El Senado de Salta aprobó ayer la modificación de los artículos 1° y 3° de la Ley 788, por la que se crearon dos juzgados multifueros en la zona oeste de la provincia. La modificación se hizo atendiendo a los accidentes geográficos, de manera de facilitar el acceso de las personas habitantes a los lugares donde se encuentran los juzgados. 

El senador Walter Wayar (FdT, Cachi) pretendía que la ley estableciera un plazo para la puesta en práctica de los juzgados, y alertó sobre la sanción de leyes que luego no se cumplen. "Estamos creando falsas expectativas en nuestros pueblos y nuestros pueblos, cansados de las falsas expectativas prometidas y no cumplidas, nos están respondiendo yéndose al anti sistema", advirtió. 

La modificación de la ley 788, crea por un lado un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, con asiento en el pueblo de Cachi y con competencia territorial en los departamentos Cachi, Molinos y en un sector del departamento La Poma. Por otro lado, crea un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral de Personas y Familia, de Violencia familiar y de Género con asiento en San Antonio de los Cobres, y con competencia territorial en el departamento Los Andes y en el otro sector del departamento de La Poma 

La ley 788 había sido aprobada el año pasado pero ahora volvió en revisión porque si bien en el Senado se había dejado expresado que el juzgado de San Antonio de los Cobres debía tener competencia sobre La Poma, en Diputados se excluyó a este último departamento. Pero hay una dificultad práctica que los senadores autores de la iniciativa de modificación, Leopoldo Salva (representante de Los Andes) y Dani Nolasco (de La Poma), y otros de la zona que acompañaron su propuesta, insisten en que debe tenerse en cuenta: el departamento La Poma está partido al medio por un cordón montañoso, el abra de Acay, con alturas superiores a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Esa condicionante geográfica provoca que las personas que habitan en zona norte de La Poma salgan a realizar trámites y proveerse de mercadería en San Antonio de los Cobres y la ciudad de Salta, porque el acceso a Cachi es mucho más dificultoso. 

La modificación propuesta por Salva y Nolasco prevé que una parte del territorio de La Poma, la norte, que es una zona de Puna, esté bajo la jurisdicción del juzgado de San Antonio de los Cobres y la otra, ya en los valles, esté bajo la jurisdicción territorial del juzgado de Cachi. 

Salva fue el encargado de pedir el acompamiento a la iniciativa. Empezó destacando la importancia de contar con juzgados en la Puna, y en los Valles Calchaquíes, pero añadió que se les presentó "el problema" de que a "los vecinos que son de La Poma norte, de la zona de la Puna”, les "quedaba muy a contramano" tener que realizar trámites judiciales en Cachi. 

Por eso decidieron dividir el departamento La Poma, tomando el límite natural del abra del Acay, una serranía que separa la Puna del valle. El proyecto de modificación establece que el juzgado con asiento en San Antonio de los Cobres tenga competencia en todo el departamento Los Andes y al norte del paralelo marcado por las serranías del Acay. “Para que los vecinos que son de La Poma norte, Cobres, Cerro Negro y distintos parajes más, puedan, cuando tengan un problema judicial, ser atendidos en San Antonio de los Cobres y no tengan que hacer un viaje que les va a hacer bastante difícil”, sostuvo Salva. 

"También queremos tener derecho"

En ese punto Salva introdujo el concepto de "justicia federal". "Para nosotros es muy importante que la justicia tenga asiento en San Antonio de los Cobres", porque de esa manera se facilita el acceso a este servicio, sostuvo. “Los que vivimos en la Puna, en La Poma norte también queremos tener derecho a la justicia”, insistió. 

“Nuestro pedido es tener esa mirada federal para que todos puedan acceder a la justicia”, sumó el senador Dani Nolasco, que intervino tras un cuarto intermedio solicitado por Wayar. 

