El subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Gustavo Lorenzo, cuestionó a la Secretaría de Niñez de la provincia por los casos de niños que siguen internados en hospitales públicos pese a tener el alta médica. En declaraciones a Radio Nacional Rosario, el funcionario reclamó una “respuesta más integral del Estado”, en estos casos. Lorenzo sostuvo que la situación “es irregular", y planteó que "debería tener una respuesta mucho más integral del Estado”. En ese sentido, agregó: "Se nos complica el acceso a datos por parte de la Secretaría de Niñez. No hay una política clara de producir información a través de los datos. Es difícil producir políticas públicas en estas condiciones”. Y aseguró que “muchas veces, cuando el Estado llega” a atender estos casos, la situación “ya es irreversible”.

Los casos que tienen que ver con siete niñas, niños y adolescentes que permanecen en internación sin necesidad, y por los que la Secretaría de Niñez dilata la derivación a un centro asistencial adecuado, tuvieron repercusión en los últimos días a partir de las publicaciones de Rosario/12. Se trata de tres casos de niñxs que permanecen en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, y cuatro, en el Zona Norte -pese a que tienen el alta médica- sobre los que se ha tomado una medida de protección excepcional porque sus derechos fueron vulnerados. Equipos de trabajo del área dan cuenta de que Niñez no tiene lugares adecuados para que sean alojados.

Al respecto, la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, justificó que "los procesos de externación no son de un día para el otro" y admitió que algunos casos "son complejos". "Ni faltan centros de alojamiento ni los que existen no están en condiciones", dijo al diario La Capital. Y agregó que en Santa Fe hay 800 niñas, niños y adolescentes que fueron separados de sus centros de vida ante la vulneración de sus derechos a través de medidas excepcionales y fueron alojados en centros asistenciales; y otros 300 están en casas de familias solidarias. "En ese contexto, tenemos estas siete situaciones que son de mucha complejidad y no es que no se está trabajando y buscando diferentes alternativas, lo que podemos decir es que ninguno lleva un año internado". 

Sin embargo, Lorenzo expresó que en los monitoreos de la Defensoría "aparecen situaciones de internación en hospitales y luego esta cuestión de situación crítica al momento del alta", en relación a casos en los que se da intervención a Niñez. El caso "es una situación por lo menos irregular que vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y jóvenes que deberían tener una respuesta mucho más integral del Estado", dijo en el programa La Siesta Jugada sobre los casos que continúan con internación pese al alta. 

Para Lorenzo, "la responsabilidad del sistema de protección es total haya o no medida de protección. Después, la cuestión de reparto de competencias de los organismos es lo que hace buscar grietas para evitar intervenir en determinadas situaciones. Puede haber casos con medidas excepcionales ya tomadas, entonces ya es directa la competencia con Niñez, y hay otras situaciones dentro del sistema judicial que se reciben por una situación de urgencia y luego, cuando los equipos dan cuenta de que no pueden volver a su centro de vida, hacen intervenir a Niñez, y ahí es donde no encuentran respuestas", por cuestiones como que "no hay lugares de alojamiento".

Respecto de los lugares donde son derivados niños, niñas y adolescentes con medidas de protección excepcional, los llamados centros residenciales, Lorenzo afirmó que "la situación es crítica"; y agregó que hay "un número limitado, son alrededor de 10 los oficiales", el resto "son convenios con asociaciones civiles privadas que hace convenio con Niñez y se paga una cápita por plaza. La gran mayoría del sistema está sostenido en lugares privados donde la modalidad de control no es adecuada, ya aparecen muchas veces vulneraciones de derechos. Son lugares con problemas edilicios, de precarización laboral y otros que fuimos detectando".  

Para Lorenzo, “el tema requiere mayor despliegue e inversión en políticas públicas, planificación, coordinación, con información de distintas agencias que no está sistematizada, está en una etapa preliminar cuando el sistema tiene más de 15 años de existencia”, sumó en Radio2.