La fiscal federal subrogante Adriana Zapico pidió elevar a juicio la causa que afrontan el mandatario comunal, Jorge Cabak, y el ex jefe policial, Hugo Iglesias, abierta en 2011 tras el allanamiento al local de explotación sexual "La Chicho Show" de la localidad pampeana de Macachín, ubicada a 113 kilómetros al sureste de Santa Rosa.
La fiscal Zapico solicitó enjuiciar al intendente Cabak y al ex comisario Iglesias por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de trata de personas, con el fin de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios". Asimismo, consideró que los acusados dieron "protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo" que funcionaba en la localidad de Macachín. La fiscal advirtió que Cabak "rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar".
La funcionaria judicial sostuvo que la participación de Cabak está determinada en que "conociendo cabalmente lo que sucedía" en el local nocturno "no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños seguir con la actividad que allí se desarrollaba".
En ese sentido, afirmó que el jefe comunal "realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse". Respecto a la participación del ex comisario Iglesias, la fiscal Zapico enfatizó que el jefe policial "conocía la actividad de prostitución que se desarrollaba" en La Chicho Show, y consideró que esa situación "quedó demostrada a través del contenido de los diálogos telefónicos y también en dichos de Cabak".
El juez federal de Santa Rosa, Luis Salas, había procesado a Cabak y a Iglesias. La causa había comenzado, contó Página/12 en octubre del año pasado, con una denuncia realizada por una pareja que manifestó haber sido víctima de la trata de personas en el prostíbulo “La Chicho Show”. En agosto de 2011, Raúl Alberto Lobo, de 47 años, denunció que a su esposa –con quien había llegado de Tucumán para trabajar en ese cabaret– la obligaron a ejercer la prostitución. Lobo debía hacer trabajos de mantenimiento y ella tareas domésticas en el complejo que, afirmaban era propiedad de Daniel Luis De Luca. Cuando De Luca se radicó en Mar del Plata, se hizo cargo del lugar Edmundo “Dito” Blas (ex presidente del Club Macachín y edil del PJ). Lobo aseguró que a su mujer le obligaron a ejercer la prostitución desde 2010. El hombre y la mujer se fugaron a Tucumán, y pidieron que se iniciara una investigación. Después, el Concejo Deliberante de Macachín resolvió cerrar el prostíbulo. Tanto De Luca como Blas fueron procesados.
El jefe comunal de Macachín se convierte de este modo en el segundo intendente peronista en la provincia acusado de vinculaciones con la trata de personas con el fin de explotación sexual. En junio pasado, el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a la pena de cinco años de prisión y a pagar una multa de 50 mil pesos por proteger un local de explotación sexual en esa localidad pampeana.
