La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó ayer al intendente de Animaná, también reelecto, José Rolando "Tata" Guaimás, como autor del delito de peculado, a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Sin embargo, el intendente seguirá en funciones hasta que esta sentencia quede firme.
Por su parte, la empleada municipal Romina Alejandra Guanca fue condenada por el mismo delito a dos años de prisión de ejecución condicional y también a la inhabilitación absoluta perpetua.
Vera ordenó que durante dos años y medio Guaimás deberá fijar domicilio y someterse al cuidado del patronato de presos. Además, deberá abstenerse del uso de estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas. No podrá acercarse a la persona, domicilio o sitios que frecuente el denunciante.
A Guanca le fueron impuestas las mismas reglas de conducta que tendrá que cumplir mientras dure la condena.
En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la condicionalidad de la pena impuesta y tendrían que cumplirla de forma efectiva en una institución penal.
Asimismo, la jueza ordenó remitir copias a la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos, cuya titular es Ana Salinas Odorisio, para que se investigue a un testigo y a un empleado de la municipalidad.
Guaimás y Guanca fueron condenados por realizar una obra en un domicilio particular de la ciudad de Salta con mano de obra y recursos del municipio de Animaná.
Guaimás es en la actualidad el intendente de Animaná y fue reelecto en las últimas elecciones. Consultado por Salta/12, el intendente remitió a hablar con su abogado, Ramiro Chávez, quien adelantó que casará la sentencia luego de conocer los fundamentos, que estarían disponibles la semana próxima. El letrado aclaró que el jefe comunal continuará en el cargo "mientras la sentencia no esté firme".
Chávez consideró que la condena es "absolutamente injusta" y sostuvo que la jueza "no tenía elementos de prueba para condenar". Asimismo, sostuvo que el denunciante fue un tercero que tenía problemas previos con la empleada acusada
Tras la condena, Salta/12 consultó a la presidenta del Concejo Deliberante de Animaná, Mariana Escalante, quien dijo que pedirá este miércoles una "reunión urgente" con sus colegas "para tomar medidas", "creo que es lo que corresponde", manifestó.
La causa se inició desde 2020 tras una denuncia de vecinos y vecinas del barrio García Basalo de la ciudad de Salta, quienes veían camiones de la Municipalidad de Animaná descargar materiales en la casa en construcción de la empleada municipal. Asimismo, denunciaron que un albañil de la municipalidad se encontraba a cargo de la obra.
En la investigación se estableció que el albañil de la obra era empleado de la municipalidad de Animaná desde 1992. Este hombre había relatado que en 2020 se encontraba en la ciudad de Salta porque su esposa estaba enferma, en ese contexto el intendente le habría impuesto que para permanecer en la Capital debía trabajar como albañil de 7 a 13 en la casa de la acusada.
