El Consejo de Ministros de Italia analiza este jueves un paquete de medidas que busca frenar la deserción escolar y la criminalidad juvenil. Uno de los decretos que están bajo estudio plantea penas de hasta dos años de cárcel para los padres que incumplan con la escolaridad obligatoria de sus hijos.

Los puntos centrales del proyecto

"Quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años", establece uno de los 14 artículos del denominado decreto-ley con "medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil", que el Gobierno trata este jueves.

El borrador del decreto, anticipado por los diarios La Stampa y Repubblica, agrega que "para los menores que hayan cumplido 14 años, se decreta la prohibición total o parcial del uso de teléfonos móviles o de plataformas y servicios en línea" si fueron investigados en episodios anteriores.

La iniciativa cita también entre sus objetivos la "necesidad de reforzar las medidas para proteger el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, en relación con el aumento de la deserción escolar, especialmente en zonas específicas del territorio nacional, y con el valor de fomentar la desviación que este fenómeno conlleva".

Además de incluir un sistema de amonestaciones para menores de 12 a 14 años, el texto prevé también que el núcleo familiar cuyos miembros menores de edad no acrediten la asistencia escolar obligatoria pierde el derecho al subsidio de inclusión que da el Gobierno de hasta 350 euros al mes.

Dos ataques sexuales conmovieron a Italia e impulsaron el debate

El decreto entra en escena como respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.

Asimismo, algunos miembros del oficialismo, como el vicepremier Matteo Salvini, reclaman debatir la baja de la imputabilidad a los 14 años para delitos como homicidio o violación.

El texto prevé diversas disposiciones y nace, como se indica en los fundamentos, de la "extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano", donde se cometió el ataque a las dos niñas.

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