Frente a la justificación de la última dictadura cívico militar que la candidata a vicepresidenta por la La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, envuelve en revindicaciones, homenajes y reclamos de “memoria, justicia y reparación” para las víctimas de acciones de la guerrilla durante los años 70, la Legislatura bonaerense recibió en las últimas horas un proyecto de ley que pretende hacer frente al negacionismo y el relativismo del terrorismo de Estado con capacitación obligatoria sobre la temática para todas las personas que ejerzan la función pública.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Frente de Todos Maite Alvado y establece “la capacitación obligatoria en temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial” en base a la “necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos en todos los niveles y poderes del Estado provincial y con el fin de promover el respeto a los derechos humanos, prevenir actos discriminatorios y fometar una sociedad inclusiva y tolerante”, postula la letra del proyecto.

“Cuando los derechos humanos son amenazados y lesionados, el resultado es nefasto para la ciudadanía. No sólo provoca muertes y dolor, sino también pobreza y exclusión”, explicó Alvado, que además de legisladora provincial es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, en relación al contexto en el que trabajó el proyecto de ley que ingresó ayer en al Cámara de Diputados bonaerense.

A diferencia de las iniciativas que han sido presentadas en los últimos años en la Cámara baja nacional, la propuesta que Alvado trabajó junto al Consejo Nacional Armenio apunta específicamente a la capacitación de funcionarios públicos. 

“Nuestra Constitución garantiza la democracia y el pluralismo, y los derechos humanos, pero también marca los límites del Estado sobre las libertades de las personas. Un Estado no puede perseguir, torturar y asesinar a su pueblo y es su deber cuidarlo y promover todas las acciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales, como la salud y la educación”, postuló la legisladora antes de señalar que su propuesta “propone marcar el camino para que todos aquellos que trabajan en el Estado sean respetuosos de estos principios y nunca más sea el propio Estado quien tenga actitudes hostiles y violentas contra ningún ciudadano o ciudadana”, además de “reafirmar el compromiso con la historia y la lucha de las organizaciones de derechos humanos”.

Según el proyecto, la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia que trabajaría en tandem con autoridades de las áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo y provincial, organismos autárquicos y entes de derecho público no estatales. La capacitación será obligatoria para todes les empleades permanentes o transitorios de aquellas áreas, tanto en nivel provincial como municipal. Y será condición sine qua non para acceder a concursos o promover ascensos.

Para llevar a cabo las formaciones, los organismos públicos podrán realizar “adaptaciones de materiales y/o programas, desarrollar uno propio o solicitarlos a los organismos de derechos humanos que aborden la temática específica”. Antes de ponerlos en práctica, esos materiales deberán ser certificados por la autoridad de aplicación de la norma. La iniciativa contempla sanciones ante el incumplimiento de la norma, en cuyo proyecto se indica que "la formación otorgará puntaje en los casos que fije la reglamentación y será requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública".

“El Estado argentino posee una amplia trayectoria en materia de derechos humanos, en el reconocimiento y reparación de crímenes de lesa humanidad y genocidios en sus tres poderes”, destacó Alvado en los fundamentos de su iniciativa. Asimismo, allí advirtió que la negación, trivialización, justificación o aprobación pública de los genocidios y otros crímenes de lesa humanidad o las manifestaciones verbales o escritas que promuevan la violencia, la discrimianción o el odio hacia individuos o grupos son condición necesaria para nuevos procesos de exclusión y violencia”.

En ese sentido, destacó que "para garantizar una gestión estatal basada en la justicia, el respeto de los derechos humanos y la prevención de futuros abusos, es fundamental una administración pública formada, consciente, activa y comprometida con la protección de los derechos fundamentales, la memoria histórica y la construcción de una sociedad más justa y equitativa".