La mayor parte de la sesión de ayer en el Senado de Salta estuvo dedicada al espacio de Manifestaciones. Por un lado, los legisladores se ocuparon de responder, sin distinción de bloques, a un grupo de docentes que objetan judicialmente las conversaciones que viene manteniendo una comisión bicameral con un sector de autoconvocados, y por el otro, se expresaron sobre el proceso de regularización dominial de las tierras rurales que está llevando a cabo el gobierno provincial. 

En el espacio dedicado al tratamiento de proyectos, se aprobó la creación de Consejo de la Discapacidad, la modificación de la ley que declara zona de alerta y vigilancia epidemiológica permenante a Salta por el dengue y la institución del primer viernes de agosto como el “Día Provincial de la Prevención de la Enfermedad de Chagas”. 

La lista de expresiones de enojo se inició con el senador por General Güemes, Carlos Rosso (Compromiso por Salta), quien informó que habían recibido la notificación del juez Martín Comdomi sobre la tramitación de un amparo con medida cautelar presentado por el abogado Sergio Heredia en representación de 66 docentes autoconvocados. 

La acción judicial, que solicita que se declare la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la comisión bicameral que estuvo reuniéndose con docentes, es contra el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta; los presidentes de ambas cámaras, Antonio Marocco y Esteban Amat Lacroix; Rosso, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación del Senado; su par de Diputados, Germán Rallé, y el docente Ramón Bazán, que actuó como delegado del departamento General Güemes.

Entre chicanas por errores formales, Rosso calificó de "vergonzoso" el amparo, recordó que a principios de año hubo un paro de la docencia y en ese marco recibieron “a los docentes autoconvocados”, no solo a Bazán. Y cuestionó al juez, a las y los docentes amparistas y al abogado. Interpretó que se pretende decirles a los legisladores que no intervengan en estos casos y que lesiona la democracia. 

Le siguió Esteban D’Andrea, del mismo bloque y representante de Chicoana. “Según este doctor parece que no pudiéramos hacer” otras actividades, más que legislar, afirmó antes de asegurar: “Nada nos va a impedir el diálogo y estar donde tenemos que estar”.

Miguel Calabró (Evita Conducción, La Caldera) empezó repudiando a la administración de justicia provincial. “Ni este abogado ni este juez nos van a venir a decir a nosotros qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer”, sostuvo. “Ningún docente que quiera solucionar el conflicto se va a oponer a que esta comisión haya hecho lo que hizo”, agregó. 

Walter Cruz (Compromiso por Salta, Iruya) subió un nivel: “Un juez que hace lugar a esto también amerita que este Senado evalúe algunas conductas”, advirtió. 

“¿Tenemos que explicarle a otro poder por qué hablamos con gente?”, cuestionó Walter Wayar (Frente de Todos, Cachi). 

Más presupuesto para la regularización 

Algunos senadores aprovecharon su intervención en contra del amparo para referirse también a una reunión que habían tenido el día anterior con funcionarias y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial que lleva adelante el proceso de regularización dominial de las tierras que ocupan pequeños productores de la provincia. 

En esas circunstancias el senador Miguel Calabró adelantó que asumieron el compromiso de votar más recursos la UEP: “Hay que aumentar el presupuesto”. “El avance que han hecho en un año es muy positivo, muy grande, pero necesitan más recursos”, insistió. 

Walter Cruz, que integra el Pueblo Kolla, recordó que la ley 7658, que protege a las familias campesinas, criollas o indígenas, de eventuales desalojos, fue sancionada en 2010 pero "recién por decisión del gobernador Gustavo Sáenz se la reglamentó". 

“Solamente queremos vivir bien, nada más", afirmó tras repasar algunos logros de la UEP. “De repente aparece un titular registral que no vive ahí, que no hace un acto posesorio, que no tiene nada pero es el titular registrar y cree que con eso tiene el derecho de disponer de las comunidades, los campesinos, de los pequeños productores”, cuestionó. 

"También vengo con mucha preocupación de ver que a nivel nacional algunos sectores políticos prevén la eliminación o derogación de la ley 26160 en una clara muestra de desconocimiento total de las comunidades indígenas, en una clara demostración de un negacionismo total de esa parte de la historia donde nos quitaron, nos usurparon nuestras tierras”. El legislador criticó a La Libertad Avanza, dijo que en el país hay una "casta económica" que se benefició con ese despojo y hoy es "la que realmente marca la cancha aquí en Argentina". "La casta económica es la que en base a la usurpación de nuestras tierras hace muchos siglos es la que hoy día muestra poder económico y cree que se lleva la Argentina por delante”, aseguró.