de las comunidades hacia la ciudad de Salta, para exigir otra vez el cumplimiento de compromisos asumidos por la provincia en la Segunda Marcha que se realizó en octubre del año pasado.

Los problemas prioritarios que motivan esta protesta se asemejan a los planteados por las cacicas, o niyat,que se trasladaron desde el norte salteño y pasaron la noche del lunes a la intemperie frente a la Casa de Gobierno de Salta (ubicada en la zona oeste de la capital). Ellas levantaron la protesta ayer, tras ser recibidas por funcionarios de la provincia.

Sobre el corte de ruta en Cuña Muerta, el delegado de Asuntos Indígenas de la provincia, Marcelo Córdova, aseguró que existe una disputa de poder entre referentes de esta protesta y el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón (del Pueblo Wichí).

Camiones aguateros

Los manifestantes de la ruta 34 reclamaron por la falta de camiones aguateros que lleguen a parajes victoreños, y la falta de actualización de las partidas presupuestarias para la construcción de 50 casillas de madera en distintas comunidades.

El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, afirmó que hasta hace tres meses contaban con 8 camiones en todo el municipio de Santa Victoria Este para repartir agua a las comunidades. “Pero nos sacaron cuatro camiones”, afirmó al indicar que dos abastecían a la locallidad de Alto La Sierra y otros dos al ejido municipal de Santa Victoria Este. “No quisieron devolverlos”, sostuvo y dijo que por eso piden recuperarlos. La mayor preocupación es que la escasez del agua pueda complicarlos dado que a la falta del recurso por la sequía se sumarán a partir de ahora las altas temperaturas.

“Son 12 los camiones contratados para abastecer a esa zona”, contestó Córdova, quien insistió en que el problema es por la interna entre el intendente indígena Rogelio Nerón y el presidente de la UACOP, Abel Mendoza.

En cuanto a los camiones, Córdova dijo que se desafectó el alquiler de dos que no funcionaban pero se alquilaron otros dos, para reemplazarlos. 

Construcción de viviendas

Otro reclamo manifestado por Mendoza fue la falta de actualización de precios de los convenios por la construcción de una primera etapa de 50 casillas de madera destinadas a familias originarias del norte provincial. “El convenio se firmó el año pasado con precios que ya están desactualizados”, indicó el referente indígena.

Aunque Córdova reconoció la desactualización, indicó que este es un tema que debe tener resolución desde la cartera de Economía.

Por otro lado, Mendoza afirmó que el enojo de referentes de las comunidades se debe a que no reciben respuestas suficientes. “Nos dejaron colgados” en la reunión de Aguaray, sostuvo.

Entre otros reclamos, estas comunidades solicitan también la designación de un auxilizar de educación intercultural bilingüe (EIB), en la escuela del paraje Pozo La Yegua, de la localidad de Santa María. Según afirmaron, actualmente el cargo está en manos de un criollo que “no fue elegido por las comunidades”. El gobierno comprometió el nombramiento de un auxiliar indígena.

Otro reclamo es que se cumpla con la construcción de una nueva sala de primeros auxilios en Santa María, dado que el expediente para la concreción de este proyecto “ya tiene dos años”. Pero por ahora no saben si finalmente será concluido.

Mujeres levantaron la protesta

Referentas de las comunidades de la ruta nacional 86, en jurisdicción del municipio de Tartagal, que habían llegado ayer al Centro Cívico Grand Bourg, levantaron su protesta.

La decisión se tomó tras ser recibidas por funcionarios del gobierno provincial y la firma de un acta por la que el delegado de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova, y el coordinador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Crespo, comprometieron el reacomodo de los precios para hacer casillas para esas comunidades, así como la firma de un nuevo convenio con otra cooperativa que se haga cargo de la construcción, y la gestión de los fondos para la construcción hasta el 30 de septiembre.