Ayer la Justicia del departamento Andalgalá elevó a juicio la causa de dos hermanos acusados de los supuestos delitos de amenazas y de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra, hechos que, según el fiscal Martín Camps, habrían sucedido durante el acampe antiminero de los vecinos de la localidad de Choya el año pasado. Se desconoce qué sucedió con la denuncia por contaminación del río, que hicieron los habitantes del lugar, señalaron los asambleistas.
El conflicto inició los últimos días de marzo de 2022. En aquel momento y por el paso de maquinaria del proyecto minero Agua Rica-Mara, el Río de Choya se habría contaminado al punto que los habitantes del lugar comenzaron a tener síntomas de diarrea y otras consecuencias por la ingesta de agua.
Los alumnos de la zona que concurrían a la Escuela 217 Fragata Libertad, ubicada en el lugar también sufrieron las consecuencias y debieron cerrar el establecimiento en consecuencia.
Denunciaron a pro-mineros por amedrentar con hachas y palos
Ante este panorama, según relataron, desde el hospital se negaban a darles certificados donde se asentara "la verdadera causa de malestar físico", por lo que los vecinos de Choya se organizaron y comenzaron a golpear puertas, mientras denunciaron penalmente la contaminación del río.
Los vecinos entendieron en ese momento que “habían sido engañados por el gobierno porque nunca dijeron que iban a contaminar el río”. Es por esto que durante la madrugada del martes 5 de abril decidieron subir 4000 metros en el camino y realizar un acampe con el objetivo de impedir que las máquinas continúen pasando por la zona.
Además, pidieron “la presencia de autoridades provinciales para que den explicaciones de los derrames de sedimentos que recibe el Río Choya producto de los caminos que la empresa realiza para explotar la mina”.
Este acampe duró casi un año y en ese transcurso se suscitaron decenas de encuentros con los mineros, y represión. La policía llegó a poner un puesto de control frente a las carpas de los vecinos en medio de la ruta.
Judicialmente, estiman que se imputó a unos 50 vecinos que participaron del acampe. Es por esto que desde la asamblea antiminera permanente esperan que luego de esta elevación a juicio de los hermanos Sergio y Miguel Rojas, sigan llegando más elevaciones.
“El hecho de los hermanos Rojas fue un caso emblemático porque supuestamente eran cinco, luego desaparecen a tres y los imputan a ellos en base a un video en donde todos estaban encapuchados. Ese miso video pudo ser hasta producido por ellos mismos si queremos analizar”, contó a Catamarca12 uno de los abogados de la Asamblea.
En tanto, aseguraron que no tienen novedades sobre el evento de contaminación que los vecinos denunciaron: “nada se sabe”, dijeron.
