La Sala I del Tribunal de Impugnación a cargo de Luciano Martini sobreseyó al ginecólogo Marcelo Cornejo, quien se desempeña en el Hospital Juan Domingo Perón, y estaba imputado por haber falsificado un documento de la historia clínica de una paciente. 

También fue sobreseído el técnico de este Hospital, Brian Chavarría. Ambos estaban imputados en una causa vinculadas a la que se abrió en contra de la médica Miranda Ruiz, que fue acusada penalmente y hasta detenida por horas por haber permitido a una mujer el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Para sostener esta acusación se usó el documento falso. 

Chavarría había explicado que fue Cornejo quien le dio el parámetro a establecer en un certificado. El parámetro indicaba que el feto de la mujer que accedió a la ILE habría nacido vivo tras la práctica abortiva, pero luego se determinó que no fue así. Frente a ello, Cornejo fue acusado de falsificación de documentación en el marco de la causa. Ayer se conoció el decreto de sobreseimiento de ambos involucrados.

En sus redes sociales, Ruiz reconoció en Chavarría su valentía por haberse mantenido firme respecto de la intervención que tuvo Cornejo en este caso, y le agradeció. Y es que con su declaración, dijo Ruiz, el técnico logró mostrar las contradicciones en las que cayó Cornejo. 

En cambio, la médica fue crítica respecto de la distinta vara que aplicó la administración de justicia salteña cuando se trató de ella, que terminó presa por algunas horas después de que la acusaran de haber realizado un aborto ilegal, aunque no era así. Sin embargo, su detención solo se revocó por la presión nacional. La detención y encausamiento de Ruiz fue decidida por el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, que ya carga con otros cuestionamientos por su falta de perspectiva de género. 

Trato diferencial

En un comunicado que tituló “Justicia patriarcal y racista”, Miranda Ruiz recordó que el documento que se logró “falsificar” por la intervención de Cornejo fue usado para que la tía de la joven que accedió a la ILE iniciara una causa penal en su contra y luego Mariscal Astigueta ordenara su detención, en septiembre de 2021, medida que había sido pedida por el fiscal penal Gonzalo Vega.

La médica resaltó que a pesar de que la prueba incorporada en ese expediente, que terminó con su sobreseimiento por inexistencia de delito, dictado también por el juez Martini, demostró que el documento era falso, Cornejo fue sobreseído ahora. 

Sobre la doble vara de la administración de justicia, recordó el caso del ginecólogo Patricio Parra Marín, también del Hospital de Tartagal, que “está imputado porque en enero de 2022 Aldana Quico, wichí de 17 años de La Puntana, falleció en el Hospital luego de permanecer internada más de 12 horas en su guardia infectada con un feto muerto adentro, sin que el doctor le haga la cesárea a pesar del reclamo de la paciente y los familiares y una clara indicación médica. Su causa no avanza, porque dice el fiscal Gonzalo Ariel Vega que los familiares no van a las audiencias”. La Puntana es “ruralidad pura sin señal y difícil acceso”, destacó sobre las dificultades para que la familia de la adolescente concurra a los tribunales. Y entendió que frente a una muerte de estas características el fiscal debería haber actuado de oficio.

Hubo un “trato diferencial conmigo", ratificó: “A mí, que soy médica de Tartagal, el fiscal Gonzalo Ariel Vega me metió presa por participar de un aborto legal a una paciente adulta”. La denuncia se realizó a los diez días de la práctica y no la hizo la gestante que había pedido acceder a la ILE sino “una tía no conviviente, que se constituyó como querellante, con información del documento falso". A pesar de eso y "Sin carga de prueba en mi contra y con una historia clínica perfectamente escrita y sellada por todo el equipo de trabajo”, fue detenida y estuvo encausada por un año. Ruiz realizó la ILE tras la intervención de un equipo interdisciplinario de trabajo y con la prescripción de un jefe médico, dado que ella era residente.

La médica afirmó asimismo que tanto Vega como el fiscal Rafael Medina y el juez Mariscal Astigueta, todos de la justicia tartagalense, “me persiguieron judicialmente con sus escritos y arbitrariedades”.

Añadió que “incluso el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, intervino interpretando que es importante saber si nació con vida un aborto legal de 22 semanas y entonces no autorizó a separar mi causa de la de Marcelo Cornejo”.

Recordó que la causa penal en su contra “avanzó vertiginosamente, hasta que felizmente fui sobreseída por el Tribunal de Impugnación de Salta en septiembre de 2022 representada por Oscar Guillén, abogado defensor de los Derechos Humanos”.

La Justicia y los amigos

“A una médica como yo, que no tengo vínculos con la casta judicial tartagalense (…), que no hago medicina privada, que denuncié a dicho ginecólogo por abuso a una menor (de edad) y mi rol principal es asistir a comunidades originarias, qué importa meterme presa y luego perseguirme judicialmente durante un año”, sostuvo Ruiz. En este punto, recordó que Cornejo sí tenía contactos con la justicia de Tartagal, dado que el fiscal Medina “reconoció tardíamente su vínculo de amistad con él y se abrió de la causa”, pero negándole a Ruiz su sobreseimiento.

“Pienso que, si no fuera médica, blanca y bonaerense, seguramente seguiría padeciendo la persecución judicial”, lamentó. Por último, deseó en su comunicado que la provincia “pueda conmensurar este problema que padecemos les ciudadanes tartagalanses. Y que hagan algo para mejorar este sistema judicial tan injusto”.