El gobierno brasileño avanzó ayer con su plan de privatizaciones: puso ayer a disposición del sector privado 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. Según argumenta, es para recaudar cerca de 14 mil millones de dólares y reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.
El nuevo plan del Ejecutivo del presidente Michel Temer incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada el martes, Eletrobras. Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, que es el segundo mayor del país en número de pasajeros, la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes de la moneda brasileña y los pasaportes, y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas, entre otras.
También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 por ciento de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro). La puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida ayer en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es el que decide cómo se realizan los procesos de privatización de estatales brasileñas y las concesiones a la iniciativa privada.
El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, Wellington Moreira Franco, subrayó que el objetivo con este nuevo paquete es generar empleo y también garantizar la calidad del servicio prestado. Los 44 mil millones de reales (unos 14 mil millones de dólares) que el gobierno espera recaudar a partir de este año con el nuevo plan también servirán para reducir el enorme déficit en las cuentas públicas de Brasil, que en palabras del propio presidente Michel Temer es “asustador”.
La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del mandatario, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño. Esta medida que viene complementada con una serie de reformas económicas de corte liberal que incluyen un severo ajuste fiscal y recortes en los gastos del presupuesto anual para, según el gobierno, superará la crisis que atraviesa el gigante suramericano.
La economía brasileña se retrajo un 3,8 por ciento en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 por ciento en el 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930. Sin embargo, la menor recaudación tributaria y la rebaja en las perspectivas de crecimiento por parte del mercado financiero, que proyecta una leve expansión del PIB de menos del 0,34 por ciento para el 2017, obligaron al gobierno a ajustarse más el cinturón y revisar la meta de déficit público anual. El gobierno brasileño aumentó la semana pasada su meta de déficit fiscal para el 2017 hasta los 159 mil millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 por ciento sobre su previsión inicial.
