Defensores y defensoras de las niñas, niños y adolescentes del país, encabezados por la defensora Marisa Graham, emitieron este martes un pronunciamiento conjunto hacia los candidatos presidenciales instándolos a "otorgarle absoluta prioridad a la protección de la niñez y adolescencia, consolidando los pisos de garantía de derechos ya alcanzados". En el pronunciamiento titulado "la deuda es con las infancias y adolescencias", los y las defensoras hicieron hincapié en el rechazo a cualquier política que implique "un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia".
El pronunciamiento encabezado por Graham también lleva la firma de Facundo Hernández, defensor adjunto; de Amelia López Forte, defensora de Córdoba; Juan Pablo Meaca, de La Pampa; Rossana Franco, de Misiones, y Leandro Javier Drube, de Santiago del Estero. El documento fue remitido a los actuales cinco candidatos a la presidencia de la nación, y allí los y las defensoras expresaron "nuestro rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país.
"Desde esta Red de Defensores sostuvimos públicamente que el gran desafío es bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6 y 12,2 por ciento respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros", afirmaron.
En este sentido, señalaron la necesidad de sostener y acelerar el acceso a mecanismos de seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la implementación del Decreto N°5/2023 que, explicó Graham, dispone “el efectivo acceso a los recursos de la seguridad social de toda niña, todo niño y adolescente respecto del o de la cual se hubiera adoptado una medida de protección excepcional y permanezca en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado”.
"Alcanzar la garantía universal de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes implica reconocer, mantener y profundizar decisiones que alcanzaron resultados positivos, así como identificar lo que aún falta por hacer y diseñar políticas en ese sentido", remarcaron en el pronunciamiento, en el que destacaron algunos puntos alcanzados en los últimos años, como la cobertura del 95 por ciento de la población infantil y adolescente con el derecho a la seguridad social o la profundización de políticas de seguridad alimentaria, como la Tarjeta Alimentar, que "posibilitó sostener los ingresos en las familias con niñas, niños y adolescentes".
Sobre esta última remarcaron, en tanto, "debe incluir a todas las familias con adolescentes hasta los 17 años y establecer un mecanismo automático de actualización que garantice la suficiencia de los ingresos". También destacaron como un "avance" que el gasto público dirigido a las infancias y adolescencias "sea mirado de forma transversal en el presupuesto nacional", aunque señalaron que debe aumentarse el presupuesto "destinado a políticas que impactan de forma directa e indirecta en la niñez y adolescencia".
Los y las defensoras también hicieron hincapié en otras problemáticas como el acceso al agua y a la salud. En el primer caso, advirtieron que "es un bien básico al que no acceden todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, especialmente los que viven en contextos de ruralidad y las comunidades indígenas". En cuanto al acceso a la salud, hicieron foco específico en la cuestión de la salud mental al indicar que luego de la pandemia "se visibilizaron los padecimientos subjetivos" y destacar las "intervenciones de los gobiernos nacionales y provinciales para incluir la perspectiva de niñez y adolescencia en la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental".
Remarcaron en este sentido que es necesario "profundizar las políticas públicas destinadas a trabajar la salud mental en las escuelas, en los espacios comunitarios y garantizar la oferta en el nivel primario de la salud". También subrayaron que se deben sostener los dispositivos de Educación Sexual Integral con "políticas preventivas y de detección temprana" de abuso sexual infantil.
"Los responsables de conducir los destinos del país tienen la obligación ética y jurídica de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual deben establecer una agenda de acción proactiva y evitar la regresión sobre los logros obtenidos", concluyeron los y las defensoras.