La Poma es “un departamento muy grande" y la "geografía misma muchas veces nos impide que nuestros habitantes puedan tener los mismos derechos que todos los habitantes de nuestra Argentina", sostuvo Nolasco. Recordó que su departamento tiene una zona de valles y una de puna que están separadas por el abra del Acay, “el punto más bajo de esa zona estamos a casi 5 mil metros de altura y del Abra del Acay hasta Cerro Negro tenemos como 140 kilómetros, entonces un habitante de Cerro Negro y un poquito más allá, en el límite con Jujuy, la gente de Agua Blanca, Aguadita, si tiene que venir a Cachi" debe recorrer casi 250 o 300 kilómetros, explicó.

Nolasco puso énfasis en detallar las dificultades para acceder a la justicia y a otros servicios, como seguridad. Como ejemplo, contó que en el paraje Cerro Negro no hay destacamento policial, y "es una zona limítrofe” con la provincia de Jujuy. Sobre esto último, contó que ayer mismo pidió al gobierno provincial que en La Poma norte haga la demarcación del límite con Jujuy, porque “se corrieron los carteles limítrofes entonces prácticamente La Poma, y Salta, perdieron parte de los terrenos" y eso "nos afecta muchísimo" porque cuando debe actuar la administración de justicia, la Policía o Salud Pública, "no sabés si estás en territorio salteño o jujeño”.

Walter Wayar habló entonces para contar que había pedido el cuarto intermedio porque consideraba que debía ponerse un plazo de 18 meses en la ley, para la puesta en ejecución del juzgado de San Antonio de los Cobres, que no fue aprobado por la mayoría. Explicó que lo del plazo es porque ya le pasó que se creó otro juzgado y luego la Corte de Justicia de Salta no lo puso en práctica y tampoco lo hizo el Ejecutivo, en ambos casos escudándose en que la Legislatura no había previsto un presupuesto. 

“No me parece que cuando los legisladores sacamos una ley” y “no se cumple, sea bueno", recriminó. Advirtió que de esta manera se crean "falsas expectativas" en la población y el consiguiente descreimiento. "Nos tenemos que poner el sayo cada uno de los que tuvimos o pudimos tener responsabilidades de que por ahí planteamos cosas, legislamos, sacamos leyes sabiendo que luego no van a ser cumplidas, pero les hemos generado expectativas, le hemos generado ilusión a nuestra gente que luego viene con la bronca, con el descontento, con el no creer en el sistema”, ratificó, y aseguró que su intención es que “las leyes se cumplan, y que las cumplan todos los ciudadanos, incluidos los que son parte del poder del sistema democrático y constitucional". 

Finca Las Costas 

Por otro lado, la Cámara Alta le dio aprobación definitiva ayer al proyecto de ley para desafectar 3,5 hectáreas del área protegida de Finca Las Costas y destinarlas a la construcción de una obra complementaria de conexión de la autopista Circunvalación Oeste con la Avenida del Libertador. 

El senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, defendió la iniciativa del Ejecutivo provincial. Contó que por la mañana se reunieron con funcionarios de Vialidad Provincial que explicaron las razones para usar este terreno. Como los diputados que defendieron el proyecto, recordó que en ese predio ya está intervenido por la acción humana. "No es un terreno que revista interés desde el punto de vista ambiental” y de todas formas se prevé “la mitigación y la compensación en materia ambiental, es decir, plantar árboles y ese tipo de medidas de recomposición ambiental”, sostuvo antes de afirmar que la obra traerá beneficios a vecinos y vecinas de la zona. 

Wayar fue otra vez la voz disonante. Reconoció que la obra "es necesaria, es acertado hacerla", pero destacó que "ley (de desafectación) tendría que ser aprobada antes de que los trabajos se estuvieran realizando”. Tras la aprobación el vicegobernador Antonio Marocco, en su rol de presidente del Senado, le respondió: "este expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo Provincial el día 4 de abril del presente, estamos en el 31 de agosto tratándolo. Nosotros lo hemos recibido en el día de ayer, pero el expediente del Poder Ejecutivo llegó a la Legislatura el día 4 de abril”, aseguró. Es decir que la Cámara de Diputados demoró el tratamiento, aunque de todos modos el Ejecutivo comenzó la obra sin la que se hubiera aprobado la desafectación, quizás con la seguridad que le da la mayoría en ambas cámaras.