El cambio climático no afecta a todos de la misma manera. Aunque los eventos extremos como olas de calor, inundaciones o sequías se repiten cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo, las personas que viven en asentamientos los sufren con mayor intensidad y en condiciones de mayor exposición y vulnerabilidad. En Argentina, un país con casi 5.700 barrios populares, los efectos de la crisis climática exigen una especial atención para dar respuestas concretas frente a las inequidades.
El pasado julio fue el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros, según la Organización Meteorológica Mundial. Las sequías también son un 74% más frecuentes que hace 70 años, según un estudio publicado en la revista Science. Eso genera a su vez incendios forestales más reiterados y difíciles de extinguir.
¿Qué es la desigualdad climática?
El vínculo entre desigualdad socioeconómica y cambio climático acuñó en las últimas décadas un término específico: "desigualdad climática".
"Las inundaciones, el calor extremo, el frío, siempre pegan más cuando no hay una casa adecuada", explica a Página|12 Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, y vecina de La Cava, de San Isidro, donde, señala, el hacinamiento es una constante, como en la mayoría de los barrios populares del conurbano bonaerense.
"En Argentina tenemos un 30% de las viviendas con problemas críticos y déficit habitacional. Problemas en los techos, en los pisos, falta de acceso a un servicio básico como cloaca o agua. Eso implica que, si hay una ola de calor y en tu casa no tenés una buena ventilación o una conexión segura de luz, no vas a poder prender ni un ventilador", agrega María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de CIPPEC.
Según una investigación de la ONG Oxfam Intermón, el 1% más rico del planeta es responsable del doble de las emisiones de gases contaminantes que el 50% más pobre. Pero esta diferencia se traduce además en una profundización de las inequidades: para 2030 el cambio climático podría sumar alrededor de 100 millones de nuevos pobres en todo el mundo, según el informe del Banco Mundial “Shock Waves: Manejando los impactos del cambio climático en la pobreza”.
Incendios y calor extremo en el barrio El Cañaveral, de Rosario
La sequía y las olas de calor que azotaron durante el último verano a gran parte del país tuvieron un capítulo especial en Rosario, Santa Fe, por los incendios del Delta del Paraná. Para entrar y salir del barrio El Cañaveral los vecinos deben atravesar un campo de más de 350 metros, que con la densidad del humo sumado al de la quema de un basural que se encuentra a pocos pasos, se volvió intransitable.
“Nos complicó en la diaria. Para ir al colegio había que cruzar por otro lado, tomar un camino más largo. Se nos hacía bastante difícil, a veces los chicos no iban a la escuela y las mamás y los papás no iban a trabajar”, cuenta a este medio Stefanía Castro, vecina del lugar. “Como fue en febrero, varios chicos no fueron a las clases de apoyo o a rendir las materias que se llevaron”, lamenta. Además, hubo muchos casos de menores con bronquiolitis y laringitis.
Atravesar el campo fue un problema también en el verano por las olas de calor extremo. Para tomar un colectivo, los vecinos debían cruzarlo y muchas veces optaban por no salir. “La vivimos bastante feo, porque teníamos que salir del barrio a buscar agua”, señala Stefania, y recuerda que el barrio no tiene servicio público de agua y que la canilla pública más cercana está a 15 cuadras.
Aunque en muchos casos se vio la dura imagen de la mamá con el carrito y los chicos al costado, llevando baldes y cargando botellas debajo del sol, Castro cuenta que los vecinos se organizaronn para ir con una camioneta, cargar el agua y regresar para repartirla entre todos. “Así pasamos el verano”, concluye.
Inundaciones en el barrio 21-24, de Barracas
Seis de cada 10 barrios populares del país sufre inundaciones cada vez que llueve, según el último Relevamiento de Asentamientos Informales de la organización TECHO. Es el caso de la Villa Zavaleta 21-24, en el barrio porteño de Barracas, donde el último temporal volvió a provocar graves destrozos en las casas.
Natalia Molina forma parte de la mesa técnica del agua que se reúne semanalmente para discutir las obras que se necesitan en el barrio, y cuenta que cuando llueve “colapsan” los desagües fluviales y cloacales de los pasillos. El agua ingresa a las viviendas y arruina colchones, heladeras, muebles y ropa, que deben ser desechados.
