En La Pampa, la fiscalía pidió la elevación a juicio oral de la causa que investiga al todavía intendente y al ex comisario de Macachín, un pueblo de cinco mil habitantes, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y trata de personas para explotación sexual. En el requerimiento, la fiscal federal subrogante Adriana Zapico consideró acreditado que el intendente Jorge Luis Cabak, sabía “cabalmente” que en la whiskería Chicho Show había mujeres en situación de vulnerabilidad explotadas sexualmente, y que sin embargo “no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo 2° de la Ordenanza 446/09, lo que le permitió a los dueños del mismo seguir con la actividad que allí se desarrollaba y rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”. El ex comisario Hugo Mario Iglesias, por su parte, también conocía “la actividad de prostitución que se desarrollaba en la Chicho Show”, aseguró la fiscal.
Cabak es el segundo intendente pampeano en llegar a juicio oral y público en una causa vinculada con la explotación sexual, luego de que, en junio de este año, su colega de Lonquimay, Luis Rogers, fuera condenado a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos por avalar y defender la promoción de la prostitución que realizaba una whiskería del pueblo (ver aparte).
En la presentación, la fiscal Zapico señaló que, con su accionar, “Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”. El ex comisario Iglesias estaba al tanto de lo que sucedía en el local Chicho Show, algo que quedó en evidencia con los peritajes practicados sobre diálogos telefónicos. Además, detalló, el intendente Cabak “se comunicaba asiduamente con el comisario Iglesias, ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad, y de los propios dichos de Iglesias, puesto que afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.
El intendente “Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”, señaló la fiscal.
Para Zapico, el acta del allanamiento realizado en el local –donde a fines de diciembre de 2015, cuando el lugar ya había sido clausurado, se realizaron excavaciones luego de algunos testimonios indicaran que allí podría haber sido enterrada la joven tucumana Marita Verón– acreditó de modo fehaciente el estado y el uso del lugar. “A la luz de las constancias asentadas en el acta de allanamiento, relativas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de ‘La Chicho Show’ - en particular, la existencia de habitaciones contiguas al local comercial que, evidentemente, eran utilizadas para la realización de los denominados en la jerga ‘pases’ - cabe preguntarse ¿por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban, cuando, por lo menos, ello representaba una infracción a la ley 12331? La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias”, advirtió la fiscal.
El intendente y el ex comisario fueron procesados en octubre de 2016, algo que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó recién en mayo de este año. En ese procesamiento, el juez federal de Santa Rosa, Luis Salas, había afirmado que “sin la participación de Cabak e Iglesias no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito, en tanto que desde la posición de poder que sus cargos le conferían, realizaron un aporte necesario para la consumación delictiva y mantenimiento del ilícito en el tiempo, en perjuicio de las mujeres sometidas a explotación sexual”.
La investigación judicial comenzó en febrero de 2011, luego de que una policía de la Brigada de Investigaciones UR-1 recibiera la denuncia de una mujer dominicana que contó que se prostituía en una whiskería de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y que esta disconforme “con su contexto laboral”. Ese prostíbulo, de acuerdo con la denuncia, estaba conectado con Chicho Show y otro local en territorio bonaerense. De acuerdo con los informes, las mujeres que eran explotadas sexualmente “rotaban entre los boliches”; muchas de ellas eran menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”. Muchas de las mujeres explotadas provenían de Paraguay y República Dominicana; en todos los casos, la estrategia de los tratantes era generarles deudas en cuanto comenzaban a ser explotadas en la whiskería (debían reponer el dinero de los pasajes, sus gastos, de alojamiento y diversos elementos de subsistencia) y obligarlas a vivir en el mismo lugar donde eran prostituidas.
