El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 435/2023, por el que creó una "Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional" en Jujuy, ante "los gravísimos hechos represivos ocurridos" en el marco de las protestas en contra de la reforma de la Constitución provincial que impulsó el gobernador Gerardo Morales.

El decreto 435/2023 establece que esta Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, que se desempeñarán ad honorem. Su función será recibir denuncias sobre la violencia policial en la represión a las protestas que vienen desarrollándose en la provincia desde hace más de dos meses, hechos que ya han sido señalados por organismos internacionales. 

En Jujuy la novedad de la creación de esta Comisión recibió opiniones divergentes, aunque con coincidencias en exigir medidas más drásticas de parte del gobierno nacional, como la intervención de la provincia. Por caso, para la abogada Mariana Vargas, integrante de la Multisectorial de Mujeres y la Multisectorial contra la Reforma, la creación de esta Comisión es una decisión que "no está a la altura de las circunstancias". "La solución del problema se encuentra en manos del gobierno federal: hace meses debería existir una intervención. Necesitamos que vuelva a la legalidad", subrayó. "Tenemos una Constitución provincial que nos quita los derechos que nos otorga la Constitución nacional. Somos la provincia separatista de Jujuy", opinó. "El gobierno nacional ya conoce las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la provincia. No queremos continuar dando vueltas en una calesita".

Fabiola Suárez, coordinadora de los organismos de derechos humanos de Jujuy contra la violencia institucional y miembra del consejo consultivo del Comité Local contra la Tortura, opinó que si bien la Comisión "es un gesto de buena voluntad hacia las comunidades que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires", no representa una solución al problema de fondo. Recordó que en su caso coordinó la recepción de denuncias y elevó informes a la Secretaría de DDHH de la Nación. También, que la última misión internacional conformada por ocho organizaciones no gubernamentales recolectó las mismas denuncias sobre violencia institucional en la provincia. "En unos meses tendremos nuevo gobernador (el electo Carlos Sadir, actual ministro de Economía jujeño) y la sensación de la gente es que no cambió nada", se desalentó.

Por su parte, Alberto Nallar, abogado jujeño, defensor de los derechos humanos y de comunidades indígenas, que fue detenido por el gobierno de Morales en julio último, adelantó que estas comunidades y organizaciones sociales tienen interés en generar una comisión social para desenmascarar los delitos cometidos por el actual gobernador jujeño. "Entendemos que la Comisión nacional no tiene conocimiento de las cuestiones de fondo", dijo. "Hay una cuestión social gravísima" que se mantiene sin cambios, "porque Morales quebró el sistema republicano", aseguró. 

Alicia Chalabe, abogada de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, celebró la decisión del gobierno nacional, sin embargo, mostró cautela sobre los futuros resultados, basándose en que el gobierno nacional no tomó ninguna decisión respecto a la intervención de la provincia norteña. Insistió que es el hecho clave que permitiría plantear la nulidad de la nueva Carta Magna jujeña.

Según prevé el decreto de su creación, tras recopilar las denuncias por hechos de violencia institucional, la Comisión deberá elaborar un informe que será elevado al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación acompañado por recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. Desde su conformación la Comisión tendrá un plazo de hasta 60 días corridos para elevar el informe.