Los vecinos adoptan estrategias como subir las cosas en altura cuando empieza a caer la lluvia, “pero la pérdida es irreparable”, afirma Natalia en diálogo con Página|12. “Aparte las voluntades se agotan. Las personas, cuando eran jóvenes, podían sacar el agua de la casa, pero algunas ya tienen más edad”, agrega. Además, salir del barrio se complica, por el barro de las calles sin asfaltar que se mezcla con el desborde cloacal.
En 2018 la vecina Gilda Cañete murió electrocutada mientras intentaba sacar el agua que le estaba por entrar a la casa. “Ahora cuando vos pensás en acudir al vecino primero tenés que priorizar tu vida”, dice Natalia, que apuntó contra la falta de mantenimiento de las redes de electricidad en el barrio.
Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, entre 2010 y 2020 la mortalidad humana en el mundo por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en regiones de alta vulnerabilidad que en regiones de baja vulnerabilidad.
Dragones, un pueblo inundado por el desmonte en Salta
En Dragones, pueblo al norte de Salta, las inundaciones son cada vez más intensas y reiteradas producto del desmonte legal e ilegal en la zona —que hace que suelo absorba menos el agua—, según dice Marcelo Fabian Ruiz, vecino y facilitador de la ONG Pata Pila, en contacto con las comunidades originarias de esa área.
En febrero de este año, un diluvio inundó Dragones y dejó 215 milímetros de precipitación acumulada. Los que más lo sufrieron fueron los habitantes que pertenecen a las comunidades wichí, que viven en casas de condiciones precarias, con paredes de barro o de nylon y con techo de chapa.
"Si estas personas no perdieron muchas cosas, es porque antes de la inundación tampoco las tenían", señala Ruiz. "Lo poco que poseían, lo perdieron todo y no se han vuelto a recuperar".
La gran mayoría, además, no tiene trabajo y vive de sus huertas, que quedaron arrasadas, o sus animales, que fueron arrastrados por el agua, por lo que salir de ese panorama desolador es aún más complejo. "Las familias siguen ahí, con la esperanza de que este año no caiga esta cantidad de nuevo", comenta Ruiz.
Cómo atender las inequidades climáticas
Uno de los puntos para dar respuesta es tener información certera, como por ejemplo con el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBaP), de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), donde están registrados y geolocalizados 5.687 asentamientos del país.
A partir de esa información, la cartera nacional desarrolla distintos proyectos de urbanización, como el caso de los barrios 20 de Julio y San Isidro en Humahuaca, Jujuy, por ejemplo, donde se implementaron planes de mitigación hídrica con la canalización de un arroyo, alcantarillas y puentes peatonales; o el de San Ignacio y La Morita, del partido bonaerense de Esteban Echverría, con instalaciones de conexiones domiciliarias de servicio de agua y electricidad, creación de sumideros, sembrado de césped y plantado de árboles y arbustos.
En la mayoría de los casos, la iniciativa debe ser de quien lleva el proyecto adelante, como la provincia o el municipio, indican en la SISU, desde donde se ponen las herramientas en manos de los gobernantes locales, y en ese proceso "muchas veces está el conflicto", asegura Miño.
Otro ejemplo es el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres elaborado por CIPPEC, donde se mapeó “manzana por manzana” el grado de vulnerabilidad ante la aparición de eventos climáticos extremos en el AMBA. “Los focos de calor se concentran más en los barrios populares, y no es casualidad: los materiales de esas viviendas generan más calor”, afirma Boix. Por eso, mejorar las condiciones habitacionales y de infraestructura verde se vuelve clave.
Este índice se presenta a los gobiernos locales y sirve para cruzar los mapas de vulnerabilidad social con distintas capas de riesgos climáticos, como por ejemplo, de inundaciones o de focos de calor superficial. Con ello, el Estado puede trabajar en consecuencia con protocolos o políticas públicas que incorporen esta información, explica la titular de CIPPEC.
En algunos casos, las personas se asientan en lugares que no estaban diseñados para que alguien viva, como un humedal. Muchas veces, por ello, se debe avanzar en la relocalización de las familias, como es el ejemplo de los vecinos de 165 viviendas de La Rubita, en Chaco. Sin embargo, Miño advierte que en esos casos el proyecto tiene que estar sustentado en no mandarlas a un terreno en peores condiciones.
Pero también debe haber una perspectiva integral e inclusiva. La funcionaria pone el ejemplo de distintas unidades que se generaron fuera de las ciudades en el interior del país, donde después las familias dejan su nueva casa y regresan, porque no tienen un transporte para ir a sus lugares de trabajo.
