El Malón de la Paz cumple un mes de permanencia en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó desde la provincia de Jujuy el 1 de agosto con cuatro reclamos: que la Corte Suprema anule la reforma de la Constitución jujeña, que la provincia sea intervenida, que cese el hostigamiento contra quienes defienden sus derechos y que se sancione una ley de propiedad comunal de las tierras indígenas. El balance de estos primeros 30 días en la capital del país es duro: ninguna de sus demandas han tenido respuesta, aunque los integrantes de las comunidades originarias no dejan de pelearla y, frente a la escasa escucha política e institucional, amplían los lazos internos, hacia grupos indígenas residentes en otras provincias, así como hacia organizaciones sociales.

“Se han conseguido cosas, no es que no hayamos logrado nada”, aclara desde la plaza Lavalle Erica Cañari. Pobladora de Salinas Grandes, Cañari es una de las comuneras que sostuvieron durante semanas el corte de ruta en Purmamarca y hoy es parte de la permanencia frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte, en pleno centro porteño.

Pone en la cuenta a favor el decreto del presidente Alberto Fernández que esta semana dispuso crear una comisión investigadora que reciba y analice las denuncias sobre violencia institucional en Jujuy. “Eso nos abre la expectativa de que podamos hacer cesar la persecución y el hostigamiento en la provincia; en ese sentido sumaría”, dice. Pero agrega que “todavía la reforma no cae: seguimos esperando que la Corte y el Congreso intervengan”.

La Comisión tendrá 60 días de plazo para elaborar un informe, que deberá presentar ante la Corte Suprema y el Congreso Nacional. El informe podría funcionar como una llave para avanzar hacia la intervención de la provincia.

Como se sabe, los jueces de la Corte Suprema se han negado hasta ahora a recibir a las comunidades, a las que sólo les permitieron dejar un petitorio por mesa de entradas.

En el Congreso tuvieron reuniones con los diputados Juan Marino (Unión por la Patria) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda). Si bien hubo proyectos de ley presentados sobre la propiedad comunitaria de las tierras indígenas y la intervención de Jujuy, son iniciativas sin avances.

Las condiciones en las que el Malón sostiene su permanencia en la Plaza Lavalle son absolutamente precarias. El gobierno porteño no les permite armar carpas para protegerse de la lluvia y el frío. Después de una pulseada, consiguieron que les permitiera instalar baños químicos, que deben costear con el apoyo de donaciones. Comen de las ollas que consiguen armar.

José Cuenca Cruz, de la Comunidad Qolla Vitiche, de Tartagal (Salta), cuenta que en este mes el Malón “decidió llamar a la unidad de los pueblos milenarios y en esa perspectiva nos sumamos a la plaza Lavalle. Es un hecho político que salió de esta presencia de los hermanos y hermanas de Jujuy”.

“El Malón es un nuevo sujeto político”, remarca Cuenca Cruz. “Le llegan mensajes de niños solicitando que no dejen de ser guardianes de la madre naturaleza. Llegan pedidos de Mendoza, Río Negro, La Pampa, Catamarca para que el Malón recorra en una próxima etapa llevando su experiencia y su mensaje”.

“El Malón está construyendo una agenda en común de los pueblos indígenas, con las comunidades preexistentes al Estado nacional, está reuniéndolos, y está teniendo también un diálogo con los movimientos sociales y sindicales. Hay un mensaje que se está construyendo, son procesos que nos dan esperanza porque la lucha no termina. Vamos a seguir hasta las últimas instancias para que la reforma caiga”.