Hace un año se concretaba en el país uno de los hechos delictivos más significativos de las últimas décadas para la vida de los ciudadanos. Una organización criminal de dimensión que trasciende las fronteras y que atraviesa distintas instituciones públicas y privadas, cambió la realidad política nacional. Se buscó con éxito desplazar de la próxima contienda electoral a la candidata que representaba el mayor caudal de votos presidenciales a gran distancia de sus competidores. La rama judicial de la organización de corte mafioso a la que nos referimos, ya había llevado adelante operaciones de persecución, descalificación y estigmatización de Cristina Fernández de Kirchner y de distintos funcionarios de su gobierno y entorno político.

Así, la gestión encabezada por Mauricio Macri impulsaba el 13 de abril de 2016 la operación conocida como “ruta del dinero K” consistente en atribuirle a CFK imaginarias e infinitas sumas de dinero producto de igualmente inexistentes actos de corrupción. Simultáneamente, la versión local del Lawfare o guerra jurídica, excarcelaba de manera fraudulenta al detenido Leonardo Fariña quien se había comprometido, a cambio de su liberación y otras prebendas, a declarar en contra de la ex presidenta en calidad de “arrepentido”. Muchos años después, esa causa quedaría desestimada por inexistencia de elementos de prueba (lógica carencia ante imaginarias imputaciones). Sin embargo, eso ya no tendría trascendencia por cuanto el objetivo era mantener bajo proceso (estrategia reiterada en otras causas inventadas) a Cristina Fernández como parte del plan para evitar una nueva candidatura suya en las elecciones presidenciales de 2023. En la operación intervinieron cuatro ramas del Lawfare. Confluyeron el Poder ejecutivo a cargo de Mauricio Macri, a través de su ministro de justicia German Garavano, los medios hegemónicos de comunicación, los Servicios de Inteligencia a cargo de Gustavo Arribas y el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia a través de jueces y fiscales federales.

Es ilustrativo recordar algunos datos de una secuencia que refleja la operación burda pero efectiva con la que se apartó a la candidata con mayores chances electorales del país.

Así, el 22 de agosto de 2022 Cristina alertaba públicamente: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial”.

El 25 de agosto, el Presidente de la Nación dijo públicamente que había recibido amenazas de muerte. Sobre Cristina Fernández de Kirchner dijo: “En este canal (TN) pasaban la casa de ella en vivo mientras hablaba el fiscal Luciani. Revisen cómo funcionan los medios porque era casi una convocatoria…" (sic).

El 27 de agosto se produjo una represión policial en la puerta del domicilio de CFK a las personas que pacíficamente le daban su apoyo. La operación policial incluyó la agresión e insultos al hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner.

Ese mismo día, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló al respecto en Twitter: “Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia”. “Es imperioso que cese el hostigamiento a la vicepresidenta @CFKArgentina y garantizar el derecho a la libre expresión y manifestación de los ciudadanos y ciudadanas.”

Ese 27 de agosto a las 22,10 hs., Cristina en la puerta de su domicilio, aludiendo a JxC y al macrismo, sintetizó sus preocupaciones en una premonitoria frase: "Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta, a los que piensan diferentes" (sic).

El 30 de agosto, a metros del Congreso de la Nación, el diputado nacional Gerardo Milman, quien fuera Secretario de Seguridad Interior de Patricia Bullrich, anunció el atentado en una conversación en el bar Casablanca. Le señaló a sus dos colaboradoras refiriéndose a CFK: “cuando la maten yo voy a estar en la costa” (sic). Se comprobó después que los celulares de ambas asesoras y el de Gerardo Milman fueron “lavados” en las oficinas de Patricia Bullrich.

El 1 de septiembre, un sicario gatilló dos veces fallidamente sobre la cabeza de CFK en la puerta de su casa y ante miles de personas que manifestaban su apoyo. Intento de magnicidio cuyos ideólogos, financistas y encubridores, permanecen impunes.

El 12 de septiembre, el grupo Clarín publicó en tapa: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá".

Un mes después, el 13 de octubre, representantes de las cuatro ramas del Lawfare viajaron de manera clandestina en avión privado a Lago Escondido, provincia de Rio Negro, a tierras ocupadas por el magnate Joe Lewis. En el equipo se incluían importantes jueces y camaristas federales de Comodoro Py. La filtración de ese viaje ocasionó la formación de una causa judicial. Nunca se investigó seriamente el contenido del cónclave ya que la causa -originariamente tramitada en Bariloche-, unos meses después fue trasladada a…: Comodoro Py.

Finalmente, el 6 de diciembre, un tribunal oral federal condenó a CFK a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Se la responsabilizó por hechos inexistentes con absoluta carencia probatoria y el tribunal lo componían jueces y fiscales recusados sin éxito por vínculos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

De ese modo, en poco más de tres meses, se concretaron y confluyeron las operaciones elaboradas e iniciadas años antes para sabotear y desestabilizar al gobierno del Frente de Todos y bloquear la posibilidad de un nuevo mandato de la principal lideresa política de la región. En ese sentido, si bien la articulación de las tres ramas principales de Lawfare (Medios-Servicios de Inteligencia-Poder Judicial) fue necesaria para esos objetivos, quien en realidad definió fue el Poder Judicial. Fueron los jueces y fiscales corruptos los que garantizaron los espacios para las agresiones impunes. Gracias a ellos, desde su inicio en el gobierno de Macri como durante el actual, tanto las operaciones tribunalicias inventadas contra CFK (incluyendo su condena) como las de manipulación de sectores políticamente diletantes de la opinión pública, transcurrieron con una tranquilidad pasmosa. Quema de barbijos en la pandemia, bolsas mortuorias frente a la casa rosada, guillotinas, pistolas y proscripción absurda danzaron ante las narices de una dirigencia impotente y egoísta.

El fascismo siempre fue una amenaza latente en la vida de los pueblos. Su desarrollo y crecimiento, como cualquier fenómeno social trágico, depende de las condiciones de contexto que pueden o bien estimularlo y empoderarlo, o bien desarticularlo y neutralizarlo. Para combatirlo en serio, no hay camino del medio. Sólo hay verdad, justicia y memoria. Nuestro país lleva 40 años sinuosos en esa búsqueda. Enderezar la curva actual es el desafío que enfrentamos el cual no admite vacilaciones ni concesiones. Es fascismo o democracia. Lo demás es verso.