El miércoles dejé el escrito firmado sobre el escritorio de la abogada Elizabeth López Alcorta. Ella se veía venir un revés procesal en la causa que tiene a Milagro Sala no como acusada sino como querellante. Yo viajaba para Roma ese mismo día con destino al tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares lamentando no poder acompañar personalmente la presentación.
El escrito que tuve el honor de firmar es parte de un proceso kafkiano que se inició en febrero cuando un heterogéneo grupo de legisladores del Parlasur –con el patrocino de Pablo Llonto y Damián Loretti– denunciaron a los funcionarios judiciales que intervinieron en la arbitraria e ilegal detención de la dirigente social y diputada electa Milagro Sala que aún hoy permanece privada de su libertad y prácticamente incomunicada.
En estos días Eli, como Josef frente al Guardián de El Proceso, presentará el recurso extraordinario para que el fuero federal se digne a tratar un tema que viene pateando hace ocho meses con idas y vueltas del más farisaico ritualismo procesal. El ex ministro delarruista reproduce a nivel provincial su afición por resolver los conflictos sociales con represión, suprimiendo los procedimientos legales o, como me tocó aquel 20 de diciembre, poniendo a los manifestantes “a disposición del poder ejecutivo nacional”. Ese día, otros tuvieron peor suerte. En el Jujuy feudalizado de Morales no hay chances de obtener la más mínima legalidad.
Aunque estamos frente a una detención políticamente motivada, legalmente arbitraria y procesalmente inválida que genera responsabilidad internacional del Estado por violación de tratados suscriptos por nuestro país y que entorpece el funcionamiento del Parlasur, algunos jueces no terminan de ver la “cuestión federal”. ¿Abrirá “las puertas de la ley” el máximo tribunal?
La motivación política y la ilegalidad procesal la reconoció el propio Ernesto Sanz –jefe político de Morales y ministro sin cartera del gobierno nacional– cuando altanereando en el programa Confesiones de Radio Mitre afirmó que la detención no estuvo bien hecha “pero a los tres días se corrigió”. Cuando la periodista lo interpela al respecto, el temerario Sanz afirma: “Voy a defender a mi amigo el gobernador de Jujuy (...) Esto es una confesión de realpolitik. Si Morales no hacía lo que hizo el día 11 de diciembre, dejaba de ser en menos de 24 horas gobernador de Jujuy”. Luego se despacha con la teoría del Estado paralelo y el poder casi olímpico de la subversiva coya que, con el diario del lunes, queda claro que era una leyenda negra.
Eli es la más cabal demostración de que la demonología tupaquera es cuento chino. Coordina la defensa de Milagro Sala sin un mango, a bordo de un auto destartalado, con su hijo a cuestas y bancando todo tipo de agravios y amenazas. Pero es joven, brillante y tiene ovarios. Coordina el Movimiento de Profesionales por los Pueblos y milita en Patria Grande. Su única motivación para defender a Milagro es su compromiso con los derechos humanos, los movimientos populares y la lucha contra la violencia de género. Algo incomprensible para muchos que sólo entienden el lenguaje del poder y a todos miden con su vara.
El viernes recibí un mensaje suyo para que la llamara urgente. La escuché contenta por primera vez en mucho tiempo. Al parecer, mientras Eli recorría los laberintos de esta pesadilla kafkiana, cinco prestigiosos juristas de Benín, Australia, México, Corea y Ucrania estudiaban el caso detenidamente. Ese día el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió que la detención de Milagro Sala era ilegal, arbitraria y debía cesar de manera inmediata. Tras 22 carillas con los considerandos, solicita al Gobierno “liberar de inmediato a la señora Milagro Sala y conceder una reparación adecuada”. Claro como el agua. Veremos si para el Gobierno la idea de “volver al mundo” incluye el respeto del derecho internacional público o sólo sirve para endeudarnos y facilitar la entrega de nuestro patrimonio natural al capital extranjero.
* Consejero del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano.
