La situación del fiscal Fernando Rodrigo se complica con el correr de los días. En las próximas horas, el fiscal general Jorge Baclini resolverá sobre el pedido de suspensión preventiva que hizo la auditora del Fiscales, María Cecilia Vranicich, mientras lo investiga. El funcionario judicial tuvo oportunidad de hacer su descargo, pero se excusó por "problemas de salud". En su contra, suma dos denuncias penales y una investigación administrativa que podría terminar en su remoción del cargo. En las últimas horas, su ex pareja presentó una denuncia con representación del abogado Carlos Edwards. La joven -que es pasante de la Fiscalía- advirtió que Rodrigo no solo intervino su teléfono de manera ilegal, sino que también escuchaba a dos de sus amigas, que son abogadas. "Creemos que también tenía intervenidos los teléfonos de su ex suegro y de su actual pareja", lanzó Edwards. Todos esos elementos se analizan en investigaciones penales y administrativas. Mientras tanto, el fiscal sigue cobrando su ostentoso sueldo.

Cuando se advierte que el caso podría ser el primero en llegar a juicio disciplinario, Rodrigo sigue sumando acusaciones. El abogado Edwards dijo ayer a este diario que en su presentación lo acusaron por los delitos de "escucha ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos", ya que incluía los números de las personas a quienes quería espiar, en legajos con personas investigadas por hechos delictivos.

"Escuchaba a la ex pareja y a otras dos colegas de ella que son amigas y abogadas. Violó el secreto profesional", dijo Edwards, ya que Rodrigo tenía acceso a información acerca de lo que las letradas hablaban con sus clientes. "Al no saber qué decía la primera denuncia -realizada por un compañero de la víctima- porque nunca tuvimos acceso, supimos que estaban siendo escuchadas las tres porque fueron citadas por la fiscal (Natalia) Benvenuto". En ese contexto, el abogado indicó que hay serias sospechas de que también hayan sido escuchados el padre de su ex pareja y hasta la actual pareja del fiscal, con quien mantenía -al momento de ser apartado, hace dos semanas- una relación de pocos meses.

Tras las denuncias, tanto el empleado que fue el primero en dar cuenta de la situación de las escuchas ilegales, como la ex pareja del fiscal tienen custodia policial ante eventuales represalias.

En Radio 2, Edwards cuestionó "la utilización de recursos oficiales, humanos y técnicos para satisfacer un interés meramente personal". Además de "la impunidad y osadía de hacerlo" porque implica un "engaño a los jueces" que autorizaron las escuchas, ya que no hay control de ello.

El abogado habló también de una situación "novelesca", pero se manifestó preocupado por la gravedad de la situación en cuanto a lo institucional, ya que esos mismos fiscales que ordenan intervenciones, tienen la facultad de ordenar detenciones y demás medidas.

El letrado también se refirió a la situación de que el fiscal investigado siga cobrando su sueldo a pesar de que se dicte una suspensión preventiva y recordó que así será hasta tanto se decida una sanción disciplinaria y hasta penal.