Dos días después de que el Gobierno volviera a rechazar la vinculación entre la Gendarmería y la desaparición de Santiago Maldonado, la familia del joven de 28 años exigió el inicio de una “investigación imparcial, seria, eficaz y pronta” para establecer las razones y los responsables del caso, y reiteró su pedido de que la causa se trate bajo la figura de “desaparición forzada”, por tratarse de “un delito que comete solo el Estado” y que “es continuado”, es decir que no prescribe. "Exigimos a las autoridades judiciales y políticas que tomen todas las medidas a fin de garantizar la inmediata aparición con vida de Santiago", plantearon los familiares del joven.
La declaración de los familiares del joven visto por última vez el 1 de agosto cuando era detenido por gendarmes que reprimieron una protesta mapuche en el Lof en resistencia de Cushamen, Chubut, fue dada a conocer esta mañana, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, le negaran a los representantes de organismos de derechos humanos la participación de la fuerza de seguridad participación en el hecho. Bullrich se había expresado en el mismo sentido durante la audiencia de la semana pasada en el Congreso nacional y lo sigue haciendo en cuanta declaración pública hace sobre el caso.
El comunicado firmado también por la abogada Verónica Heredia, representante legal de los Maldonado, dejó claro que la desaparición forzada es un crimen que comenzó “con la privación de la libertad de Santiago” por Gendarmería y que, hasta que la víctima no aparezca, se trata de “un delito continuado”; tal como lo son los delitos de lesa humanidad.
“Por ser un delito de Estado, la carga de la prueba se invierte” y es el mismo Estado el que “debe corroborar” que esa hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis”, adujeron. Si esto no se hace, agregaron, el paso del tiempo de investigación podría “garantizar la impunidad” de quienes estuvieron involucrados.
Por este motivo, rechazaron la intención de que la investigación continúe bajo la figura de un delito que pueda prescribir y dejaron claro que “la causa penal no puede archivarse hasta que se encuentre a Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales y a los autores intelectuales, y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas”.
En la declaración pública difundida a través del portal www.santiagomaldonado.com, los familiares que encabezan la querella en la causa penal 8232/2017, que tramita el Juzgado Federal de Esquel, Chubut pidieron también que de la “investigación parcial” participen Mario Coriolano, un jurista con una larga experiencia en materia de derechos humanos, así como también la del abogado Alejandro Mejías Fonrouge, un especialista en derecho penal y procesal. Todo bajo el “control” y la “activa participación” de la familia.
“Tenemos el derecho a que no se presuma el fallecimiento de Santiago y exigimos que las autoridades respeten nuestro derecho”, subrayaron y pidieron que se garantice la “seguridad física y psicológica de los familiares, amigos y de todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos”.
Un párrafo aparte fue dedicado a la labor de los medios de comunicación que en los últimos días hicieron circular rumores y datos falsos sobre la identidad o posible paradero del joven desaparecido. “Les solicitamos que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho”, expresó la familia Maldonado y les recomendó que traten de evitar “todo tipo de hostigamiento” hacia, antes de informar sobre esos rumores “requieran la información a las autoridades del gobierno federal y provinciales”.
