Una adolescente que cumplió 14 años internada, una niña que tiene una traqueostomía y está en condiciones de ser externada, un bebé que fue externado porque una médica del hospital aceptó cuidarlo como familia solidaria. En el hospital de Niños Víctor J. Vilela hay otras dos situaciones como las que narró el domingo pasado Rosario/12, de niñxs que son “depositados” en la Secretaría de Niñez de la provincia por falta de un centro residencial donde derivarlos. En el hospital de Niños Zona Norte había cuatro niñxs internados. Uno de ellos había mejorado en su salud, pero ahora empeoró, y debe estar aislado. Al menos dos días de esta semana estuvo sin acompañante personalizado. Un nene de nueve años solo en la cama, sin una persona que lo cuide. La respuesta que recibe el personal de salud que reclama es que no cuentan con acompañantes para enviar. Son niñxs y adolescentes sobre los que se ha tomado una medida de protección excepcional porque sus derechos fueron vulnerados, pero desde Niñez consideran que, por ser pacientes con temas de salud mental -¿y qué niñx vulnerado no los tendría?- no tienen lugares de alojamiento adecuados. 

La respuesta de Niñez se demora por falta de plazas de alojamiento en centros residenciales. En los centros residenciales donde esos chicos y chicas fueron alojados, muchas veces no quieren volver a recibirlos, por sus comportamientos. O ponen condiciones que no se garantizan, como la presencia permanente de acompañantes terapéuticos. Esos lugares de alojamiento funcionan -en su mayoría- por convenios con Niñez y no cuentan con equipo profesional o el acompañamiento que requiere la complejidad de estas situaciones. La respuesta de Niñez es que no tienen lugares en condiciones de alojar a estos niños. 

Esto ya fue denunciado en junio de este año, en un documento firmado por más de 600 trabajadores de salud pública y dirigido al gobernador Omar Perotti, a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, al Defensor del Pueblo provincial, a las presidentas de los colegios de Psicologxs, de Profesionales del Trabajo Social, del Colegio Médico y del Concejo Municipal, como así también al presidente del Colegio de Abogados. A través de 9 puntos, aquella comunicación detalla "numerosas irregularidades del Sistema de Protección Integral".

Si bien la Secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, aseguró a este diario en una comunicación telefónica del 18 de agosto que la mayoría de esas situaciones fueron resueltas, con posterioridad el juez Marcelo Scola dispuso la inmediata derivación a un centro asistencial de una nena de 11 años. Y en los dos hospitales de niños de la ciudad sigue habiendo personas internadas, con el alta médica, por falta de lugares adecuados para recibirlas.

Son situaciones complejas porque el sistema de protección integral dispuesto por la ley nacional 26.061 y la ley provincial 12.967 determina que las medidas excepcionales deben darse ante graves vulneraciones de derechos, cuando el centro de vida de la niña, el niño o adolescente no pueda cuidarlo adecuadamente. De hecho, una de las quejas que levantan desde los servicios locales de Niñez es que la provincia evita tomar las medidas de protección excepcional aun si las situaciones son muy graves. Por temor a represalias, siempre en off the record, trabajadorxs del área provincial de Niñez confirman que la orden es no tomar las medidas.

Y cuentan con una herramienta jurídica, largamente cuestionada por el Colegio de Psicólogos, entre otras instituciones, como es el decreto 2737/22 del Poder Ejecutivo provincial, en el que se determina que “en ningún caso procederá (tomar una Medida de Protección Excepcional) cuando la amenaza o la vulneración de derechos consista en padecimientos de salud, en cuyo caso el Equipo Técnico interviniente derivará la situación a los organismos competentes del Ministerio de Salud”. También excluyen las situaciones de pobreza o "diferencias culturales". 

Así lo expresó el Colegio de Psicólogos, en un documento publicado en junio pasado. "Resulta evidente que el sentido que tiene el decreto que estamos analizando, es que en los casos que prevé este párrafo -salud, pobreza o diferencias culturales- la Dirección de Niñez se desentienda de la intervención", indicaron. 

De este modo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes con padecimientos de salud Mental, en Niñez –aun si existen medidas excepcionales- argumentan que es responsabilidad de Salud. O que no tienen lugares adecuados para atender la salud mental, y extienden durante meses la internación. En el hospital de Niños Zona Norte, el miércoles, había cuatro niñxs internados y dos estaban sin acompañantes personalizados. Una trabajadora contó que el año pasado, otro nene, le reclamó: “Me dejaron solo”. Vulneración sobre vulneración, el Estado no destina los recursos estipulados por ley para garantizar el acceso a derechos.

En el cuestionado decreto, que modifica la reglamentación de la ley provincial de Niñez, se determina que son los equipos técnicos de los servicios locales quienes deben solicitar la medida de protección excepcional. “Se deberán detallar las Medidas de Protección adoptadas relatando los efectos que su aplicación produjo en el abordaje de la situación, con evaluación fundada de su insuficiencia para dar respuesta a la situación de amenaza o vulneración de derechos de la niña, niño o adolescente”, dice el decreto, y agrega que “en la solicitud se deberá fundamentar que la permanencia en su centro de vida atenta contra su bienestar y seguridad”.

Claro que un niño con padecimiento de salud mental no debería estar internado en un hospital monovalente, pero tampoco en un hospital general si no hay una indicación médica. En Niñez, el trabajo es artesanal, y los equipos interdisciplinarios deberían evaluar las situaciones individuales para decidir lo mejor para garantizar el acceso a derechos. Si a un niño, niña o adolescente no le pueden garantizar el cuidado en su centro de vida, es Niñez la que debe contar con centros residenciales acordes para su alojamiento.

“A través de las prácticas que se llevan adelante desde la provincia, se termina trabajando los padecimientos de salud mental, como consumos problemáticos, con la exportación de esos adolescentes a centros residenciales con lógica manicomial”, plantea Marcelo Martínez, abogado que trabaja en salud mental desde hace 30 años y hoy presta servicios, también, para el Colegio de Psicólogos.