Este mes comienzan a implementarse las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. La decisión persigue compensar el ingreso de millones de ciudadanos frente a las inmediatas remarcaciones en los precios, luego de la devaluación exigida por el FMI para desembolsar los 7.500 millones de dólares que el país necesitaba para recomponer sus reservas. En este marco, las grandes corporaciones empresarias salieron coordinadamente a enfrentar al gobierno argumentando que no tienen recursos. La Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos) marcó la cancha desde el primer momento, declarando que es “inviable”, o sea impracticable. Se trata de un acto político claramente beligerante. Luego siguieron la UIA y COPAL con su vocero – el lobbista Funes del círculo rojo. Estas organizaciones corporativas también dicen que no pueden pagar, y además exigen que el estado se retire del control de precios, ya que “atenta contra la libertad”. Esta confrontación política es inevitable. Justamente de eso se trata. Un gobierno popular toma decisiones a favor de las mayorías, afrontando el conflicto con las corporaciones económicas y mediáticas de la derecha, desechando la idea de que “no se puede”.

En ese contexto conflictivo con los poderes apoyando abiertamente Milei o a Bullrich, y dado el escenario de tercios que dejó las PASO, resulta imprescindible interpelar a un pueblo que se debate entre darle continuidad al rumbo iniciado en 2019, que enfrentó la ardua tarea de recomponer la destrucción de derechos sociales y económicos conculcados por el macrismo además de la pandemia; repetir el fracasado modelo de Mauricio Macri (JxC), o probar suerte con una opción de ultraderecha autoritaria que ofrece soluciones mágicas utilizando viejas recetas económicas que presenta como renovadoras, y que llevaron a nuestro país al estallido del 2001. 

El equipo económico de Milei es el de Menem y De la Rúa, ahora aggiornado con un discurso extremo montado en el descontento, que se potencia en la narrativa de la antipolítica sembrada por los medios y que logró con eficacia canalizar la frustración de una parte de la población que encuentra allí una voz y un tono acorde con sus sentimientos de rechazo, complementado con una promesa de futuro donde encuentra un lugar social hasta ahora negado. El discurso de la ultraderecha instala un supuesto imaginario venturoso al que llevarían la dolarización, la reducción violenta del Estado, la baja de impuestos en los núcleos más pudientes y la destrucción de las leyes laborales. Es, a las claras, una invitación “atractiva” a arriesgarse apostando a un cambio radical aunque sea riesgoso, confuso e incierto. Se trata entonces de desnudar las argumentaciones espectacularistas explicando sus consecuencias prácticas para la vida de cada ciudadano/na y para el conjunto del país-. El resultado de esa apuesta no mejoraría la vida, por el contrario, generaría trabajos mal pagos, la venta de YPF y Aerolíneas que no solo significaría la pérdida del patrimonio nacional, sino tarifas más caras en los combustibles y los vuelos para satisfacer la rentabilidad de las privadas.

La propuesta “libertaria” se viste de novedosa y pujante, pero no puede dar respuesta a preguntas específicas, ni cómo haría lo que se propone. Cuando debe explicarse elabora una narrativa confusa, que si se la sigue punto por punto, se resquebraja, que es compensada con palabras emocionales y un antagonismo con “los políticos”, “la casta”. ¿Qué valor tendría el salario mínimo, vital y móvil en un hipotético gobierno de Milei? ¿Y las tarifas de los servicios públicos, cuánto costarían sin los subsidios estatales? Seguramente, el colectivo saldría 700 pesos, el tren 1100 y el subte 300.Y la escuela, la universidad y la salud que las sustenta el estado desde hace más de un siglo, quedarían en una situación de peligroso deterioro y de imposibilidad de acceso para una gran mayoría de las familias. ¿Cómo sería un ajuste más fuerte que el que propone el FMI sin reducir las jubilaciones como hizo temerariamente Bullrich durante el gobierno de De la Rúa?

En los últimos tiempos se recuperó la actividad económica, finalizaron obras de gran trascendencia para el país y para bajar las tarifas públicas como el gasoducto que traerá enormes beneficios para las familias, las industrias y las reservas en los años venideros. El propio Ministro Massa señaló: “sabemos que muchos vecinos sienten la frustración de la crisis y el fracaso de algunas políticas, generando la sensación de sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás, nuestro camino es para adelante”.

Resulta necesario compartir con la ciudadanía que optó por estas opciones por enojo o frustración, si vale la pena arriesgar todo, para experimentar un dogma económico que propone vouchers escolares para la escuela pública que nunca se aplicaron en ningún país serio y que dejará a cientos de miles de niños de sectores humildes y de clase media sin escuela pública. ¿Valdrá la pena comprometer el salario por una quimérica promesa de dolarización que lo colocaría milagrosamente como si viviera en Nueva York? ¿Se justifica cerrar el Conicet y desfinanciar la ciencia y la tecnología? ¿Da lo mismo que la cultura, la actividad teatral, el cine, la música, la artesanía y la danza tengan apoyo y fomento del estado, o lo contrario, lo cual generaría la reducción drástica de estas actividades? ¿Dará lo mismo que la vice de Milei sea una defensora pública de los genocidas de la última dictadura cívico militar llevando hacia atrás a la sociedad democrática? 

Son interrogantes necesarios que deben formularse con honestidad a aquellos compatriotas que hoy se ven interpelados por la ultraderecha y que acompañaron los programas nacionales, democráticos y populares. Muchos no fueron a votar o lo hicieron en blanco. En esta encrucijada su participación es crucial para la defensa de un proyecto popular que tiene como norte equilibrar a la sociedad para mejorar en materia económica y social la vida de las familias, de la comunidad y de la convivencia comunitaria.

* Juan Carlos Junio es Secretario general del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.