Georgina Orellano nació en Morón y se crio en Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires, donde vivió durante 19 años. Es trabajadora sexual y militante feminista y, desde 2014, secretaria general de AMMAR, el sindicato que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales. En 2022 escribió el libro Puta Feminista, editado por Sudamericana, donde cuenta su historia. “Yo soy una puta visible”, -dice-. Y agrega: “Mi familia sabe cuál es mi trabajo y tengo una aceptación dentro de mi núcleo familiar. Puedo lidiar un poco mejor con el estigma puta pero esa no es la realidad de todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores sexuales, por eso en el sindicato generamos espacios de escucha y contención para poder sanar todo lo que trae aparejado el estigma del trabajo sexual. Esas necesidades concretas, esas violencias y esas desigualdades son motivo para seguir abrazado la lucha sindical, que refuerza la importancia de estar organizadas, de exigir derechos, de tener voz propia y ser un sujeto político”.
Sindicalizar el trabajo sexual para lograr derechos laborales se convirtió en su objetivo. “Nosotras creemos que la herramienta sindical es la herramienta imprescindible de toda lucha para la conquista de derechos laborales. Me parece que no podemos pensarlo de otra manera que no sea con la organización sindical, con la organización colectiva, con la conciencia social, con la pertenencia de clase, con la identificación de clase y en clave clase obrera y derechos laborales, demandas concretas y planes de acción y de lucha. Creo que esto lo hemos aprendido con nuestro paso por la Central de Trabajadores y Trabajadoras a la cual AMMAR pertenece”, afirma.
-¿Qué puntos fundamentales tiene hoy la agenda de AMMAR?
-Seguir denunciando la violencia institucional que sigue siendo una de las situaciones que traen la mayor parte de las compañeras y compañeros que se acercan al sindicato: violencia policial, procedimientos ilegales, el robo del dinero, detenciones arbitrarias y razias. Es una realidad constante y permanente a la que no logramos poner fin. Nos cuesta mucho poder lograr alguna intervención estatal que pueda darnos herramientas para que estas situaciones no sigan ocurriendo a diario. En 17 provincias siguen existiendo códigos contravensionales que están vigentes y que entregan poder de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad para que desplieguen todo su accionar. Hay una demanda y una deuda histórica en materia de derechos humanos.
Se cumplen 40 años de democracia y las trabajadoras sexuales seguimos atravesadas por artículos contravensionales diseñados en la dictadura militar. La crisis económica es algo que nos ha afectado como colectivo, tuvimos que incorporar en nuestro sindicato comedores comunitarios, ollas populares, entregas de alimentos. La crisis ha golpeado mucho a quienes ejercemos el trabajo sexual, un endeudamiento constante y permanente. Es decir, una violencia económica que atravesamos día a día. Para nosotras alquilar es imposible, no hay contrato de alquiler que nos mencione como trabajadoras sexuales. Somos un sujeto inexistente a nivel estatal y eso hace que las consecuencias de la clandestinidad de nuestro trabajo generen muchos abusos y el acceso a la vivienda es uno de esos. Los contratos son todos de palabra, y hay abuso por parte de los dueños y dueñas de los inmuebles donde vivimos. Y las inmobiliarias, que especulan todo el tiempo con la clandestinidad y la falta de derechos. Porque, ¿dónde va a ir a denunciar una trabajadora sexual si no hay un contrato claro? Hay muchas compañeras que están en situación de calle, justamente imposibilitadas de sostener alquileres de habitaciones de hotel, con baño y cocina compartidos que se cobran 6000 o 9000 pesos por día. Hay un fuerte problema de consumo problemático que con la crisis se agrava muchísimo. Ahí encontramos una gran ausencia por parte del Estado.
-¿Cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires?
-En 2018, la provincia de Buenos Aires derogó el artículo contravencional que criminalizaba a las trabajadoras y trabajadores sexuales que ejercían el trabajo sexual en el espacio público. A partir de ahí, algunos municipios comenzaron a adecuarse a la normativa provincial y otros comenzaron a modificar los códigos contravencionales y de faltas municipales. Hubo municipios que en esa reforma introdujeron nuevamente artículos contravencionales, no solamente que criminalizan el trabajo sexual sino que contemplan un modo de regulación de la prostitución callejera que establece zonas específicas para el desarrollo del trabajo sexual, conocidas como la creación de zona roja o el traslado de la zona roja. Esas normativas nacen a partir de miradas punitivas de los vecinos y vecinas con respecto a las trabajadoras sexuales y la actividad laboral que desarrollan en el espacio público. Son avanzadas punitivas que ponen la carga de la peligrosidad sobre las vidas y los cuerpos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, adjudicándoles que toda la problemática de inseguridad nace con la presencia de las compañeras. Hay municipios como Mar del Plata y La Plata que han presentado propuestas de traslado de la zona roja del centro a la periferia de la ciudad. Eso no solo no solucionó el tema de la inseguridad sino que las expuso a situaciones de robo y violencia.
Para nosotras es muy importante que el Estado Nacional genere una política clara, un marco legal que clarifique que el trabajo sexual no es un delito y que tanto las provincias como los municipios se adecúen a esa normativa. Y que sea acompañada por políticas públicas para el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, que contenga y acompañe las emergencias que atravesamos. Hoy por hoy la cuestión de la alimentación es un tema muy importante producto de la crisis económica, se han precarizado aún más nuestras vidas. Hay un montón de compañeras en la provincia de Buenos Aires que manifiestan que no pueden seguir pagando sus alquileres por ser trabajadoras sexuales, por ser trans o migrantes y se quedan nuevamente en la calle en situaciones de mucha vulneración. También necesitamos políticas de accesos a la salud, un acompañamiento del área de salud para las compañeras que viven con VIH o tuberculosis. En definitiva, mejores condiciones de vida para las personas que ejercemos el trabajo sexual.
-¿Qué políticas públicas son las más urgentes?
-Es urgente pensar una política pública para las compañeras que tienen más de 60 años y no se pueden jubilar y siguen trabajando en la calle, en las esquina, en los bancos de las plazas soportando frio o calor, las inclemencias climáticas, la violencia institucional y sin red de contención con una situación de mayor precariedad que el resto de las trabajadoras y les trabajadores. Dentro de nuestro colectivo que es tan diverso, son las que principalmente tienen que ser beneficiadas con un proyecto de ley que busca despenalizar el trabajo sexual y reconocer derechos laborales. Estamos en una instancia de diálogo permanente con algunas diputadas con las cuales venimos trabajando hace un par de años la posibilidad de llevar al Congreso Nacional un proyecto de reconozca el trabajo sexual como trabajo pero también, primero, por decisión colectiva de quienes integramos AMMAR, pasamos por el proceso de la información, el debate, la escucha y de conocer modelos que se implementaron en otros países, hablar y compartir experiencias con esos colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y entender que nosotras acá tenemos que hacer un camino propio que puede tardar más pero que sabemos que en algún momento se va a dar porque venimos trabajando hace tiempo. Somos muchas trabajadoras sexuales conociendo y siendo parte de esta construcción colectiva, de este proyecto de ley y sobre todo defendiéndolo, que es lo más importante para nosotras.
